Río Negro: despidieron a una empleada judicial por cobrar tres sueldos

Tras devolver $45 millones percibidos de manera irregular, la mujer acordó una probation y abonará otros $500 mil para cerrar la causa penal.

Una empleada judicial que fue despedida del Poder Judicial por tener tres trabajos en forma simultánea (la ley que regula el empleo judicial prohíbe a sus integrantes ejercer otros cargos o actividades remuneradas, salvo determinadas tareas académicas) acordó la suspensión del juicio a prueba o probation en la causa judicial que se le inició por defraudación pública.

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La mujer trabajaba en los tribunales de Cipolletti, pero al mismo tiempo cobraba sueldos de una municipalidad neuquina y de una obra social. El Poder Judicial la cesanteó, le exigió devolver más de $45 millones y promovió una causa penal por defraudación contra la administración pública. Ahora, la exempleada acordó pagar otros $500.000 y cumplir una serie de pautas para evitar el juicio.

Su identidad no se difunde porque el juez de Garantías Juan Puntel dispuso la reserva por cuestiones vinculadas con su salud. El caso se inició a partir de una investigación administrativa realizada dentro del Poder Judicial, que derivó en su cesantía, en el reintegro del perjuicio económico y en una denuncia penal.

Según la acusación del fiscal Diego Vázquez, la exempleada utilizó distintas licencias para ausentarse de su puesto judicial mientras, de manera paralela, trabajaba en otras dos instituciones y percibía remuneraciones simultáneas.

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Según se desprende de la acusación fiscal, la exempleada «se valió de diversas licencias para ausentarse de su puesto laboral, con intenciones de defraudar a la Administración Pública. En esas circunstancias, mientras usufructuaba esas licencias, paralelamente fue designada como empleada de la Municipalidad de San Martin de los Andes (periodo Junio 2022 a Octubre 2022) y luego en la Obra Social de Petroleros Privados (periodo Octubre 2022 a Agosto 2024), percibiendo durante estos lapsos remuneraciones simultáneas.

«Todo lo expresado, lo realizó a sabiendas de que le estaba vedada la posibilidad de ejercer cualquier otro cargo que que no sea dentro del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, cometiendo fraude contra la administración pública por un importe neto percibido hasta el 31/01/2025 de $20.669.213.51 (pesos veinte millones, seiscientos sesenta y nueve mil, doscientos trece, con cincuenta y un centavos)», describió la fiscalía.

El proceso administrativo avanzó de manera independiente a la causa penal. En esa instancia, el Superior Tribunal de Justicia determinó el perjuicio económico y dispuso la cesantía de la empleada.

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La mujer acordó devolver al erario público $45.278.300,45, una suma que comprendió el capital y los intereses calculados sobre los salarios que había cobrado del Poder Judicial durante los períodos en los que también desempeñaba otros trabajos.

Propuso cancelar el monto en cuatro cuotas mensuales. Pagó las dos primeras dentro del plazo previsto y anticipó las dos restantes.

Tras la devolución total del dinero, a finales de 2025 la Fiscalía de Investigaciones Administrativas dio por concluida su intervención. Ese organismo había iniciado las actuaciones luego de recibir una comunicación del Superior Tribunal de Justicia sobre una posible afectación a los fondos públicos.

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La restitución del dinero no cerró la investigación penal. En esa causa, iniciada por el delito de defraudación contra la administración pública, la exempleada solicitó la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation.

El acuerdo, definido semanas atrás, le permitirá evitar el juicio siempre que cumpla durante el plazo establecido con las condiciones impuestas.

Entre las pautas deberá fijar un domicilio y no modificarlo sin informar previamente, abstenerse de consumir estupefacientes y alcohol y someterse al control de la oficina especializada en suspensiones de juicio a prueba de Neuquén, debido a su actual lugar de residencia.

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Además, deberá pagar una reparación económica de $500.000, dividida en dos cuotas consecutivas de $250.000. La primera venció el 15 de julio y la segunda deberá abonarse antes del 15 de agosto de 2026.

El dinero será destinado al Jardín de Infantes N.º 15 Valle de Ensueño de Cipolletti. Si cumple todas las condiciones durante el período fijado, la causa penal podrá extinguirse sin que se realice el juicio.

Cuando el Superior Tribunal de Justicia dispuso la cesantía, la resolución administrativa fue publicada con el nombre y los datos completos de la empleada. Sin embargo, en la causa penal presentó un certificado médico y solicitó que se preservara su identidad. El juez Juan Puntel admitió el planteo y ordenó el anonimato de las actuaciones por razones vinculadas con su salud mental.

Fuente: Diario Panorama

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