"Reformas en cuotas": el plan del Gobierno para acelerar leyes en el Congreso y las negociaciones con los gobernadores

Por Redacción

Congreso de la Nación.

Con el antecedente de que los años electorales paralizan la actividad parlamentaria, la mesa política del Ejecutivo decidió apretar el acelerador en el Congreso. La premisa que bajó desde los principales despachos de Casa Rosada es lograr una media sanción por semana, aprovechando la ventana de oportunidad previa al cierre del año legislativo para votar los proyectos prioritarios de Javier Milei.

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En esa hoja de ruta, la reciente presentación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central funcionará como un testeo directo de gobernabilidad y un termómetro para medir alianzas con los bloques provinciales.

En paralelo al trabajo en las cámaras, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezan una ronda de negociaciones con mandatarios provinciales. El objetivo inmediato apunta a sellar consensos para eliminar la obligatoriedad de las primarias (PASO) o suspenderlas directamente para los próximos comicios.

El esquema de negociación acordado por los operadores del oficialismo contempla un marco flexible según cada territorio:

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El próximo desafío en el recinto de la Cámara Alta será la discusión de la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada. Aunque en el oficialismo descartan inconvenientes para reunir los votos, la iniciativa volvió a exhibir las diferencias con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Cerca de la titular del Senado remarcan sus reservas sobre modificaciones a la normativa de tierras y advierten que no acompañará artículos que vulneren el espíritu del régimen vigente. La tirantez interna sumó un nuevo capítulo tras las críticas cruzadas entre Villarruel y Santilli, dejando al descubierto dos visiones contrapuestas dentro del propio espacio oficialista.

Detrás de las discusiones legislativas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería siguen con atención movimientos logísticos en el Atlántico Sur que encendieron luces de alarma en el Congreso. La empresa chilena Easter Island Naviera analiza establecer un servicio marítimo mensual entre Punta Arenas y las Islas Malvinas para abastecer al enclave colonial.

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La iniciativa generó un pedido formal de repulsa parlamentaria ante la Cancillería para exigir gestiones diplomáticas frente al gobierno de Chile. En los despachos oficiales admiten preocupación por el proyecto, que se suma a recientes incursiones no notificadas de buques británicos por el estrecho de Magallanes y a los avances en las licencias ilegítimas para la explotación petrolera en la cuenca Malvinas Norte.

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Con el antecedente de que los años electorales paralizan la actividad parlamentaria, la mesa política del Ejecutivo decidió apretar el acelerador en el Congreso. La premisa que bajó desde los principales despachos de Casa Rosada es lograr una media sanción por semana, aprovechando la ventana de oportunidad previa al cierre del año legislativo para votar los proyectos prioritarios de Javier Milei.

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Fuente: Río Negro

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