Reino Unido publicó una guía para empresas que operan en Malvinas y ofrece respaldo frente a las sanciones de Argentina

Por Redacción

Islas Malvinas. El gobierno del Reino Unido lanzó una guía oficial para respaldar a las empresas que operan en el archipiélago frente a las sanciones argentinas. (Foto: gentileza)

El gobierno del Reino Unido publicó este martes 15 de septiembre una guía oficial dirigida a las empresas que hacen negocios en las Islas Malvinas, en la que afirma que la Argentina «no ejerce jurisdicción sobre el archipiélago» y ofrece asistencia a las compañías que reciban notificaciones o amenazas legales por parte de las autoridades nacionales.

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El texto, titulado «Doing business with the Falkland Islands» (Haciendo negocios con las Islas Malvinas), fue difundido en el portal oficial británico bajo la categoría de «guidance» (orientación), la más rutinaria del sistema de publicaciones de Londres.

No lleva firma ministerial ni comunicado de prensa. El organismo emisor es la Dirección de Territorios de Ultramar y Polar de la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO), es decir, la Cancillería británica.

La guía apunta a tres grupos específicos: las compañías que desarrollan actividad económica en las islas, las que suministran bienes o servicios, y las que participan, directa o indirectamente, en la explotación de sus recursos naturales.

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El apartado central del documento se titula «Medidas argentinas contra empresas«. Allí, Londres anticipa que las compañías pueden recibir intimaciones y fija su postura: la Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las islas, ni a aplicar su derecho interno sobre quienes participen de esos negocios.

El texto apunta luego a un terreno mucho más concreto que el debate de la soberanía. El Reino Unido afirma que «no advierte sobre qué base los tribunales de un país fuera de la Argentina podrían ejercer legítimamente jurisdicción en relación con estas medidas«.

Esta es una referencia directa al reconocimiento y la ejecución de sentencias argentinas en terceros países, que representa el único riesgo material real que corren los accionistas y proveedores sancionados que no tienen activos en territorio argentino.

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En el cierre, el documento ofrece asistencia directa:

El documento no menciona al presidente Javier Milei, ni al reciente decreto 868/2026, ni a los sumarios iniciados contra 45 empresas. Tampoco nombra el proyecto petrolero Sea Lion ni a las compañías involucradas.

La guía sostiene que la Argentina «introdujo previamente» medidas disuasorias que llevan años vigentes y que «no impidieron que los isleños desarrollaran una economía exitosa». El giro de la política argentina de las últimas dos semanas queda así presentado como un conflicto viejo.

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Este argumento tiene un respaldo parcial: la petrolera británica Rockhopper Exploration está sancionada desde 2013 y continúa operando en el archipiélago. Sin embargo, el texto omite el núcleo de la escalada de septiembre, que es la extensión de las sanciones a accionistas indirectos, entidades vinculadas y proveedores de servicios.

Los argumentos jurídicos británicos no representan una novedad. En 2013, cuando el Congreso argentino endureció la ley 26.659, la Cancillería británica protestó con una formulación casi idéntica. Lo que cambió ahora es el formato: Londres pasó de la protesta diplomática a un instructivo permanente para el mercado privado.

La guía repite la posición tradicional sobre soberanía, ubicando el derecho de autodeterminación en la Carta de la ONU. Esa es exactamente la construcción que la Argentina rechaza, amparada en la resolución 2065 de 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía y encuadra el caso como una situación colonial a resolver de forma bilateral.

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Las medidas del gobierno de Milei alcanzan a los proveedores de servicios y son esas mismas compañías —las que trabajan en Vaca Muerta y podrían operar en el Atlántico Sur— las que quedan obligadas a elegir.

Tres gigantes de la industria ya lo hicieron. A los anuncios de SLB, se sumaron Halliburton y Baker Hughes, quienes confirmaron oficialmente que no participarán en licitaciones ni operaciones vinculadas a hidrocarburos en las islas (incluyendo el proyecto Sea Lion), en estricto cumplimiento del decreto 868/2026.

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El gobierno del Reino Unido publicó este martes 15 de septiembre una guía oficial dirigida a las empresas que hacen negocios en las Islas Malvinas, en la que afirma que la Argentina "no ejerce jurisdicción sobre el archipiélago" y ofrece asistencia a las compañías que reciban notificaciones o amenazas legales por parte de las autoridades nacionales.

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Fuente: Río Negro

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