Quintela promulgó la ley que respalda el reclamo territorial de La Rioja a San Juan

El gobernador Ricardo Quintela promulgó este viernes la ley que avala el reclamo de La Rioja a San Juan por territorios que actualmente forman parte de la provincia cuyana, una disputa histórica que volvió a ganar calor en los últimos meses por distintas protestas del mandatario riojano.

Hoy promulgué la Ley N° 10.876, sancionada por nuestra Cámara de Diputados, para ratificar nuestro rechazo a los límites impuestos por la dictadura militar. La soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta y con esta norma iniciaremos acciones para traer equidad… pic.twitter.com/INaz7obk8G

"Hoy promulgué la Ley N° 10.876, sancionada por nuestra Cámara de Diputados, para ratificar nuestro rechazo a los límites impuestos por la dictadura militar. La soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta y con esta norma iniciaremos acciones para traer equidad y justicia al pueblo riojano", comentó Quintela al dar a conocer la noticia por su cuenta oficial de X.

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El proyecto había sido impulsado por el oficialismo provincial y aprobado en la Legislatura, con amplio apoyo de la mayoría de las fuerzas a excepción de La Libertad Avanza (LLA), y es rechazado de plano por el gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego.

La región en disputa pertenece al departamento Iglesia y es la que se extiende desde el cerro El Potro hasta el Valle de la Luna. Se trata de una zona de riqueza minera, declarada Patrimonio de la Humanidad y con un fuerte atractivo para el turismo internacional, lo que representa otra fuente de ingresos para quien ejerza soberanía sobre ella.

Desde el Gobierno provincial precisaron que se trata de 2651 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a "14 veces la Ciudad de Buenos Aires".

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El litigio es centenario, pero un decreto-ley del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, dictado en 1968, lo resolvió a favor de San Juan. Esa definición fue ratificada además en 2014 por el Congreso Nacional.

Pese a eso, Quintela anunció que acudirá a la competencia originaria de la Corte Suprema, por considerar que ese territorio fue "sustraído ilegítimamente" durante la dictadura.

La ley 10.876 aprobada por la Cámara de Diputados riojana declara la "nulidad" de la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968. "Esa delimitación se realizó de manera unilateral, sin la participación del Congreso de la Nación", planteó el texto legislativo. Finalmente, se instruyó a la Fiscalía de Estado a "iniciar acciones legales directas" ante el máximo tribunal.

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"Queremos predisponer al diálogo con la provincia de San Juan sobre la cuestión de los límites, para recuperar la institucionalidad y la seguridad jurídica que fueron violadas y desconocidas por el régimen de facto de Onganía", planteó la gobernación riojana, que además dejó abierta la posibilidad de un acuerdo basado en una coadministración interprovincial de la zona.

Entre sus fundamentos, la ley sostiene que la norma nacional dictada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía en 1968, mediante la Ley N.º 18.004, modificó de manera unilateral los límites provinciales sin la intervención del Congreso de la Nación, generando un perjuicio territorial para La Rioja.

La normativa faculta además al Poder Ejecutivo riojano para que, a través de los organismos competentes iniciar las gestiones administrativas, políticas y legislativas que resulten necesarias ante el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objeto de llevar el reclamo a las esferas nacionales.

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Asimismo, habilita a la Legislatura a crear una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, que funcionará en el ámbito de la Legislatura provincial. El organismo estará integrado por siete diputados y contará con el asesoramiento permanente de representantes de la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y especialistas en historia, geografía, cartografía y minería.

Esa comisión tendrá como misión recopilar y sistematizar antecedentes históricos, jurídicos y técnicos vinculados a la cuestión limítrofe, además de realizar un seguimiento de las acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo y coordinar estrategias con los legisladores nacionales que representan a La Rioja en el Congreso.

Fuente: Nueva Rioja

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