Retiros voluntarios: economistas prevén un ahorro acotado y reclaman una reforma del Estado

El plan abarca a unos 37.000 empleados de Presidencia y los ministerios. Especialistas advierten que podría provocar la salida de personal calificado y debilitar la capacidad del Estado.

El Gobierno abrió un retiro voluntario para personal en edad cercana a la jubilación.

Luego de haber despedido del Estado a unos 77.000 empleados públicos, el Gobierno ahora tratará de profundizar el recorte de personal en una medida destinada directamente a sostener el achique del gasto de la Administración Pública Nacional (APN). La medida apunta a personas de mayor edad, cercanas al momento de la jubilación.

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Así lo indica una resolución publicada en el Boletín Oficial, mediante la cual se abre un esquema de retiros voluntarios para empleados de la Administración Central, que incluye a la Presidencia y los ministerios.

Se trata de 37.000 empleados, aproximadamente, sobre un total de 269.000 que componen la APN. El gasto previsto este año en el presupuesto para este personal es de unos $13,4 billones, de los cuales hasta ahora se han destinado $9,6 billones, señalaron a Ámbito desde la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Es decir que, hasta el momento, el Gobierno ha gastado el 72% del crédito presupuestario autorizado este año para tal fin. El año pasado, en los primeros nueve meses, el Gobierno había gastado $10,4 billones.

El impacto de ahorro que podría tener la medida es relativo, según advierten economistas, ya que el número de personas que podría aceptar el plan sería relativamente bajo.

Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), señaló que la medida "no tiene mucha relevancia" en el gasto "porque se trata de porcentajes bajos de gente que adhiere".

"En general son gente en edad cerca de jubilarse", dijo el titular de IDESA, quien consideró que "el estado necesita un ordenamiento integral con profesionalizacion".

Por su parte, Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), dijo, desde un aspecto técnico, que "cuando hay un retiro voluntario, el impacto en el nivel de gasto depende de lo que suceda con los casos que efectivamente se incorporen".

"En la medida que no se sustituyan o que se lo haga a un costo unitario menor, se produce una baja del nivel de gasto. Esta debe contrastarse con el pago que se haga al momento del retiro. De esa forma surge el impacto neto en valor actual", explicó.

El economista Pablo Moldován, director de la consultora C-P, indicó que "despues de exponer a los trabajadores publicos a ajustes salariales inéditos ahora se ofrecen esquemas de retiro voluntario". "Es un combo bastante tradicional que tiene por objetivo achicar el Estado y destruir las capacidades del capital humano del sector publico", añadió.

Al respecto, Moldován consideró que "son métodos que ya se aplicaron en otros momentos y que suelen tener como resultado la expulsión de los trabajadores más calificados, desprofesionalizando al Estado y empobreciendo sus capacidades de injerencia y planificación". "Esto ocurre además en un contexto en el que los margenes para el ajuste fiscal son cada vez más acotados y el mercado de trabajo transita una severa crisis", indicó.

Iván Cachanosky, jefe de Políticas Públicas en la fundación Libertad y Progreso, indicó que "el nuevo plan de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional es una señal en la dirección correcta".

"Hay dos elementos del diseño que vale destacar. Primero, la eliminación del cargo presupuestario para quienes se elijan el retiro. Si se cumple, garantiza que la baja del gasto sea permanente y no solo un reemplazo diferido", explicó Cachanosky.

El economista destacó, en segundo término, "la prohibición de reingreso al sector público por ocho años, más estricta que la del plan anterior de ANSES, que limita el riesgo de 'puerta giratoria'".

"Dicho esto, el éxito del programa se medirá en adhesiones reales. Cuando los sindicatos desaconsejan participar, la convocatoria podría ser baja y el impacto fiscal terminaría siendo marginal", indicó. Por último, sostuvo que "conviene no perder de vista que reducir la planta por retiro voluntario es condición necesaria pero no suficiente".

"Sin una reforma más profunda del empleo público (que incluya evaluación de desempeño real y rediseño de funciones) el Estado puede volverse más chico en número sin volverse más eficiente", advirtió.

El período para anotarse en el plan será relativamente corto: del 1° al 30 de noviembre próximo. Hay un primer grupo de personal de entre 58 y 63 años sin aportes suficientes para jubilarse, que percibirá el 60% del sueldo durante tres años. Un segundo grupo, de empleados de esa franja de edad y con aportes suficientes para jubilarse, percibirá una remuneración mensual por cada año trabajado. Y el tercer grupo, que abarca a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62, percibirá un sueldo por año trabajado, con un tope general de veinte salarios.

Para determinar la inclusión en las distintas categorías (grupos 1, 2 y 3), la edad alcanzada por los agentes se considerará al 31 de octubre de 2026.

Las autoridades competentes (jefe de Gabinete, ministros y secretarios de la Presidencia) dispondrán de un plazo máximo de 40 días corridos —contados a partir del primer día hábil posterior al cierre del período de solicitud— para aprobar o rechazar la adhesión. En caso de no expedirse dentro de ese término, operará el silencio administrativo con efecto negativo.

Los postulantes serán notificados dentro de los dos días hábiles de dictado el acto administrativo correspondiente. De ser aprobada la solicitud, el cese definitivo de la relación laboral se hará efectivo en la fecha que consigne expresamente dicha resolución.

Quedan excluidos expresamente los efectivos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), del Servicio Exterior y los miembros de Orquestas y Coros Nacionales, entre otros sectores específicos.