Salud mental: especialistas de Rosario rechazan la modificación de la ley

Docentes y organismos cuestionaron que el proyecto del oficialismo habilita las internaciones involuntarias y patologiza padecimientos como la ludopatía

Por Matías Petisce

Las reformas a la ley de salud mental generaron el rechazo de todo un colectivo de profesionales y usuarios.

Diferentes actores que forman parte del colectivo de salud mental de Rosario rechazaron la media sanción que el Senado nacional le otorgó a las modificaciones que el gobierno introdujo en la ley salud mental. Si bien admitieron que la norma "sigue garantizando derechos", aseguraron que la disputa de sentido va de la mano del modelo médico hegemónico.

Aseguraron que con esas modificaciones el gobierno intenta darle paso a la telemedicina, en la cual se pretende dejar de lado la construcción y el acompañamiento social y comunitario por sobre el trato individual al padecimiento subjetivo de la población.

La votación salió favorable para el oficialismo, que introdujo algunas modificaciones respecto al proyecto que pretendía aprobar desde el vamos, y contó con 42 votos a favor y 21 en contra. La norma, consideraron las fuentes consultadas, "patologiza" ciertos padecimientos subjetivos tales como la ludopatía, introduce la creación de hospitales monovalentes, es decir, conocidos como manicomios y permite las internaciones involuntarias para casos "excepcionales", aunque delega esa facultad a un médico psiquiatra y releva a todo un equipo interdisciplinario como era hasta entonces.

"Para Rosario y la provincia, en términos reales, no modifica ni beneficia en nada y tampoco provoca ningún impacto. A su vez, el Estado nacional delega responsabilidades competentes y cargas a las provincias y a las familias, a quienes responsabiliza por el paciente a la hora de tomar decisiones", sostuvo en declaraciones a La Capital la psicoanalista Paula Sagué, que además es docente y secretaria de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

En ese marco, indicó que la ley sigue garantizando derechos, pero esa autonomía queda totalmente vulnerada al permitir internaciones involuntarias por meras sospechas de crisis futuras y someter a los pacientes a la tutela familiar al momento del alta, más allá del planteo esgrimido por la senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien aseguro que esa intervención "será excepcional" y que los hospitales monovalentes que prevén crear "no son manicomios".

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Justamente este fue uno de los puntos de rechazo a la reforma por delegar directamente la decisión de internación a un médico psiquiatra y relevar de esa responsabilidad a todo un gabinete interdisciplinario.

Sagué destacó que el fruto de la resistencia colectiva obligó al gobierno nacional a modificar el proyecto inicial, pero aclaró que hay inconsistencias que ponen en duda el cumplimiento pleno del proyecto que tuvo media sanción este jueves en la Cámara alta.

"Excluye la representación de las organizaciones de usuarios del Órgano de Revisión, incumpliendo la convención de Discapacidad, y también excluye a los organismos de derechos humanos", comentó.

Entre otros puntos, mencionó que incluye un nuevo artículo que obliga a crear un fondo de asistencia a las provincias, que es positivo y necesario, pero advirtió: "Ya sabemos lo que va a suceder con ese artículo: lo mismo que pasó con la emergencia en discapacidad".

En un marco de profundo escepticismo, analizó que esta media sanción "no resuelve los problemas existentes ni retrotrae medidas que perjudicaron al sistema como el cierre del programa Remediar y Risam, la desregulación de prepagas y baja de pensiones".

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Por eso reclamó la continuidad de la discusión en la Cámara de Diputados. Para ello reclamó mayor inversión, planificación, políticas públicas que fortalezcan la atención en salud mental para no agregar reformas que sumen mayores dificultades en un escenario donde el padecimiento subjetivo es cada vez más pronunciado.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Psicólogos de Rosario, Natalia Palma, recordó que de todas las modificaciones que el oficialismo hizo desde abril a la actualidad, no se contempla la voz de quienes se encuentran en el campo de acción en materia de salud mental.

"La primera inconstitucionalidad de la ley es que al Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones no se lo consulta. Es un retroceso en sentido amplio más allá de lo que pretenden mostrar. Entendemos que esta reforma es el cambio de sentido y disputa en el campo de la salud, marcada en el mapa de desmantelamiento de la vida, entre ellos los índices de suicidio y padecimientos pospandemia. Esto va de la mano de vaciamiento del Estado y programas que sostenían diversas estructuras que hace que puedan construirse procesos de vida", argumentó Palma.

En ese marco señaló que ese cambio de sentido se identifican en términos de patologización, tales como el concepto de "padecimiento por trastorno", al cambiar una mirada social por una problemática individual, al igual que el concepto de "enfermos mentales".

"Para llevar adelante todo un entramado de salud mental se necesitan equipos interdisciplinarios y abordajes comunitarios, y se necesitan de otros ministerios que se conforman a partir de una comisión, que hoy no está funcionando (la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones, Conisma) y quedó prácticamente desmantelada", puntualizó.

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Aseguró que el desfinanciamiento y la falta de presupuesto ponen en jaque la atención primaria, que supone una puerta de entrada al sistema de salud para favorecer un espacio de cercanía entre la comunidad y los agentes.

Asimismo, sostuvo que esta disputa de sentido viene de la mano de un "modelo médico hegemónico" de quiénes son los capacitados en llevar procesos de salud: "Tratamos de hacer una lectura crítica en relación a lo que está en juego. En el caso de la teleconsulta, desterritorializa un modelo de intervención y construcción de los abordajes comunitarios, para darle paso a la telemedicina".

Otro de los puntos polémicos del proyecto que tiene media sanción es el sistema tutelar al entender que "excluye a las familias a la hora de tener en cuenta su opinión, pero sí la responsabiliza respecto al usuario o paciente en pleno padecimiento. Por eso acá hay un cruce en la convención de las personas con discapacidad.

"Suman las ludopatías, con lo cual patologiza la cuestión del juego, en lugar de regular los entornos digitales, que es por donde se debe empezar para abordar la problemática", cuestionó, al recordar que hace dos años el Congreso trató el tema pero aún no logró materializar una ley para regular plataformas digitales.

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