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Regulación del transporte en San Juan: reglamentaron la ley que elimina las licencias y regula a las apps

El cambio de la reforma es la desaparición definitiva del antiguo sistema cerrado de cupos y alquiler de licencias de taxis y remises en San Juan.

Por Redacción Diario de Cuyo3 min de lectura
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Regulación del transporte en San Juan: reglamentaron la ley que elimina las licencias y regula a las apps
Regulación del transporte en San Juan: reglamentaron la ley que elimina las licencias y regula a las apps · Foto: Diario de Cuyo

El cambio de la reforma es la desaparición definitiva del antiguo sistema cerrado de cupos y alquiler de licencias de taxis y remises en San Juan.

Reglamentaron la ley que elimina las licencias y regula a las apps.

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El sistema de transporte de San Juan inició una profunda transformación estructural tras confirmarse la reglamentación y publicación en el Boletín Oficial de la Ley Nº 2799-A. La ministra de Gobierno, Laura Palma, ratificó que la normativa ya entró en vigencia este viernes 17 de julio, estableciendo un nuevo esquema que abarca tanto al transporte público regular de pasajeros como a servicios especiales, taxis, remises, transporte escolar, traslado de cargas y plataformas tecnológicas.

A partir de ahora, el acceso a la actividad será libre para cualquier ciudadano profesionalmente apto mediante el nuevo Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.), un padrón digital y abierto que funcionará de forma online las 24 horas del día.

La autoridad de aplicación ya se encuentra ejecutando un traspaso automático de datos para todos aquellos prestadores que contaban con habilitación vigente bajo la anterior Ley 814. Sus perfiles ya están precargados en el nuevo software informático, por lo que únicamente deberán ingresar al sistema para confirmar su voluntad de continuar prestando el servicio. Las autoridades estiman que la plataforma web oficial para las nuevas inscripciones estará completamente operativa hacia finales de este mes de julio.

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Para operar de forma legal en la provincia, las empresas deberán acreditar:

Domicilio radicado en San Juan y CUIT activo.

Monefin — Préstamos o tarjetas de crédito

Declaración de la modalidad de transporte a ejecutar.

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La plataforma digital cruzará datos de manera automática con organismos nacionales para validar en tiempo real la vigencia de las licencias de conducir y la antigüedad de los rodados. En el caso de los colectivos de líneas regulares, las firmas prestatarias estarán obligadas a mantener condiciones estrictas de higiene, accesibilidad y seguridad, respetando los recorridos, frecuencias, horarios y tarifas autorizadas, disponiendo de un límite de antigüedad máxima de 10 años para las unidades (salvo excepciones puntuales).

La nueva reglamentación otorga un marco legal explícito a las aplicaciones tecnológicas de transporte, englobándolas dentro de los servicios no regulares bajo la denominación de "contactabilidad". La ministra Palma enfatizó que el espíritu de la ley es equiparar las condiciones operativas para todos los sectores, terminando con las asimetrías regulatorias.

Por este motivo, los conductores de aplicaciones deberán cumplir idénticos requisitos profesionales que un taxista o remisero tradicional: poseer carnet de conducir profesional, seguro específico para el transporte de personas y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día. Además, la normativa exige que tanto los vehículos identificados como los particulares vinculados a aplicaciones activen sistemas de geolocalización obligatorios y exhiban de forma visible un certificado con un código QR, permitiendo a los usuarios comprobar la legalidad del vehículo y del chofer antes de iniciar el viaje.

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A través del nuevo entrecruzamiento de datos, el Gobierno provincial accederá a estadísticas precisas sobre los kilómetros recorridos por las unidades, las frecuencias reales y la cantidad exacta de pasajeros transportados. Este monitoreo digital servirá de base técnica para analizar la distribución estratégica de los subsidios estatales.

La norma también estipula auditorías constantes y un régimen sancionatorio administrado por la autoridad provincial —única encargada de fijar los valores de las tarifas—. Las penalizaciones por incumplimiento o por operar por fuera del registro digital habilitado incluirán multas económicas, la suspensión temporal de los permisos otorgados o la retención directa de los vehículos.

Fuente: Diario de Cuyo

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