Radiografía del horror: los casos de trata que sacuden a San Juan y cómo se combaten

La lucha contra la trata de personas en San Juan empezó a ocupar un lugar central en la agenda institucional ante la necesidad de visibilizar un delito que, aunque presente, suele pasar inadvertido por la sociedad. María Eugenia Raverta, coordinadora regional del Comité contra la Trata, explicó que en la provincia todavía no se ha incorporado la temática con la gravedad que merece, ya que muchas veces se normalizan situaciones que constituyen una clara violación a los derechos humanos.

Para la funcionaria nacional, el escenario local requiere un cambio cultural profundo porque, según sus palabras, "no se habla mucho de la trata en San Juan y está bueno que lo pongamos en agenda institucional para que empecemos a trabajar sobre eso; la trata está a la vuelta de la esquina".

Las estadísticas oficiales informadas por Raverta reflejan una realidad particular en comparación con el resto del país. Desde el año 2017 hasta la actualidad, San Juan registró un total de 140 denuncias, de las cuales seis se realizaron en lo que va de 2026. Al analizar el perfil de estos casos, se observa que el 42,1% corresponde a explotación laboral, superando al 37,9% vinculado a la explotación sexual. Esta tendencia diferencia a San Juan de provincias vecinas como Mendoza, donde la explotación sexual es prevalente. Además, los datos indican que un 6,4% de las denuncias se relacionan con la desaparición de personas y un 7,9% con la posible captación para explotación.

Raverta señaló, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, que la baja cantidad de denuncias en San Juan, comparada con las 940 de Mendoza en el mismo periodo, no implica necesariamente que haya menos casos, sino que existe una falta de denuncia por la normalización social del problema.

El mapa de la trata en la provincia abarca modalidades diversas que van desde las tradicionales hasta las más modernas. Entre los casos más frecuentes se encuentra la explotación laboral, especialmente en ámbitos agrícolas donde se detectan trabajadores en condiciones inhumanas. Raverta describió situaciones donde personas que vienen de otras provincias viven hacinadas, durmiendo junto a agroquímicos y alimentándose apenas con agua y harina, una realidad que muchas veces no denuncian porque creen que siempre se ha vivido así.

En cuanto a la explotación sexual, se han detectado casos complejos como el de la prostitución vía streaming y situaciones dramáticas en departamentos rurales. Al respecto, la funcionaria recordó que uno de los casos más resonantes de San Juan es el de "chicas que hacían prostitución vía streaming, que fue un caso muy conocido por el abogado" que fue acusado. También detalló un caso concreto ocurrido en Sarmiento, donde "la madre prostituía a las hijas en las épocas de cosecha con los trabajadores migrantes y las pibas estaban acostumbradas, ellas creían que eso era normal".  Esto dificultaba que se autopercibieran como víctimas. El quiebre de este ciclo de abuso fue posible gracias a que "una de las hermanitas", también menor de edad, se animó a romper el silencio y realizar la denuncia contra su propia madre.

Las nuevas modalidades de trata representan un desafío adicional para la justicia y las fuerzas de seguridad, ya que el delito muta constantemente. Actualmente se investigan casos de trata en contextos de maternidad subrogada, donde se capta a mujeres vulnerables para gestar niños que luego son vendidos en el exterior por sumas que alcanzan los 90.000 euros. También preocupa la mendicidad forzada de niños y ancianos, así como el uso de entornos digitales para la captación de adolescentes.

Raverta subrayó que la vulnerabilidad no es solo económica, sino también emocional y educativa, lo que facilita el engaño de los tratantes. Un ejemplo impactante fue el de una joven que, tras ser rescatada de una red de explotación en el extranjero, no quería regresar porque había sido manipulada psicológicamente por su captor hasta creer estar enamorada.

Para combatir este escenario, el sistema cuenta con la línea 145, una herramienta nacional, anónima, gratuita y confidencial que funciona las 24 horas durante todo el año. Cualquier persona que sospeche de un caso de trata, ya sea por observar traslados dudosos o situaciones de peligro, puede realizar el reporte sin necesidad de estar seguro de la tipificación del delito. Una vez que ingresa el llamado, la denuncia es derivada por oficio a la Protex, que es la Procuraduría de Trata de Personas a nivel nacional. Este organismo es el encargado de iniciar la investigación y derivar las actuaciones a las fiscalías federales de la provincia donde se originó el hecho, dado que se trata de un delito federal de alta complejidad.

El procedimiento continúa con la intervención inmediata de las fiscalías locales para determinar si existe el delito mediante allanamientos u otras medidas de instrucción. En casos donde hay menores de edad involucrados, la justicia tiene un plazo de 24 horas para actuar, activando a fuerzas federales como la Gendarmería Nacional o la Policía Federal. Tras el rescate, se activa el acompañamiento a la víctima a través de puntos focales provinciales que brindan asistencia psicológica, judicial y social. En San Juan, esta tarea se coordina entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y organismos nacionales para garantizar la reparación del daño.

La estrategia actual en la provincia se centra en fortalecer esta articulación institucional y potenciar la prevención en las escuelas para que los jóvenes identifiquen los riesgos, especialmente en las redes sociales.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, encabezó recientemente la primera de una serie de reuniones destinadas a delinear una estrategia conjunta y coordinada para combatir la trata en la provincia, convocando a organismos provinciales, nacionales y al sector privado. En este encuentro inicial, que contó con la participación de la coordinadora nacional Raverta y representantes de áreas de Trabajo, Transporte, Migraciones y Seguridad, se buscó establecer una base sólida para fortalecer la detección temprana y la asistencia a las víctimas.

Raverta destacó la importancia de este paso: "es la primera reunión de unas cuantas que vamos a hacer donde vamos a invitar a más instituciones", con el objetivo primordial de que el tema sea parte fundamental de la "agenda institucional para que empecemos a trabajar sobre eso".

Los ejes de lucha que se encuentran bajo estudio se centran principalmente en la difusión, la sensibilización y, especialmente, la educación, ante la advertencia de que el delito cambia de forma constante. Un punto clave de la estrategia es el trabajo en las escuelas, ya que, según advirtió la funcionaria nacional, "hoy los entornos digitales son los focos de captación" y es necesario que los docentes adviertan a los adolescentes sobre los peligros en las redes sociales. La movida busca integrar a toda la comunidad en la vigilancia y denuncia, bajo la premisa de que para combatir con éxito este flagelo es necesario "trabajar con toda la sociedad" para identificar y dejar de normalizar situaciones de explotación que hoy ocurren "a la vuelta de la esquina".

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Fuente: Tiempo de San Juan

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