Rige desde hoy la Ley Penal Juvenil: los cambios clave para los adolescentes acusados de delitos

Después de meses de expectativa, el nuevo Régimen Penal Juvenil entró en vigencia este sábado en todo el país y bajó de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad. La Ley 27.801 reemplaza al régimen que regía desde la última dictadura militar y establece por primera vez un esquema de penas graduadas para los adolescentes que cometan delitos entre esa edad y los 18 años.

La norma había sido sancionada por el Congreso el 27 de febrero, con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención en el Senado, y se promulgó a través del Decreto 138/2026, firmado por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Tras su publicación en el Boletín Oficial el 9 de marzo, la ley estableció en su artículo 52 un plazo de 180 días antes de entrar en vigor, motivo por el cual comenzó a regir recién este sábado.

Un debate que llevaba años sin resolverse

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La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad no era nueva. Distintos gobiernos habían intentado avanzar con reformas similares desde el retorno de la democracia, sin éxito, por los desacuerdos entre posiciones más punitivas y sectores que priorizaban un enfoque de protección de derechos de la niñez. En esta oportunidad, el Gobierno nacional impulsaba originalmente bajar el piso a los 13 años, pero terminó aceptando elevarlo a 14 para garantizar su aprobación legislativa.

Con este cambio, la Argentina se suma a un grupo de países de la región —entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana— donde la edad de imputabilidad también es de 14 años. En otros, como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá, el piso es incluso más bajo, de 12 años.

Cómo funcionarán las penas

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La ley prohíbe la prisión y la reclusión perpetuas y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad para los delitos más graves, como homicidios, abusos sexuales o secuestros, mientras que para el resto de los delitos el tope será de diez años. Además, reconoce la minoría de edad como un atenuante obligatorio a la hora de fijar la pena.

Para los delitos con penas de hasta tres años de prisión, la privación de la libertad podrá ser reemplazada por otras sanciones si se cumplen los requisitos legales. Cuando la pena prevista supere los tres años y llegue hasta diez, también podrán aplicarse alternativas, aunque bajo condiciones más estrictas: se evaluará la ausencia de muerte o violencia grave, los antecedentes del adolescente y la existencia de otros procesos judiciales con procesamiento firme, además de requerirse una evaluación pericial, la conformidad de la fiscalía y la opinión de la víctima.

Entre las sanciones alternativas a la detención, la norma prevé prohibiciones de acercamiento, restricciones para concurrir a determinados lugares, servicios comunitarios, reparación del daño y la amonestación formal del juez, que en todos los casos deberá combinarse con al menos otra medida. También se incorpora el monitoreo electrónico, que podrá aplicarse como sanción autónoma o para controlar el cumplimiento de otras penas.

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Reinserción, supervisión y responsabilidad de los padres

La ley pone el foco en la resocialización antes que en el castigo: contempla actividades educativas, capacitación laboral y acompañamiento interdisciplinario para los adolescentes, junto con supervisores especializados designados por la Justicia. Cuando corresponda la privación de la libertad, los jóvenes deberán permanecer en establecimientos especialmente acondicionados, con personal capacitado y separados de los adultos.

La norma también protege la identidad de los adolescentes imputados, al prohibir la publicación de sus nombres, apodos, domicilios, fotografías u otros datos personales. En paralelo, refuerza los derechos de las víctimas, que podrán acceder a asistencia especializada, participar del proceso y, en determinadas circunstancias, intervenir en instancias de mediación penal juvenil. La ley establece además que los padres de los adolescentes procesados serán civilmente responsables por los daños derivados de los delitos de sus hijos, conforme a lo previsto en el Código Civil y Comercial, y crea un registro de antecedentes juveniles que se cancelará automáticamente al cumplir los 21 años.

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La implementación no será uniforme en todo el país: la ley invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones procesales y normas administrativas a los principios del nuevo régimen, lo que abre interrogantes sobre la disponibilidad de estructuras, profesionales e institutos preparados para recibir a adolescentes de 14 y 15 años en cada jurisdicción.

Las repercusiones políticas

Tras la entrada en vigencia, la senadora Patricia Bullrich celebró la medida a través de sus redes sociales. "Desde hoy no importa la edad. Si delinquís, las pagás. Se terminó la excusa de la edad para delinquir. El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace", escribió, y agregó que "la ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes".

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Distintos organismos de defensa de los derechos de la niñez, como UNICEF, habían advertido en su momento sobre los riesgos de bajar la edad de imputabilidad para los derechos de los adolescentes, en línea con las críticas que sectores progresistas y organizaciones de la sociedad civil vienen planteando desde que comenzó a discutirse la reforma.

Fuente: El Territorio

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