Robaron armas que estaban bajo custodia de un Juzgado de Santa Cruz: exigen saber si hubo sumarios y quién deb

El robo de armas que deb�an permanecer bajo custodia de la Justicia de Santa Cruz vuelve a generar interrogantes.

Casi dos a�os despu�s del esc�ndalo que sacudi� a R�o Turbio y deriv� en allanamientos y detenciones, el Colegio P�blico de la Abogac�a de Santa Cruz (CPASC) realiz� una presentaci�n formal ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Esta vez la pregunta apunta directamente hacia el funcionamiento interno del Poder Judicial: �se investig� c�mo pudieron desaparecer las armas y qui�n ten�a la responsabilidad de custodiarlas?

La presentaci�n fue realizada mediante la Nota N� 092/26-CPASC, ingresada el pasado 15 de septiembre.

Seg�n inform� oficialmente el Colegio, solicit� al m�ximo tribunal provincial informaci�n sobre las investigaciones administrativas y/o disciplinarias que se hubieran realizado como consecuencia de la sustracci�n de armas que estaban bajo custodia del Juzgado de Instrucci�n Penal de R�o Turbio.

Pero el planteo no termina all�.

La entidad tambi�n pidi� conocer en qu� condiciones se encontraban guardadas las armas, qu� mecanismos de control exist�an y si fueron investigadas eventuales responsabilidades funcionales por lo sucedido.

El reclamo vuelve as� sobre una cuesti�n especialmente sensible: las armas no hab�an sido sustra�das de una vivienda particular o un comercio, sino de un lugar en el que deb�an permanecer bajo custodia judicial.

El caso hab�a tenido fuerte repercusi�n en diciembre de 2024 y fue informado entonces por El Diario Nuevo D�a.

La investigaci�n deriv� en el operativo denominado "Empleado Infiel", que incluy� seis allanamientos y termin� con seis personas detenidas.

Entre ellas hab�a dos efectivos policiales y un empleado judicial, investigados por su presunta participaci�n en la comercializaci�n clandestina de armas que hab�an sido sustra�das del dep�sito judicial.

El episodio provoc� adem�s una fuerte controversia institucional.

En aquel momento, Judiciales de Santa Cruz lleg� a solicitar al Tribunal Superior de Justicia el inicio de un jury de enjuiciamiento contra la entonces titular del Juzgado Provincial N� 1 de Instrucci�n y Penal Juvenil de R�o Turbio, Betina Bustos, a ra�z de las presuntas irregularidades denunciadas en torno al funcionamiento del organismo.

Ahora aparece un nuevo cap�tulo.

La presentaci�n del Colegio de la Abogac�a pone el foco precisamente sobre lo que ocurri� administrativamente despu�s de aquella investigaci�n penal.

Una cosa es determinar qui�n pudo haber sustra�do o comercializado las armas.

Otra diferente es establecer c�mo elementos que estaban bajo custodia de la Justicia pudieron salir del lugar en el que deb�an permanecer resguardados y si existieron fallas o responsabilidades internas que lo hicieron posible.

Eso es lo que ahora el CPASC pretende conocer.

El Colegio solicit� expresamente informaci�n sobre las investigaciones administrativas o disciplinarias desarrolladas a ra�z del episodio y sobre las condiciones de guarda y control existentes.

Tambi�n pidi� saber si fueron analizadas eventuales responsabilidades funcionales.

Existe adem�s un dato que vuelve particularmente relevante el momento elegido para realizar la presentaci�n.

Seg�n inform� el propio Colegio, el pedido fue formulado luego de que se hiciera p�blica la terna correspondiente al Concurso M�ltiple N� 115 del Consejo de la Magistratura.

El CPASC no inform� p�blicamente una conclusi�n sobre responsabilidades individuales a partir de ese concurso, pero s� vincul� temporalmente la solicitud de informaci�n con la publicaci�n de la terna.

La presentaci�n obliga ahora a volver sobre un episodio que hab�a tenido enorme repercusi�n penal, pero sobre el cual queda una pregunta institucional de fondo:

�qu� determin� el Poder Judicial sobre la custodia de las armas y las responsabilidades internas despu�s de que se descubriera que hab�an sido sustra�das?

El planteo forma parte de una serie de presentaciones realizadas durante los �ltimos d�as por el Colegio P�blico de la Abogac�a ante el Tribunal Superior de Justicia.

Tambi�n hubo reclamos relacionados con demoras judiciales, funcionamiento de juzgados, recursos y otras dificultades planteadas por profesionales de distintas localidades.

Pero el caso de R�o Turbio tiene una particularidad.

Involucra elementos vinculados con expedientes judiciales que estaban bajo resguardo de un organismo encargado precisamente de custodiar pruebas y garantizar su preservaci�n.

Por eso, casi dos a�os despu�s del operativo que puso el caso en conocimiento p�blico, la discusi�n ya no pasa solamente por recordar que las armas desaparecieron.

La pregunta que vuelve a quedar sobre la mesa es qu� investigaci�n interna se realiz�, qu� concluy� y si finalmente se estableci� qui�n deb�a garantizar que esas armas nunca salieran del dep�sito judicial.