Régimen Penal Juvenil: qué cambios plantearon los jueces sobre el proyecto que impulsa el Gobierno

Magistrados del Fuero Penal de Menores plantearon observaciones sobre imputación, flagrancia, competencia judicial y salidas alternativas.

El proyecto sigue bajo análisis en el Senado. Los jueces pusieron el foco en los plazos de imputación y el procedimiento de flagrancia.

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A una semana de que el proyecto de Régimen Penal Juvenil llegue al recinto del Senado, jueces especializados plantearon una serie de reparos al texto enviado por el gobierno de Alfredo Cornejo. Las principales observaciones apuntaron a los plazos para realizar la imputación, el procedimiento de flagrancia, la competencia de los magistrados y la aplicación de salidas alternativas al juicio.

Los planteos se realizaron durante una nueva reunión de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), que continuó con el tratamiento del expediente 83.492. La iniciativa será debatida el próximo martes en la Cámara Alta, luego de las distintas rondas de consultas realizadas con funcionarios y representantes del Poder Judicial.

El debate provincial atraviesa además una instancia particular: desde el sábado 5 de septiembre ya está vigente la Ley nacional 27.801, que estableció el nuevo Régimen Penal Juvenil. Mendoza todavía debe aprobar su normativa para adecuar los procedimientos y la estructura judicial provincial al nuevo esquema.

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Los ministros Tadeo García Zalazar (Educación, Cultura, Infancia y DGE) y Mercedes Rus (Seguridad y Justicia) junto con la vicegobernadora, Hebe Casado.

La iniciativa provincial fue presentada a fines de agosto por el Gobierno y comenzó a discutirse en el Senado con la participación, entre otros funcionarios, de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

El proyecto establece las reglas procesales que utilizará Mendoza frente al nuevo marco nacional y contempla modificaciones en la intervención de jueces, fiscales y defensores especializados.

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Uno de los reparos más concretos fue planteado por Fernando Scotta, juez Penal de Menores de San Rafael. El magistrado puso el foco en los tiempos que tendrá la Justicia para avanzar con la imputación de un adolescente.

Según explicó ante los legisladores, el proyecto incorpora como pauta el "plazo razonable reforzado", en línea con la necesidad de que los procesos que involucran a menores tengan una resolución especialmente rápida. Sin embargo, advirtió que el texto no establece de manera específica un plazo para formular la imputación.

"Observo que el proyecto no menciona específicamente el plazo de la imputación. Considero que, al contar con un código especializado, establecer taxativamente ese plazo sería de gran beneficio", sostuvo Scotta.

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El planteo apunta a que ese límite quede expresamente establecido en la ley y no dependa posteriormente de la interpretación de quienes intervengan en cada expediente.

La cuestión de los tiempos atraviesa distintos artículos del proyecto mendocino. Entre otras disposiciones, la propuesta del Ejecutivo establece límites para algunas medidas restrictivas de la libertad y regula la intervención de las Unidades de Procedimientos y Abordaje de Niñez y Adolescencia (UPANA).

Otra de las exposiciones estuvo a cargo de María del Carmen Camiletti, jueza del Tribunal Penal de Menores, quien también planteó la necesidad de realizar precisiones antes de que la iniciativa sea sancionada.

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"Traigo algunas cuestiones que no nos han quedado del todo claras o que pensamos que podrían quedar más claras en el eje de este proyecto de ley", señaló la magistrada.

Camiletti identificó especialmente dos aspectos que, desde su experiencia en la aplicación cotidiana del régimen penal juvenil, podrían generar dificultades: la competencia de los jueces y la implementación del procedimiento de flagrancia.

El proyecto provincial contempla la utilización de la flagrancia dentro del nuevo esquema juvenil, uno de los puntos sobre los que el Ejecutivo busca establecer reglas específicas. La observación de la magistrada apunta a precisar cómo se distribuirán las intervenciones judiciales y cómo funcionará ese procedimiento en la práctica.

Los planteos también permitieron incorporar al debate la situación de las circunscripciones alejadas del Gran Mendoza. Tanto Camiletti como Scotta destacaron la importancia de que la regulación contemple las particularidades operativas de los tribunales del interior.

Natalia Navarro Bravo, jueza Penal de Menores, sostuvo que Mendoza se encuentra en una posición favorable para aplicar la legislación nacional por la estructura que ya posee, aunque advirtió que el funcionamiento del nuevo sistema requerirá fortalecerla.

"Mendoza es una de las provincias más preparadas para aplicar la ley nacional porque cuenta con recursos e infraestructura, aunque será clave reforzarlos de cara al futuro", afirmó.

Durante la presentación inicial del proyecto, el Gobierno había señalado que la actual infraestructura de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil permitiría afrontar el cambio de régimen con adecuaciones. También se prevé la participación de las UPANA distribuidas territorialmente para las primeras intervenciones con los adolescentes involucrados en causas penales.

Navarro Bravo defendió además la necesidad de que Mendoza cuente con una legislación procesal específica. Según sostuvo, establecer las reglas mediante una ley provincial permite reducir los márgenes de interpretación y evitar que determinadas decisiones queden sujetas exclusivamente al criterio del juzgado o la fiscalía que intervenga.

"Una ley provincial específica evita que todo quede a la exclusividad o criterio del juzgado o fiscal de turno, lo cual aporta seguridad jurídica tanto para los adolescentes como para la sociedad", señaló.

La jueza Penal de Menores Daniela Torres llevó la discusión hacia otro aspecto del nuevo régimen: las herramientas disponibles para resolver determinados conflictos sin llegar necesariamente a un juicio.

Entre ellas aparecen la mediación, la conciliación y la suspensión del juicio a prueba. Torres destacó que el nuevo marco amplía el esquema de soluciones alternativas, pero consideró necesario precisar cómo deberán utilizarse según las características y gravedad de cada delito.

"Es fundamental ponderar adecuadamente estos institutos y definir con claridad el alcance de la norma frente a la gravedad de los distintos tipos penales", expresó.

Estas herramientas forman parte de un régimen que establece una respuesta diferenciada para adolescentes y mantiene a la privación de la libertad como medida de última instancia. El proyecto mendocino también regula otras etapas del proceso, entre ellas la intervención inicial, las medidas cautelares y el funcionamiento de los organismos especializados.

La propuesta enviada por el Ejecutivo contempla, además, la figura del supervisor, encargado de acompañar y controlar el cumplimiento de determinadas medidas impuestas a los adolescentes. También establece que la permanencia en una UPANA podrá extenderse hasta diez días y fija un máximo de 12 meses para la prisión preventiva.

Otro de los puntos incluidos es la regla para los casos en los que un mismo hecho involucre a adolescentes y mayores de edad. El artículo 59 propone, como principio general, la realización de un juicio conjunto, aunque sin intervención de un jurado popular.

Fuente: Los Andes

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