Quién puede acudir a la nueva oficina del Gobierno que asiste a morosos y qué deudas se pueden negociar

Defensa del Consumidor explicó los requisitos para iniciar la conciliación, cómo será el trámite y qué ocurre con los intereses durante el proceso.

La oficina podrá mediar entre consumidores y acreedores para acordar refinanciaciones, quitas o plazos de pago antes de una eventual judicialización.

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La nueva Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo comenzará a funcionar como una instancia para aquellas personas que tengan dificultades serias para afrontar sus compromisos financieros y busquen alcanzar un acuerdo con sus acreedores antes de que la situación avance a una instancia judicial.

La directora de Defensa del Consumidor, Mónica Nofal Lucero, explicó aLos Andes que podrán acudir consumidores domiciliados en Mendoza que se encuentren en una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar.

Como parámetro general, la resolución establece que esa situación se configura cuando las obligaciones financieras superan el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo familiar.

Ese porcentaje baja al 25% en los casos de especial vulnerabilidad social, entre ellos hogares con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados o pensionados con haber mínimo, desempleados, beneficiarios de programas sociales o trabajadores informales.

"El consumidor debe presentar todas las documentaciones en la oficina y debe acompañar todos los comprobantes de ese endeudamiento. Ese comprobante nos va a permitir analizar y debe hacer la denuncia con todos los acreedores que tenga", señaló Lucero.

La funcionaria remarcó que el procedimiento apunta a realizar una conciliación global y no a resolver de manera aislada una sola deuda. "El consumidor debe ser sincero para hacer una conciliación global con todos los proveedores", indicó.

Defensa del Consumidor detectó en las primeras experiencias que algunas denuncias ingresan sin toda la información necesaria. Por ese motivo, el organismo prepara un formulario específico que será incorporado a su página web.

"Nos damos cuenta que las denuncias están incompletas cuando ingresan", explicó Lucero. Para comenzar el procedimiento, el consumidor deberá acreditar la relación de consumo que originó la deuda, presentar el detalle de los acreedores y los montos adeudados y acompañar información actualizada sobre su situación patrimonial.

La oficina podrá intervenir en deudas vinculadas con tarjetas de crédito, préstamos personales, financiamiento comercial, mutuales, cooperativas y plataformas financieras digitales, además de otras modalidades de crédito destinadas al consumo.

En cambio, quedan excluidas las deudas hipotecarias, las obligaciones alimentarias, las multas y sanciones penales y aquellas que se hayan originado en actividades empresariales o comerciales ajenas al consumo familiar.

La directora de Defensa del Consumidor, Mónica Nofal Lucero.

Una vez que se complete la documentación, Defensa del Consumidor convocará a los acreedores para iniciar la conciliación. La participación será voluntaria, ya que se trata de obligaciones que fueron previamente asumidas entre privados.

Lucero explicó que la intervención del organismo no implica desconocer la existencia de la deuda, sino generar un ámbito administrativo en el que puedan revisarse las condiciones para cumplirla.

"Nosotros reconocemos la deuda que tiene el consumidor porque hay un acuerdo entre privados. En este caso, el consumidor firmó los créditos personales, firmó para una tarjeta de crédito y aceptó las condiciones", sostuvo.

La funcionaria aseguró que ya mantuvieron conversaciones con entidades bancarias y algunas billeteras virtuales antes de la puesta en marcha del esquema.

"Nosotros lo hemos charlado ya con las entidades bancarias, hemos charlado con algunas billeteras virtuales y están de acuerdo con el proceso, nos acompañan", afirmó.

Las conciliaciones estarán a cargo de personal de Defensa del Consumidor. A su vez, el organismo trabaja en convenios con facultades para incorporar mediadores que puedan participar de estos procedimientos.

Durante la conciliación podrán plantearse distintas alternativas para ordenar las obligaciones, entre ellas nuevos planes de pago, quitas, períodos de espera o modificaciones en las condiciones de refinanciación.

También pueden contemplarse la eliminación de intereses punitorios o gastos por mora y la definición de plazos de pago compatibles con la capacidad económica de cada hogar.

Lucero señaló que, una vez iniciado el procedimiento, la intención es que la situación de la deuda quede delimitada para poder avanzar posteriormente hacia un acuerdo homologado.

"La idea es que cuando se inicia la denuncia los intereses cortan ahí. Obviamente que luego de la audiencia de conciliación se hace un acuerdo y se homologa", explicó.

La resolución establece que, cuando el acreedor acepta participar del procedimiento, durante la instancia de reestructuración quedan suspendidos los intereses punitorios y cargos por mora, las medidas extrajudiciales compulsivas de cobro y el agravamiento de la calificación crediticia del consumidor.

El tiempo que demande cada expediente dependerá de que la documentación esté completa y de la respuesta que brinden los acreedores convocados. "No puedo dar una cifra exacta, pero por eso hemos creado esta oficina porque le va a dar prioridad", indicó Lucero.

Antes de la creación formal de la oficina, Defensa del Consumidor ya venía atendiendo reclamos de personas con problemas para cumplir con sus obligaciones. Según Lucero, en los últimos dos meses ingresaron menos de 30 denuncias vinculadas con consumidores endeudados.

"Nosotros tímidamente hemos venido tomando denuncias de consumidores endeudados y nos ha dado buenos resultados. Entonces, por eso decidimos trabajar en esta resolución", explicó.

Esos casos corresponden a situaciones que todavía pueden ser abordadas por la vía administrativa. En cambio, las causas que ya se encuentran judicializadas quedan afuera de la nueva instancia.

En ese contexto, la directora indicó que actualmente existen entre 1.300 y 1.500 consumidores concursados o quebrados en Mendoza, según información proporcionada por el Poder Judicial.

"A nosotros primero nos preocupa como Gobierno porque ese consumidor que está quebrado o concursado sale del sistema económico o del consumo porque no puede acceder a un crédito", sostuvo.

Lucero también señaló que una vez alcanzado un acuerdo deberá existir un compromiso de cumplimiento por parte del consumidor. Si posteriormente vuelve a incumplir con alguno de sus acreedores, la obligación podrá terminar judicializada.

En paralelo con la puesta en marcha de la oficina, Defensa del Consumidor realiza una encuesta que se extenderá hasta noviembre para determinar cuál es el nivel de endeudamiento de los consumidores de la provincia y cuáles son las principales fuentes de esas obligaciones.

"Queremos saber objetivamente el grado de endeudamiento de los consumidores de la provincia de Mendoza y con qué se han endeudado", explicó Lucero.

Uno de los puntos que el organismo busca analizar es el crecimiento de los créditos otorgados a través de billeteras virtuales y otras plataformas financieras.

La funcionaria sostuvo que la facilidad para acceder a este tipo de financiamiento también obliga a reforzar la educación financiera. En ese sentido, indicó que el Gobierno provincial trabaja con el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) en capacitaciones y que también buscan extender ese tipo de contenidos a adolescentes.

La creación de la oficina mediante una resolución será además el primer paso de un esquema que Defensa del Consumidor pretende ampliar mediante una ley provincial. El proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial y está siendo trabajado junto con otros organismos, entre ellos el Poder Judicial. La intención es enviarlo a la Legislatura hacia finales de este año.

"Estamos trabajándolo, es muy incipiente todavía. Esto realmente va a ser algo innovador y también estamos trabajando con el Poder Judicial. La idea es mandarlo a fin de año", anticipó Lucero.

La directora agregó que la resolución fue presentada ante el Consejo de Defensa del Consumidor y que Mendoza viene trabajando sobre la problemática junto con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación y representantes de otras provincias.