Quiso construir un camino para sus caballos, destruyó un río protegido y deberá pagar 700.000 euros

Los expertos estiman que el ecosistema del río Lugg tardará al menos 30 años en recuperarse tras la tala de árboles y la extracción masiva de grava.

El hombre fue multado y aprisionado por obstruir un río.

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John Price, un agricultor británico de 68 años, fue condenado a prisión y al pago de una multa de casi 700.000 euros tras intervenir sin autorización en el río Lugg. El hombre utilizó maquinaria pesada para extraer toneladas de grava del lecho y arrancar 71 árboles situados en la ribera. El objetivo de Price era construir una carretera y un patio para caballos dentro de su propiedad en el Reino Unido. En el año 2023, el agricultor decidió modificar el cauce fluvial por cuenta propia, eliminando la vegetación y el material mineral que garantizaba la estabilidad del ecosistema.

La intervención no fue una labor superficial de limpieza. Algunos ecólogos que analizaron la zona calcularon que el daño infligido a la ribera y al lecho del río requerirá tres décadas para una recuperación total. La retirada de la grava y el desmonte de las orillas cambiaron la forma en que el agua circula, afectando a la fauna y flora del entorno.

La tala de los 71 árboles eliminó una barrera de protección para la biodiversidad del bosque. Las raíces de estos árboles cumplían la función técnica de sujetar la ribera y reducir la erosión, mientras que sus copas proporcionaban la sombra necesaria para mantener condiciones térmicas estables en el agua. Sin esta defensa natural, el tramo del río quedó expuesto a cambios drásticos en su estructura.

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La justicia británica impuso a Price una sanción económica de 600.000 libras esterlinas, equivalentes a unos 700.000 euros. Además de la multa, el agricultor debió ingresar en prisión para cumplir su condena. Las autoridades enfatizaron que, aunque la cifra es elevada, el dinero no es suficiente para subsanar por sí solo el problema ambiental generado por la obra.

Para intentar restaurar el equilibrio del cauce, se requieren ahora diversos proyectos de seguimiento técnico y restauración forestal que se extenderán durante años. Los especialistas advierten que no basta con recolocar la grava o replantar ejemplares aislados, ya que se ha destruido un sistema que dependía de un equilibrio funcional complejo. La sentencia contra Price funciona como una advertencia sobre la ilegalidad de intervenir en cauces fluviales sin contar con los permisos correspondientes.

Fuente: Los Andes

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