Revés judicial por Aerolíneas Argentinas: el Gobierno asegura que aún puede evitar pagar US$ 390 millones
Pese al fallo desfavorable de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos por la estatización de la empresa en 2008, desde el Ejecutivo advirtieron que la disputa con el fondo Titan Consortium no está cerrada. Mientras la Procuración del Tesoro define los próximos pasos, la línea a…

Pese al fallo desfavorable de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos por la estatización de la empresa en 2008, desde el Ejecutivo advirtieron que la disputa con el fondo Titan Consortium no está cerrada. Mientras la Procuración del Tesoro define los próximos pasos, la línea aérea de bandera exhibe un superávit operativo histórico correspondiente al cierre de 2025.
Por Redacción
El Estado argentino sufrió un nuevo revés en los tribunales internacionales a raíz de lanacionalización de Aerolíneas Argentinasllevada a cabo en 2008. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó el recurso presentado por el país en el litigio contra el fondo Titan Consortium, acercando la obligación de pagar un monto superior a los US$ 390 millones. Sin embargo, desde el Gobierno nacional transmitieron cautela y aseguraron que el camino judicial aún no concluyó.
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"Vamos a seguir dando pelea. No nos quiten las espadas antes de que terminemos de pelear", señalaron desde el Ejecutivo a Infobae, dejando en claro que todavía existen instancias legales pendientes para intentar revertir o esquivar el millonario desembolso.
En sintonía con esta postura, fuentes de la Procuración del Tesoro confirmaron que el equipo jurídico se encuentra analizando todas las herramientas disponibles para mitigar el impacto de la sentencia. Entre las opciones procesales que baraja la defensa argentina se encuentra la solicitud de un rehearing en banc, una medida excepcional que implica pedirle al tribunal una nueva revisión del fallo con el pleno de sus jueces.
Se trata de la misma estrategia que utilizó, sin éxito, el fondo Burford Capital en el juicio por la expropiación de YPF ante la Cámara de Nueva York. En caso de que esta vía también sea desestimada, a la Argentina le quedaría la carta final de recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
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El conflicto legal tiene sus raíces en el proceso de estatización de 2008, cuando la aerolínea fue expropiada al grupo español Marsans. Años más tarde, en 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló en contra de la Argentina, condenándola a pagar aproximadamente US$ 321 millones más intereses. Tras el fracaso del pedido de anulación por parte del Estado, la resolución quedó firme en 2019.
Fue en 2021 cuando el escenario se trasladó a los tribunales estadounidenses. La firma Titan Consortium LLC adquirió los derechos del litigio y solicitó su ejecución en el Distrito de Columbia. En 2024, ese tribunal le dio la razón al fondo buitre: desestimó el argumento argentino de que la deuda había prescrito (el país sostenía que el plazo era de tres años, mientras que el fallo fijó que el término vigente era de doce) y reconoció el laudo del CIADI, actualizando el monto a US$ 390,9 millones, sumado a los intereses devengados hasta la fecha. La reciente decisión de la Corte de Apelaciones no hizo más que ratificar ese fallo de primera instancia.
El multimillonario costo para las arcas públicas contrasta con las condiciones en las que el grupo Marsans operaba la compañía antes de la expropiación. Según analizó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, la gestión privada española vació la empresa sistemáticamente. «Marsans utilizaba los aviones y los pasaba a Iberia, mientras que a Aerolíneas Argentinas le daban las aeronaves más antiguas y usadas«, explicó el especialista.
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El accionar de los directivos españoles —quienes posteriormente enfrentaron condenas penales en su país— incluyó la venta de activos estratégicos y valiosos, como simuladores de vuelo esenciales para la capacitación, rutas internacionales clave hacia Europa y oficinas comerciales en ciudades como Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas.
Al momento de abandonar la gestión, habiendo adquirido Aerolíneas y Austral en 2001 por el precio simbólico de un dólar, Marsans dejó a la compañía con su capacidad operativa diezmada y una deuda que rozaba los US$ 890 millones.
Mientras los abogados del Estado definen la estrategia en Washington, el presente financiero de Aerolíneas Argentinas muestra un escenario muy distinto al de las últimas décadas. La empresa estatal cerró el año 2025 con un superávit operativo de US$ 112,7 millones, logrando duplicar el resultado positivo de US$ 56,6 millones que había alcanzado el año anterior.
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Con este desempeño, la aerolínea encadenó su segundo saldo a favor consecutivo luego de 16 años ininterrumpidos de déficit. Los números oficiales destacan que, con una facturación superior a los US$ 2.200 millones, el 2025 marcó la primera vez desde la reestatización en la que no se requirieron transferencias de fondos por parte del Tesoro Nacional para sostener el funcionamiento.
Este hito representa un quiebre en la dinámica financiera de la compañía que, entre 2008 y 2023, promedió un rojo operativo de US$ 400 millones anuales y le demandó al Estado aportes por más de 8.000 millones de dólares.
Además de lograr la autosustentabilidad operativa, la firma logró achicar su deuda bancaria y financiera en un 41% durante el último año, pasando de US$ 341,9 millones a US$ 207,4 millones, consolidando así el proceso de saneamiento de sus cuentas internas.
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El Estado argentino sufrió un nuevo revés en los tribunales internacionales a raíz de lanacionalización de Aerolíneas Argentinasllevada a cabo en 2008. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó el recurso presentado por el país en el litigio contra el fondo Titan Consortium, acercando la obligación de pagar un monto superior a los US$ 390 millones. Sin embargo, desde el Gobierno nacional transmitieron cautela y aseguraron que el camino judicial aún no concluyó.
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Fuente: Río Negro
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