Quién es Laura De Marinis, la jueza que declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad
La magistrada está al frente del Juzgado Penal Juvenil N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Ingresó al Poder Judicial porteño en 2006, se especializó en problemáticas de infancia y adolescencia y asumió como jueza en diciembre de 2023.

La magistrada está al frente del Juzgado Penal Juvenil N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Ingresó al Poder Judicial porteño en 2006, se especializó en problemáticas de infancia y adolescencia y asumió como jueza en diciembre de 2023.
Laura Beatriz De Marinis quedó en el centro de la escena política y judicial después de declarar inconstitucional, para un caso particular, el artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseer a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La resolución provocó fuertes cuestionamientos de funcionarios porteños y pedidos de juicio político contra la magistrada.
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De Marinis es la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Su vínculo con la Justicia comenzó mucho antes de llegar a la magistratura: ingresó al Poder Judicial porteño en 2006, cuando todavía no había terminado sus estudios universitarios, y ocupó distintos cargos tanto en el Ministerio Público Fiscal como en el Ministerio Público de la Defensa.
La abogada se recibió en la Universidad de Buenos Aires en 2011 y posteriormente profundizó su formación en materia de infancia y adolescencia. Según los antecedentes presentados ante el Consejo de la Magistratura, en 2022 obtuvo la especialización en Problemáticas Sociales Infanto Juveniles de la UBA. También figura como coautora de un capítulo de un libro sobre la Convención sobre los Derechos del Niño y de artículos de doctrina.
Antes de convertirse en jueza, De Marinis se desempeñó como prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil, dependiente de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Ocupaba ese cargo desde 2017.
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En marzo de 2023 se presentó al concurso para acceder a un juzgado de primera instancia. En la documentación oficial del proceso de selección figura con 19,30 puntos, de los cuales 16 correspondían a sus antecedentes profesionales. Finalmente, el 19 de diciembre de 2023 prestó juramento como jueza de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas ante el Tribunal Superior de Justicia porteño.
Uno de los primeros expedientes de alto impacto público en los que intervino fue el caso de Carlos Manuel Andrés, el joven que había atacado a golpes a un playero de 66 años en un garaje del barrio de Monserrat. De Marinis intervino en diciembre de 2023 y dejó sin efecto la prisión domiciliaria que cumplía el condenado, además de disponer la prohibición de salida del país, según los antecedentes publicados sobre el caso.
La magistrada también expresó públicamente algunas consideraciones sobre el funcionamiento de la Justicia Penal Juvenil. En una entrevista realizada este año, habló sobre el rol de los jueces y sostuvo que deben trabajar con las normas vigentes, incluso cuando las decisiones puedan generar controversias.
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En ese contexto, citó una canción de Lali para explicar su mirada sobre el sistema penal: "A veces el malo no siempre paga, y a veces no es justo nada". Luego señaló que los jueces trabajan con lo que establece la ley y cuestionó la idea de analizar los conflictos únicamente desde una división entre "buenos y malos".
Su especialización en materia de infancia también apareció durante el concurso para acceder a la magistratura. En una presentación ante el Consejo de la Magistratura, De Marinis destacó su conocimiento del cuerpo normativo relacionado con la infancia, además de la importancia de mecanismos como la justicia restaurativa y la remisión dentro de los procesos penales juveniles.
Ese recorrido profesional aparece ahora directamente vinculado con el fallo que generó la controversia. El expediente se inició por un hecho ocurrido el 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años denunció que cinco jóvenes habían intentado robarle. Entre los detenidos estaba el adolescente de 14 años que luego fue sobreseído.
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A partir de un planteo del Ministerio Público de la Defensa, De Marinis analizó la constitucionalidad del nuevo régimen y sostuvo que la reducción de la edad de punibilidad resulta regresiva respecto del estándar anterior, además de considerar que vulnera derechos reconocidos por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
En su resolución, la jueza hizo referencia a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que había recomendado a la Argentina mantener en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal. También incorporó argumentos vinculados con el desarrollo adolescente y el principio de progresividad de los derechos.
La decisión no suspendió la vigencia de la Ley Penal Juvenil en toda la Ciudad de Buenos Aires, sino que fue aplicada al caso concreto. La Fiscalía apeló la resolución y el expediente deberá ser revisado por una instancia superior.
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El fallo generó una fuerte reacción política. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que impulsará un pedido de juicio político contra De Marinis, mientras que el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, anticipó que presentará a título personal un pedido de jury ante el Consejo de la Magistratura.
De esta manera, la trayectoria de una magistrada con dos décadas de experiencia en el sistema judicial porteño y una especialización específica en justicia penal juvenil quedó en el centro de una discusión que ahora tendrá también una instancia de revisión judicial y, según los anuncios realizados, un eventual proceso ante los organismos encargados de evaluar la conducta de los magistrados.
Fuente: Diario Panorama
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