Quintela no baja la guardia: por los terrenos, anunció que irá a la Corte Suprema y promulgó una ley que avala el reclamo riojano

El conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja sumó este viernes un nuevo capítulo. El gobernador riojano, Ricardo Quintela, promulgó la Ley Provincial N.º 10.876, una norma que ratifica el reclamo de esa provincia sobre un sector del territorio actualmente bajo jurisdicción sanjuanina y que instruye a la Fiscalía de Estado a avanzar con una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según informó el diario Nueva Rioja, la ley fue impulsada por el oficialismo provincial y aprobada por la Legislatura con amplio respaldo político. A través de la normativa, La Rioja declara la nulidad de la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968, por considerar que estableció los límites interprovinciales durante un gobierno de facto sin la intervención del Congreso Nacional. Además, el Ejecutivo riojano anunció que recurrirá a la competencia originaria de la Corte Suprema para intentar revertir la situación.

Al anunciar la promulgación, Quintela sostuvo a través de sus redes sociales que la provincia inicia una nueva etapa en la defensa de su territorio. "Hoy promulgué la Ley N° 10.876, sancionada por nuestra Cámara de Diputados, para ratificar nuestro rechazo a los límites impuestos por la dictadura militar. La soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta y con esta norma iniciaremos acciones para traer equidad y justicia al pueblo riojano", expresó el mandatario.

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La controversia involucra una superficie de 2.651 kilómetros cuadrados ubicada en el departamento Iglesia, en San Juan. Se trata de una extensa franja que se extiende desde el cerro El Potro hasta el Valle de la Luna e incluye una zona de gran valor estratégico por su riqueza minera, su potencial turístico y la presencia del Parque Provincial Ischigualasto, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El litigio tiene décadas de historia, aunque la delimitación vigente fue establecida mediante la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Esa definición fue posteriormente ratificada por el Congreso Nacional en democracia, situación que San Juan considera suficiente para dar por zanjada la discusión.

Sin embargo, la nueva legislación riojana sostiene que aquella norma carece de validez por haber sido dictada durante un gobierno militar y faculta al Poder Ejecutivo provincial a realizar gestiones administrativas, políticas y judiciales ante el Congreso de la Nación y la Corte Suprema. También habilita la creación de una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, integrada por diputados y especialistas en historia, geografía, cartografía y minería, que tendrá la tarea de reunir antecedentes técnicos y jurídicos para fortalecer la posición riojana.

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Desde la provincia cuyana, la respuesta se mantiene firme. El gobernador Marcelo Orrego reiteró días atrás que los límites provinciales "no están en discusión" y recordó que la delimitación vigente fue establecida por leyes nacionales y ratificada posteriormente por el Congreso, por lo que ninguna legislatura provincial puede modificarla de manera unilateral.

En ese mismo sentido se pronunciaron especialistas en derecho constitucional, historia y agrimensura consultados por Tiempo de San Juan. Entre ellos, el historiador Rubén Darío Guzmán difundió documentos cartográficos elaborados antes de la sanción de las leyes nacionales que, según explicó, demuestran que los trabajos técnicos para fijar los límites entre ambas provincias ya estaban avanzados desde principios de la década de 1960 e incluso contaban con antecedentes que se remontan a comienzos del siglo XX.

Además, abogados constitucionalistas y representantes del Colegio Profesional de Ingenieros Agrimensores de San Juan coincidieron en que la competencia para fijar límites interprovinciales corresponde exclusivamente al Congreso Nacional y remarcaron que la delimitación vigente fue consolidada mediante leyes nacionales y trabajos técnicos desarrollados con participación de organismos especializados.

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Mientras La Rioja prepara la presentación judicial ante la Corte Suprema, en San Juan el reclamo riojano generó un amplio respaldo institucional a la defensa de los límites provinciales. La Cámara de Diputados aprobó una declaración de repudio, mientras que en Valle Fértil -uno de los departamentos involucrados por la controversia- el intendente Mario Riveros, el Concejo Deliberante y diversas instituciones locales rechazaron públicamente la iniciativa impulsada por Quintela.

La discusión, que parecía saldada desde hace casi seis décadas, volvió así al centro de la escena política. Con la promulgación de la ley riojana y el anuncio de una futura presentación ante la Corte Suprema, el diferendo entre ambas provincias ingresa ahora en una nueva etapa, en la que el máximo tribunal del país podría ser convocado para pronunciarse sobre un conflicto territorial que enfrenta a San Juan y La Rioja desde hace generaciones.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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