Reforma judicial: la Corte de Tucumán ya analiza la demanda de los Colegios de Abogados

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el máximo tribunal provincial debe resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por los Colegios de Abogados de Tucumán y del Sur contra la Ley 9.987. La causa quedó a estudio de los vocales de la Corte el 17 de septiembre.

La discusión por la reforma judicial impulsada a través de la Ley 9.987 llegó a una nueva instancia. El Ministerio Público Fiscal dictaminó que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán es el órgano competente para resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Colegio de Abogados de Tucumán y el Colegio de Abogados del Sur.

Con este pronunciamiento, el expediente quedó en manos de los vocales del máximo tribunal provincial. La causa pasó a estudio el 17 de septiembre, luego de la incorporación del dictamen elaborado por el ministro fiscal Edmundo Jiménez.

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El planteo de los abogados se presentó como una acción declarativa de inconstitucionalidad, según el mecanismo previsto por los artículos 89 y 90 del Código Procesal Constitucional, Ley 6.694. La demanda fue dirigida contra la Provincia de Tucumán.

Jiménez sostuvo que la Corte debe intervenir porque las normas cuestionadas fueron sancionadas por el Poder Legislativo y tienen carácter político-constitucional. La Ley 9.987 introdujo cambios sobre distintas normas vinculadas con la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial.

A partir de ese criterio, el fiscal señaló que la competencia del máximo tribunal surge del artículo 4° del Código Procesal Constitucional. Además, respaldó su interpretación con dos antecedentes en los que la propia Corte adoptó un criterio similar para determinar su competencia.

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El dictamen se limitó a resolver esa cuestión procesal. Jiménez no se pronunció sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados ni sobre la medida cautelar solicitada por los Colegios de Abogados. Esos planteos quedaron para una etapa posterior del expediente.

La presentación fue realizada por Christian Alberto Cao, en representación del Colegio de Abogados de Tucumán y del Colegio de Abogados del Sur. La acción apunta específicamente contra los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley 9.987.

El primer artículo modificó distintos puntos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mientras que los otros dos introdujeron cambios en la Ley 9.119 y en el Código Procesal Penal, Ley 8.933.

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Los demandantes solicitaron que una eventual declaración de inconstitucionalidad no tenga efectos únicamente sobre ambas instituciones. Pretenden que la resolución alcance a todos los abogados matriculados. También dejaron planteada la reserva del caso federal.

La presentación desarrolla siete ejes de impugnación. Entre ellos aparece el cuestionamiento al juez natural por la incorporación de una competencia material múltiple para cámaras y juzgados.

Otro de los puntos se refiere a las atribuciones otorgadas a los Jueces de Paz Letrados. Los Colegios cuestionaron que puedan asumir determinadas competencias ordinarias sin el mismo mecanismo de designación previsto para los magistrados de carrera.

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La demanda también puso el foco en los procesos de mayor complejidad técnica que tramitan ante la Justicia de Paz, con especial referencia a las relaciones de consumo. En ese punto, los abogados cuestionaron la ausencia de asistencia letrada obligatoria.

El escrito incorpora además objeciones sobre el traslado de la competencia sancionatoria contravencional al fuero Contencioso Administrativo, sin una ampliación de su estructura.

Por último, la acción cuestiona el nuevo diseño de los Centros Judiciales, al considerar que una reorganización basada en vacancias y restricciones presupuestarias podría adquirir carácter permanente. También impugna el régimen previsto para la destrucción de expedientes digitales, ante la falta de plazos legales de conservación y de garantías suficientes para asegurar su trazabilidad.

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Con el dictamen fiscal ya incorporado, ahora será la Corte Suprema de Justicia de Tucumán la que deberá avanzar sobre los planteos formulados contra la reforma judicial.

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Fuente: El Federalista

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