Reclamos a Grupo Roma: impulsan un sistema de información de loteos en Santa Fe

La Cámara de Diputados de la provincia analiza un proyecto para crear un registro digital, público y gratuito de desarrollos inmobiliarios de zonas urbanas

Por Lucas Aranda

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera

Grupo Roma tiene sus oficinas en un edificio de Puerto Norte.

Mientras cientos de familias esperan respuestas del Grupo Roma para acceder a los terrenos y viviendas que les vendieron, la Legislatura empezó a evaluar la creación de un sistema de información de desarrollos urbanísticos en Santa Fe. La propuesta apunta a garantizar el acceso a los datos sobre los permisos y obras de loteos y otros emprendimientos similares.

El proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la provincia se refiere explícitamente a los problemas que tiene la empresa rosarina para cerrar distintos negocios inmobiliarios en la región. Las denuncias de algunos clientes mencionan demoras de hasta siete años para tomar posesión de los terrenos que pagaron en localidades vecinas.

El tema se discutió la semana anterior en la comisión de Planeamiento y Urbanismo del Concejo Municipal, ya que la mayoría de los compradores viven actualmente en la ciudad y la desarrolladora también tiene sus oficinas en Puerto Norte. En ese encuentro trascendió que el conflicto puede llegar a afectar hasta 1.200 inmuebles por inconvenientes en la autorización de obras pendientes, algo que muchas personas desconocían como factor de riesgo cuando firmaron los papeles en busca de la casa propia.

La diputada provincial Lionella Cattalini propuso la conformación del "Sistema de Información de Desarrollos Urbanísticos" (Sidu) como una respuesta para evitar nuevos conflictos como el de Grupo Roma. El objetivo principal es contar con un registro digital, público, gratuito y verificable de toda la información administrativa de los proyectos con loteos, apertura de calles o generación de espacios de uso público que requieren autorización provincial o municipal.

La representante del Partido Socialista (PS) no sólo pretende que estos datos se incorporen cuando se ponga en marcha una nueva inversión inmobiliaria. También determina explícitamente que los emprendimientos existentes se deben añadir de manera progresiva y se les puede dar prioridad a los que tienen trámites incompletos, suspensiones o reclamos por trabajos incompletos.

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En los considerandos del documento presentado el último 7 de octubre, la legisladora consideró que las denuncias contra el Grupo Roma son un ejemplo claro del problema a resolver. El Grupo Roma sufrió la paralización de varias obras en localidades del sur provincial porque incumplió la normativa hídrica y ambiental. De esta manera, clientes que habían pagado total o parcialmente por los terrenos, no podían acceder ni disponer de ellos en las condiciones pactadas.

Cattalini consideró que el conflicto es un ejemplo claro de una situación recurrente en los últimos años por el crecimiento en número y escala de los desarrollos inmobiliarios, una actividad que precisa distintas autorizaciones de parte de varios niveles del Estado. En ese contexto, los compradores no cuentan con una herramienta sencilla, centralizada y confiable para averiguar cuál es el estado administrativo real del proyecto en el que quieren invertir.

La propuesta de la diputada provincial no apunta a crear ningún trámite obligatorio o certificado adicional, sino a recopilar y ofrecer datos públicos de registros oficiales de inmuebles y obras en Santa Fe. Cada emprendimiento contará con una "Ficha Única de Desarrollo Urbanístico" (Fidu) con información sobre aprobaciones, medidas en trámite, las condiciones de infraestructura y servicios.

Los organismos, entes y prestadores que intervienen en el control de ejecución de las obras tendrán que proveer información sobre su actuación en los proyectos existentes y los nuevos. En base a la reforma constitucional del año anterior, los municipios deberán adherir a la ley para que este mecanismo se implemente dentro de su jurisdicción.

Por otra parte, la normativa también impone cambios en cuanto a la promoción de los desarrollos. Si se aprueba, las empresas estarán obligadas a disponer de un acceso al Fidu de su emprendimiento. La publicidad no podrá presentar como aprobados, habilitados o concluidos los trabajos que no estén debidamente certificados.

Finalmente, el proyecto de ley establece un plazo de 180 días para su reglamentación desde el día de la promulgación. En tal caso, el gobierno santafesino se hará cargo de definir cuál será la autoridad de aplicación para crear el Sidu.

