“Quieren excluir a quien no pueden vencer”: fuerte respaldo del Gobierno a Jaldo y dura crítica a la judicialización

El Gobierno de Tucumán cerró filas con Osvaldo Jaldo y salió a responder a quienes ya anticiparon una batalla judicial contra su candidatura para 2027. El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, no dejó margen para las interpretaciones: consideró que detrás de esos planteos existe un intento de sacar de la competencia electoral a un candidato al que no logran derrotar en las urnas.

“Quieren excluir a quien no pueden vencer en las urnas”, disparó Amado. Y fue más allá: sostuvo que invocar la periodicidad de los mandatos para cuestionar una nueva candidatura del gobernador “carece de todo sustento constitucional”. La lectura política del Gobierno es que algunos sectores buscan resolver en los tribunales una disputa que todavía no pudieron resolver frente al electorado.

El argumento oficial se apoya en el artículo 90 de la Constitución tucumana, que establece mandatos de cuatro años y permite la reelección inmediata. Para Amado, no hay ninguna contradicción entre esa posibilidad y el principio de periodicidad: la continuidad no es indefinida, sino que vuelve a quedar sometida al voto popular.

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Por eso, el ministro apuntó especialmente contra quienes anticiparon que intentarán frenar a Jaldo por la vía judicial. Habló de una “hermenéutica forzada” utilizada para, “por la puerta trasera”, vetar al candidato con mayores posibilidades electorales.

“Sostener lo contrario significa utilizar para vetar, por la puerta trasera de una hermenéutica forzada, al candidato con mayores posibilidades electorales”, sostuvo Amado. En la misma línea, cuestionó el intento de “ganar por afuera de la elección” y reemplazar la decisión de los tucumanos por una prohibición que, según afirmó, la Constitución no establece.

El funcionario también mencionó los antecedentes de la Corte Suprema en los casos “Weretilneck” y “Uñac” para respaldar la interpretación oficial sobre la compatibilidad entre la reelección prevista por una Constitución provincial y el principio republicano de periodicidad de los mandatos.

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Más allá de la discusión jurídica, el mensaje político del Gobierno es claro: Jaldo seguirá con su agenda de gestión y no piensa correrse de la pelea electoral por los cuestionamientos de sus adversarios. El oficialismo sostiene que, si existen diferencias sobre quién debe gobernar Tucumán, deberán resolverse en las urnas.

“Cuando lo que no se avizora lograr en las urnas se pretende lograr en los tribunales”, advirtió Amado. Y cerró con una definición que resume la postura del Gobierno: “Con gestión y la Constitución bajo el brazo, en mayo próximo el resultado lo van a dar las urnas”.

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