Revés judicial para Green Health en su disputa millonaria contra la empresa estatal sanjuanina CanMe

La Sala IV de la Cámara Civil de San Juan dictó un fallo determinante que significa un revés judicial para la firma privada Green Health S.A.S. en su enfrentamiento contra la empresa estatal Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado (CanMe), la provincia de San Juan y exfuncionarios. Así lo confirmaron en exclusiva desde CanMe a TIEMPO DE SAN JUAN.

El tribunal de alzada decidió revocar la resolución de primera instancia del Noveno Juzgado Civil, a cargo del juez Pablo Oritja, que le había otorgado a la compañía el beneficio de litigar sin gastos. Al fundamentar su decisión, los magistrados recordaron que esta herramienta procesal es de carácter excepcional y restrictivo, destinada a garantizar el acceso a la justicia a quienes verdaderamente no poseen recursos económicos.

Asimismo, la Cámara remarcó que, cuando se trata de sociedades comerciales orientadas al lucro, la evaluación debe ser sumamente rigurosa, por lo que no basta con alegar una simple falta de liquidez, sino que resulta imprescindible demostrar con pruebas contables la imposibilidad real de generar ingresos mediante su propia actividad, una carga probatoria que Green Health no logró cumplir, según informaron desde la empresa estatal.

La conducción de CanMe celebró la decisión de los jueces, considerándola un antecedente de gran trascendencia institucional para la protección del erario público. En diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, el presidente de la firma estatal, Gonzalo Campos, "la empresa Green Health no inició concretamente la demanda hasta esperar litigar sin gastos. Por eso digo que no me parece muy audaz plantear una demanda cuando vas a tener que poner con ese reclamo que hizo la friolera de 5.000 millones de pesos aproximadamente de tasa justicia".

A su vez, Campos profundizó sobre el impacto del fallo: "La instancia judicial está ahí en cero porque ahora Green si pretende iniciar una demanda, ya sabe que no puede litigar sin gastos, que va a tener que pagar la tasa de justicia correspondiente y que estas aventuras jurídicas tienen que tener un asidero. Así que seguramente se van a replantear la posibilidad de iniciar una demanda y han quedado las cosas claras. En ese sentido, ellos en este momento con esta revocatoria van a tener que pagarles los honorarios a los abogados correspondientes. Así que lógicamente esto está en foja cero. Veremos qué piensan hacer de aquí en adelante".

Agregó que "Nosotros estamos muy satisfechos. Creo que la justicia ha actuado correctamente, así que esperemos que la situación termine aquí y no haya mayores inconvenientes de aquí al futuro. Ha dejado un precedente importante al revocar la primera instancia del juez sobre la demanda".

La controversia sobre el beneficio de litigar sin gastos cobra dimensión al analizar el funcionamiento de la tasa de justicia en la provincia, la cual se calcula como un porcentaje directo del monto económico en juego. Dado que la pretensión de Green Health ascendía a la cifra de 150 millones de dólares (más de 220 mil millones de pesos), según se conoció extraoficialmente, el sellado procesal para formalizar la demanda alcanzaba una suma aproximada de 4 millones de dólares, equivalentes a casi 5.000 millones de pesos. Al carecer de la exención de pago, la empresa se enfrenta a un alto riesgo económico, debido a que si interpone la demanda por el valor original y pierde el juicio contra el Estado, perderá de manera definitiva ese desembolso inicial.

Frente a este escenario, la especulación en el fuero judicial indica que la compañía no quiso presentar la demanda principal a la espera de esta resolución y que ahora, al ser obligada a pagar el sellado, deberá redefinir su estrategia legal. Entre las alternativas probables se contempla que la firma opte por no avanzar judicialmente o bien que decida readecuar su reclamo presentando una demanda por un monto sustancialmente menor, lo que le permitiría afrontar una tasa de justicia considerablemente más reducida. No se conoció todavía la nueva jugada de la empresa representada por Clavijo.

El proyecto de producción de cannabis medicinal en San Juan nació bajo la gestión del exgobernador Sergio Uñac mediante la sanción de la Ley Provincial 1951 en el año 2019, dando origen a la empresa estatal CanMe con el objetivo de cultivar, industrializar y comercializar cannabis y sus derivados con fines científicos y terapéuticos.