El conflicto detrás de la propuesta en la Legislatura va más allá de la situación de Grupo Roma en Pueblo Esther, Ibarlucea, Zavalla, Soldini, General Lagos y Roldán. En 2024, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático anunció 49 inspecciones de loteos y dictó cuatro suspensiones. Tres de ellas correspondían a la desarrolladora rosarina, pero había otro emprendimiento fuera de regla en Álvarez.

Además de estas medidas para frenar los trabajos, el Poder Ejecutivo hizo 21 intimaciones a las empresas a cargo de otros proyectos en el sur provincial. En todos estos casos se habían detectado irregularidades.

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Hasta el momento, la normativa específica más reciente para prevenir conflictos en los desarrollos inmobiliarios es el decreto 4.109/16, firmado por el exgobernador Miguel Lifschitz. Allí se establecen algunas condiciones obligatorias para publicitar los emprendimientos en cuanto al registro de los inmuebles y las obras de infraestructura con el fin de brindarles mayor transparencia. Una década más tarde, Cattalini señaló: "La experiencia posterior demuestra, sin embargo, que la problemática requiere actualmente herramientas adicionales".

La diputada socialista consideró que las promociones comerciales actuales no permiten distinguir con claridad la diferencia entre lo que está aprobado, habilitado, ejecutado o pendiente de autorización dentro de un loteo. En esa zona gris se incluye la declaración de factibilidad de los servicios que se ofrecen a la venta junto con los terrenos.

En paralelo con la iniciativa dentro de la Legislatura provincial, el Concejo de Rosario decidió este miércoles trasladar la discusión sobre el caso del Grupo Roma a la comisión de Labor Parlamentaria. La resolución surgió una semana después de la reunión con un grupo de damnificados, donde también se llegó a barajar la posibilidad de pedir la clausura de las oficinas de Puerto Norte.

"Es una situación compleja porque estamos hablando de cerca de mil familias damnificadas", señaló la edila Fernanda Gigliani en cuanto a la gran cantidad de reclamos sin respuesta. Durante un reportaje en LT8, sostuvo que el cuerpo deliberativo tiene herramientas para encontrar soluciones a pesar de que los loteos se ubican en otras localidades de la región.

A la hora de definir el argumento de los compradores para pedir ayuda en el Palacio Vasallo, la representante del bloque Iniciativa Popular comentó: "Vinieron a plantearnos algo que es muy racional. Somos rosarinos que contratamos en la ciudad y estamos buscando una respuesta". Luego consideró que atrás de las protestas hay una "tragedia", ya que mucha gente "sigue pagando un alquiler", mientras que otras se endeudaron y vendieron "lo que no tenían" para abonar las cuotas del plan de pagos.

Gigliani se mostró preocupada porque Grupo Roma no asume "ningún tipo de responsabilidad" frente al atraso en la entrega de las viviendas y los terrenos. "Dicen que el problema es de la provincia o la autorización de la intendencia", comentó a modo de ejemplo sobre los conflictos en seis localidades del departamento Rosario. Cuando algunos clientes consiguieron comunicarse con representantes de la empresa, "los han pateado" en vez de brindar alguna certeza.

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En cuanto a las medidas que se pueden tomar en Rosario, la concejala propuso la creación de una mesa institucional a nivel regional. En este sentido, afirmó que la convocatoria debe incluir a todos los actores, desde los intendentes y ediles de ciudades vecinas hasta la Empresa Provincial de la Energía (EPE), pasando por los especialistas de hidráulica del gobierno de Santa Fe y los corredores inmobiliarios que actuaron como intermediarios.

La primera reunión se centró en analizar diferencias y similitudes entre losreclamos de los clientes. Tras aquel encuentro, la edila apuntó: "En algunos casos, incluso se los llevó al lugar para mostrarles dónde iba a ser el el emprendimiento urbanístico, se les dio un masterplan para ver dónde iba a estar su lote, firmaron contratos y la realidad es que hace muchísimos años que están atrasándose en la entrega".

"Obviamente, es de público conocimiento que parte de algunos de estos emprendimientos fueron frenados por la provincia", añadió Gigliani respecto de los atrasos en los desarrollos. En otros casos faltan las habilitaciones de los terrenos, algunos se ubican en zonas que podrían ser inundables y también hay ciertos proyectos que se hicieron bajo líneas de alta tensión de la EPE.

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