Rechazaron las salidas transitorias para "Toti" Watson

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EL DIARIO digital

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La justicia provincial rechazó formalmente la solicitud de incorporación al régimen de salidas transitorias presentada por la defensa de Eduardo Alberto "Toti" Watson. El interno cumple condena a 9 años de prisión por haber provocado un incendio que puso en grave peligro los bienes y la vida de su expareja y sus hijos. En 2022 había sido condenado a 12 años de prisión, pero un año después el Tribunal de Impgnación Penal (TIP) hizo lugar a un recurso y le mantuvo la calificación legal, pero le redujo la pena a 9 años.

La postura fiscal, expuesta por la fiscala Marisol Rodríguez durante la audiencia judicial realizada mediante la plataforma Zoom ante el juez de Control Edgardo Trombicki, se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales indispensables previstos por la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Nº 24.660).

Durante el desarrollo de la audiencia, la representación fiscal argumentó que Watson presenta un obstáculo legal insalvable: no se encuentra incorporado al Período de Prueba, presupuesto exigido por los artículos 15 y 17 de la norma penal para habilitar las salidas del establecimiento penitenciario.

La fiscalía detalló que la trayectoria penitenciaria del condenado muestra una involución en el régimen progresivo de la pena. Tras haber alcanzado la Fase de Confianza en junio de 2025, el interno fue retrotraído a Consolidación en marzo de 2026 y, finalmente, derivado a la Fase de Socialización el pasado 3 de septiembre.

"No estamos frente a una persona que se encuentre avanzando de manera sostenida hacia una modalidad de mayor autodisciplina. La propia trayectoria penitenciaria reciente muestra dificultades para consolidar los objetivos del tratamiento: cuenta con un concepto 'Regular' de guarismo 4 y retrotracciones sucesivas", detalló el informe de la Fiscalía. 

Informes negativos

A la situación procesal se sumaron las objeciones planteadas en los informes multidisciplinarios de la unidad carcelaria y el contexto familiar presentado:

Evaluaciones técnicas desfavorables: El Consejo Correccional del establecimiento penitenciario dictaminó de forma unánime de manera negativa, posición compartida por el Servicio Criminológico, Educación, Trabajo, Seguridad Interna y Asistencia Social.

Inconsistencias en el ámbito sociofamiliar: Si bien se propuso como referente a una familiar, el informe social detectó un vínculo restablecido recientemente y sin consolidar, sumado a limitaciones económicas para afrontar los traslados y a la negativa del interno a proporcionar los datos de contacto de su hija, a quien había señalado como la encargada de retirarlo.

Desempeño en el penal: A pesar de registrar una conducta disciplinaria sin sanciones recientes, el área educativa reportó solo un 47% de asistencia durante el año, mientras que Seguridad Interna y Trabajo advirtieron sobre tratos poco respetuosos hacia el personal y sus pares.

Ante este cuadro de situación, el Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente al juez Trombicki denegar el beneficio tramitado por la abogada del condenado, Camila Aimar. Por su parte, el querellante particular Nicolás Casagrande Lorences, en representación de la víctima, adhirió en general al planteo realizado por el MPF.