Para concretar este desarrollo, el Estado sanjuanino adquirió un predio de 900 hectáreas en la localidad de El Acequión, en el departamento Sarmiento, y en 2021 celebró convenios marco con cinco empresas inversoras privadas. Entre ellas se destacó Green Health, integrada por capitales locales y canadienses, que desembolsó alrededor de 3 millones de dólares (2.000 millones de pesos) para instalar invernaderos e infraestructura.

Las dificultades se desencadenaron cuando finalizó la etapa experimental y surgió la imposibilidad de comercializar la producción en el mercado, debido a la falta de un marco regulatorio nacional específico y a los problemas operativos de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), organismo que sufrió intervenciones e intentos de disolución con el arribo de Javier Milei a la Presidencia.

Ante la parálisis, Green Health acusó a la provincia y a CanMe de haberle generado "falsas expectativas" sobre un plan de negocios irreal y de no realizar las gestiones necesarias ante la Nación, iniciando un reclamo administrativo, que se conoció que fue por 150 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios que fue rechazado, abriendo así el camino a la vía judicial previa en el Noveno Juzgado Civil.

En declaraciones públicas realizadas en fases anteriores del conflicto, el apoderado legal de Green Health, Ernesto Clavijo, expuso la postura de la compañía privada al cuestionar con dureza el rol de la empresa estatal. Clavijo afirmó oportunamente que el gobierno sanjuanino les otorgó un plazo inicial de investigación para luego avanzar indefectiblemente hacia la comercialización, una segunda etapa que nunca se concretó por falta de capacidad jurídica y normativa de la provincia. El representante denunció también que CanMe incurrió en un exceso de facultades al prometer permisos de comercialización que son competencia exclusiva del Ministerio de Salud de la Nación y del organismo regulador nacional ARICCAME. Asimismo, remarcó las pérdidas materiales sufridas por el emprendimiento, señalando la existencia de cerca de 3.500 kilos de flores de cannabis arruinadas en contenedores por no haber podido comercializarse a tiempo, sumado a la falta de aprovechamiento de maquinaria importada de alto valor económico.

Por su parte, la respuesta institucional de CanMe ante los reclamos de la firma privada fue fijada por su síndico, Jorge Amarfil, quien sostuvo en una entrevista con TIEMPO DE SAN JUAN que existía una marcada ansiedad por parte del sector privado y rechazó la "dramatización" del problema.

Amarfil aseguró que el convenio marco firmado entre CanMe y Green Health en mayo de 2021, con una duración estipulada de cinco años hasta mayo de 2026, corresponde estrictamente a un plan de cultivo con fines de investigación médica y científica, sin contemplar compromisos de producción comercial. El funcionario sostuvo que el Estado provincial cumplió plenamente su función al brindar el predio en El Acequión, el suministro hídrico, la energía eléctrica y el sistema de vigilancia del CISEM, y enfatizó que cualquier gasto adicional o expectativa comercial fue asumida a cuenta y riesgo propio por la empresa privada.

Finalmente, el síndico recordó que, al tratarse de una actividad altamente regulada por leyes nacionales y provinciales, las empresas deben adecuarse a los tiempos del Estado y que, una vez vencido el plazo contractual, ninguna de las partes puede exigirse compensaciones económicas de ningún tipo. De hecho, destacó que solo uno de cinco inversores se quejó por la situación.

En la actualidad, la agencia nacional ARICCAME comenzó a destrabar el otorgamiento de licencias comerciales tras un extenso período de parálisis e intervención, aprobando un nuevo marco regulatorio para la producción agrícola e industrialización de flores y materia vegetal con un límite máximo del 1% de THC.

Frente a esta actualización normativa a nivel federal,  CanMe reconfiguró su estrategia comercial para adaptarse a las exigencias nacionales, orientando sus proyectos e inversiones hacia el desarrollo de subproductos del cáñamo y productos del mercado cosmético, como geles y cremas ricas en CBD. Además, en este "reformateo" para sobrevivir, la empresa estatal busca producir en sus laboratorios fármacos básicos para poder proveer a Salud Pública.

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