Salud Mental: el Gobierno busca cambiar las condiciones para internar pacientes sin su consentimiento
El Ejecutivo quiere reactivar el proyecto durante octubre. Propone modificar el criterio de riesgo para las internaciones involuntarias. Todavía no es ley.
El Gobierno busca impulsar durante octubre la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental. Entre los cambios centrales aparece una modificación de las condiciones que permiten internar a una persona sin su consentimiento.
El Ejecutivo considera que la iniciativa tiene posibilidades de avanzar en el Senado, junto con la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.
La reforma sigue siendo un proyecto: las modificaciones propuestas no deben confundirse con reglas que ya estén vigentes.
Según la versión revisada que el Ministerio de Salud presentó a las provincias en septiembre, la internación seguiría siendo un recurso terapéutico excepcional.
El cambio consiste en reemplazar el criterio de "riesgo cierto e inminente" por el de "riesgo grave de daño" para decidir una internación involuntaria.
También se contempla que, en una evaluación de urgencia realizada por un único médico, la medida pueda concretarse con una posterior validación interdisciplinaria dentro de las 48 horas.
La propuesta incorpora directivas anticipadas para aceptar o rechazar tratamientos y designar personas de apoyo. El equipo deberá respetarlas, salvo la excepción de riesgo grave para la vida o la integridad física propia o de terceros.
Además, mantiene la prohibición de crear manicomios y exige que las instituciones de internación incorporen dispositivos ambulatorios.
El texto reconoce responsabilidades familiares, pero aclara que no reemplazan el deber del Estado de garantizar apoyos cuando esa red no exista o no pueda asumir los cuidados.
San Juan estuvo representada en la discusión federal de los cambios. El ministro Amílcar Dobladez Zunino participó del encuentro del Consejo Federal de Salud del martes 15 de septiembre, donde se presentó la versión revisada.
Esa participación no implica una adhesión provincial a todos sus artículos. Sí ubica a la provincia en el intercambio sobre cómo aplicar una eventual reforma en los servicios de atención.
El próximo paso depende del avance parlamentario. La intención del Gobierno de priorizar el proyecto todavía no equivale a su aprobación.
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Fuente: Tiempo de San Juan
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