Quintela acordó vender un parque solar capitalizado con $546 millones

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) – La administración de Ricardo Quintela acordó desprenderse de la totalidad de Chamical Solar I, una sociedad que había sido capitalizada bajo control estatal hasta alcanzar $546,5 millones y que posee un contrato de abastecimiento eléctrico nominado en moneda extranjera por 15 años.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la operación quedó asentada en los estados financieros de la compañía aprobados por su directorio.

El documento registró que Arauco Energía SAPEM, accionista de control provincial, formalizó el 26 de enero de 2026 un acuerdo de compraventa por las 546.576.157 acciones ordinarias que integraban el ciento por ciento del paquete.

La novedad conocida este 22 de septiembre abre un frente de control político sobre la forma en que Quintela administra los activos construidos dentro del entramado de sociedades estatales.

El balance confirma la transferencia acordada, pero el valor contable permite dimensionar qué salió de la órbita pública: al 31 de diciembre de 2025 la empresa tenía activos totales por $670,4 millones y un patrimonio neto de $559,5 millones.

Chamical Solar I fue constituida para desarrollar un parque fotovoltaico de ocho megavatios en el departamento Arauco. Su principal respaldo comercial es un contrato de abastecimiento de energía por 15 años, mientras que la sociedad fue diseñada para producir, vender y comercializar electricidad en el mercado mayorista.

Durante 2025, el capital social pasó de $30 millones a $546,5 millones mediante dos aportes: uno por $124,1 millones y otro por $392,4 millones. Los estados contables consignaron, además, $549,5 millones en propiedad, planta y equipo; $110,9 millones en deudas comerciales y otras obligaciones; y una pérdida del ejercicio de $7,7 millones.

El movimiento no fue la venta de una estructura vacía. La sociedad acumuló obra, capital y un contrato de ingresos futuros antes de que el accionista estatal acordara cederla.

Por eso, la decisión coloca al gobierno de Quintela ante una discusión concreta: la provincia asumió la etapa de capitalización y montaje, mientras la explotación futura quedó encaminada hacia el sector privado.

El acuerdo estableció un plazo de 90 días hábiles para el cierre, sujeto a condiciones precedentes. Aun con esa cláusula, el acto central ya estaba consumado en el documento societario: Arauco Energía había firmado la compraventa por la totalidad de las acciones.

Esa definición contrasta con la defensa que el gobierno riojano hizo durante años de sus SAPEM como herramientas estratégicas de desarrollo y generación de recursos propios.

Agencia NA

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