Régimen Penal Juvenil: Mercedes Rus criticó el fallo de una jueza y marcó la postura de Mendoza
La ministra criticó la decisión de una jueza porteña. La Provincia ya reorganizó las unidades policiales y avanza con su adecuación legal.
La ministra criticó la decisión de una jueza porteña. La Provincia ya reorganizó las unidades policiales y avanza con su adecuación legal.
La ministra reaccionó a la decisión de una jueza porteña y ratificó la implementación de la ley nacional desde los 14 años.
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La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, cuestionó el fallo de la jueza porteña, Laura De Marinis, que declaró inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil para un adolescente de 14 años y aseguró que Mendoza ya aplica la ley nacional que estableció la responsabilidad penal desde esa edad.
La postura de la funcionaria se conoce mientras la Provincia avanza con la reorganización de las unidades policiales especializadas y espera que Diputados complete la adecuación de la legislación mendocina.
"No podemos seguir esperando que cada juez decida si una ley votada por el Congreso le gusta o no", expresó Rus en su cuenta de X.
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En el mismo mensaje sostuvo que "los robos y la inseguridad no pueden quedar presos de un rulo progresista con ropaje judicial" y agregó: "Desde los 14 años hay responsabilidad penal bajo un régimen especial. En Mendoza lo estamos aplicando".
No podemos seguir esperando que cada juez decida si una ley votada por el Congreso le gusta o no.Los robos y la inseguridad no pueden quedar presos de un rulo progresista con ropaje judicial.https://t.co/KFBfT8yjZS
La reacción de la ministra se produjo después de la decisión de De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires, quien declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley Nacional 27.801 para un caso concreto y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.
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La resolución no declaró la invalidez general de la nueva ley. Según informó el Poder Judicial porteño, la decisión se circunscribió al adolescente involucrado y a las circunstancias particulares del expediente.
La investigación, en tanto, continúa respecto de otros jóvenes de 16 años involucrados en el mismo episodio. Entre sus argumentos, De Marinis planteó que el ingreso de niños y adolescentes al sistema penal debe utilizarse como último recurso.
El caso se originó a partir de un intento de robo a un hombre de 47 años que logró escapar y posteriormente pidió asistencia a un policía. El hecho no llegó a consumarse.
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La Ley Nacional 27.801 comenzó a regir el 5 de septiembre y estableció un nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes de entre 14 y 17 años. La legislación también invitó a las provincias a adecuar sus normas procesales y administrativas al nuevo esquema.
Es sobre esa diferencia que se apoya la afirmación de Rus de que Mendoza ya está aplicando el régimen: la ley nacional está vigente, aunque la Provincia todavía tiene pendiente completar la sanción de su propia normativa procesal.
El Ejecutivo mendocino presentó un proyecto para realizar esa adecuación y establecer las reglas específicas con las que funcionará el sistema en la provincia. La iniciativa obtuvo media sanción del Senado el 15 de septiembre, con 25 votos afirmativos y 10 abstenciones, y pasó posteriormente a la Cámara de Diputados. Actualmente ingresó a comisiones y resta que obtenga dictamen antes de llegar al recinto.
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El proyecto establece un procedimiento específico para adolescentes alcanzados por el régimen nacional y contempla organismos judiciales especializados, además de reglas particulares para las medidas restrictivas de la libertad.
En paralelo al trámite legislativo, el Ministerio de Seguridad y Justicia avanzó con una reorganización de la estructura policial encargada de intervenir en procedimientos que involucren a niños y adolescentes.
A través de la Resolución 4025, firmada por Rus el 27 de agosto y publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno creó una Jefatura Provincial de la Unidad de Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (UPANA).
La nueva conducción dependerá de la Subsecretaría de Justicia y estará a cargo de un oficial superior de la Policía de Mendoza. La decisión busca centralizar la coordinación de las distintas dependencias que funcionan en la provincia y establecer criterios comunes de actuación.
La Jefatura tendrá a su cargo la supervisión de las unidades territoriales, la elaboración de protocolos, la capacitación del personal y el control de las condiciones en las que permanecen transitoriamente los adolescentes.
El nuevo esquema divide territorialmente el funcionamiento entre Centro, Este, Valle de Uco y Sur, además de una dependencia específica para General Alvear.
La unidad Centro tendrá jurisdicción sobre Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo y Maipú; la del Este comprenderá Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín y Santa Rosa; mientras que Valle de Uco abarcará San Carlos, Tunuyán y Tupungato.
En el Sur, la jurisdicción comprenderá San Rafael y Malargüe, mientras que General Alvear tendrá una dependencia propia vinculada operativamente a esa regional.
La resolución establece expresamente que estas dependencias deberán actuar, dentro de las competencias policiales, cuando un procedimiento que involucre a niños o adolescentes requiera una intervención especializada.
Hace particular referencia a las personas de 14 a 17 años comprendidas en el nuevo Régimen Penal Juvenil. Durante la permanencia transitoria en esas unidades deberá garantizarse la integridad física y psíquica, la privacidad y el trato digno de los adolescentes.
También tendrán que permanecer separados de las personas adultas privadas de la libertad y deberán cumplirse las disposiciones judiciales sobre su situación y destino.
La normativa provincial dispone además una capacitación permanente del personal policial en Régimen Penal Juvenil, derechos de niños y adolescentes, manejo de situaciones de crisis, prevención de violencias y procedimientos especializados.
La implementación de la nueva organización quedó a cargo de la Subsecretaría de Justicia, que podrá establecer protocolos internos y proponer modificaciones en los recursos humanos, materiales y tecnológicos destinados a las distintas dependencias.
Fuente: Los Andes
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