Reforma del Banco Central: menos funciones, sanciones penales y límites al Gobierno

El presidente Javier Milei adelantó los principales lineamientos de la reforma que el Gobierno prepara para elBanco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa con la que pretende reducir sus funciones, impedir que vuelva a financiar al Tesoro y establecer sanciones penales para quienes autoricen ese mecanismo.

La propuesta todavía no fue presentada formalmente ante el Congreso, por lo que su alcance definitivo dependerá de la redacción del proyecto. Por ahora, Milei enumeró cinco modificaciones y las presentó como parte de un esquema destinado a limitar la intervención de futuros gobiernos sobre la política monetaria.

Durante una entrevista, el mandatario sostuvo que la actual Carta Orgánica permite emitir dinero para cumplir diferentes finalidades y cuestionó particularmente la reforma sancionada en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

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También dirigió críticas contra Mercedes Marcó del Pont, quien encabezaba el BCRA cuando se aprobó aquella modificación, y contra Miguel Pesce, expresidente de la entidad. Milei afirmó que el diseño vigente facilitó el uso del Banco Central para financiar el déficit público.

El texto actual establece que el organismo debe promover, dentro de sus facultades y en el marco de las políticas del Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Esa ampliación de objetivos fue incorporada mediante la reforma de 2012.

El primer cambio planteado por Milei consiste en reemplazar esa misión múltiple por una finalidad exclusiva: preservar el valor de la moneda. Según argumentó, un banco central no debería recibir varios objetivos simultáneos porque eso amplía el margen para justificar distintas intervenciones y emisiones monetarias.

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"La carta orgánica que hizo el kirchnerismo está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero", afirmó el Presidente.

La propuesta implicaría que cuestiones como el empleo, el desarrollo económico y la equidad social dejen de aparecer expresamente entre las finalidades institucionales del BCRA.

El cambio no sería meramente técnico. También reduciría el margen de acción de futuros gobiernos para utilizar la política monetaria como herramienta frente a una recesión, una crisis financiera o una caída del empleo.

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El segundo eje será la prohibición "total y absoluta" de que el Banco Central financie al fisco, tanto de manera directa como indirecta.

La Carta Orgánica vigente contempla mecanismos mediante los cuales el organismo puede asistir al Tesoro, entre ellos los adelantos transitorios y la transferencia de utilidades. El propio BCRA identificó esas dos vías como formas de financiamiento monetario directo utilizadas en años anteriores.

Milei pretende cerrar esas posibilidades y convertir su incumplimiento en un delito. Según anticipó, podrían enfrentar consecuencias penales los integrantes del directorio del Banco Central que autoricen la asistencia, los funcionarios del Poder Ejecutivo que la impulsen y los legisladores que aprueben normas destinadas a habilitarla.

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"La política no va a poder abusar más de esta herramienta que ha estafado a los argentinos", sostuvo.

La calificación de "estafa" corresponde al discurso político del mandatario. La emisión monetaria para financiar al Estado es una herramienta económica discutida por sus efectos sobre la inflación, las reservas y la actividad, pero no constituye por sí misma una figura penal bajo el régimen actual. La definición concreta del delito, las conductas alcanzadas y las penas previstas serán puntos centrales cuando el Gobierno publique el proyecto.

El tercer aspecto apunta a reforzar la estabilidad del presidente y del directorio del Banco Central para evitar que puedan ser removidos con facilidad por el Poder Ejecutivo. "Vamos a trabajar para que los políticos populistas no los puedan remover fácil", señaló Milei.

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La intención oficial es presentar esa protección como una garantía de independencia. Sin embargo, la discusión también alcanzará al sistema de controles: una autoridad monetaria con mayor estabilidad necesita mecanismos claros de rendición de cuentas, remoción por incumplimiento y supervisión institucional.

El proyecto deberá precisar bajo qué causales podría desplazarse a las autoridades, qué intervención tendría el Congreso y cómo se resolverían eventuales conflictos entre el BCRA y el Gobierno encargado de conducir la política económica.

El cuarto punto será restringir la distribución de utilidades del Banco Central al Tesoro. Milei cuestiona que ganancias surgidas de criterios contables puedan girarse al Gobierno y utilizarse como respaldo para nueva emisión.

La cuestión no es teórica. En 2024, el BCRA registró ganancias por $19,4 billones, destinó una parte a recomponer su capital y puso el remanente a disposición del Gobierno, de acuerdo con lo previsto en su Carta Orgánica.

La reforma buscaría impedir que esas utilidades sean transferidas cuando no estén respaldadas por ingresos efectivamente realizados o cuando su giro pueda derivar en expansión monetaria. El punto exigirá definir qué se entiende por ganancias distribuibles, cómo se valuarán los activos del organismo y qué destino tendrán los resultados positivos.

El quinto eje anunciado es la eliminación de las Letras Intransferibles del Tesoro en poder del Banco Central. Estos títulos fueron entregados por el Estado al BCRA a cambio de reservas utilizadas para afrontar obligaciones públicas. Como no cotizan libremente en el mercado y su valor depende de las condiciones fijadas por el propio Tesoro, suelen ser cuestionados por la calidad que aportan al balance de la autoridad monetaria.

Milei señaló que el proceso para retirarlas ya comenzó, aunque todavía no se difundió un cronograma completo ni se precisó con qué instrumentos serán reemplazadas. Su eliminación podría mejorar la composición del activo del Banco Central, pero también requerirá que el Tesoro asuma o refinancie esas obligaciones sin generar un nuevo desequilibrio financiero.

El denominador común de los cinco cambios es el intento de blindar la política monetaria y fiscal más allá de la actual administración. Milei busca que el equilibrio de las cuentas públicas no dependa únicamente de las decisiones del Gobierno de turno, sino de restricciones legales que impidan recurrir al Banco Central cuando los ingresos no alcancen para cubrir el gasto.

La iniciativa abrirá una discusión de fondo en el Congreso. El oficialismo deberá reunir apoyos para modificar una ley que regula una institución central del sistema económico y justificar hasta qué punto las sanciones penales pueden utilizarse para disciplinar decisiones de política monetaria.

También deberá responder qué herramientas quedarían disponibles ante escenarios excepcionales, como una crisis bancaria, una emergencia económica o la interrupción del acceso al crédito.

Hasta que se conozca la letra completa, los cinco puntos deben considerarse lineamientos políticos anunciados por el Presidente y no disposiciones vigentes.

La reforma promete modificar el funcionamiento del Banco Central, pero también el margen de maniobra de quienes gobiernen en el futuro. Esa será la verdadera disputa: cuánto poder debe conservar la política sobre la moneda y cuánto debe quedar fuera de su alcance.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Fuente: Primera Edición

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