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San Juan ante la encrucijada de la Ley de Tierras en el Senado: un voto a favor y dos probables rechazos

El senador libertario Bruno Olivera defendió la iniciativa oficial argumentando el respeto a la propiedad privada y la autonomía provincial, mientras que Uñac y Giménez mantendrían la disciplina de bloque opositor.

Por Tiempo de San Juan3 min de lectura
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San Juan ante la encrucijada de la Ley de Tierras en el Senado: un voto a favor y dos probables rechazos
San Juan ante la encrucijada de la Ley de Tierras en el Senado: un voto a favor y dos probables rechazos · Foto: Tiempo de San Juan

El próximo jueves 6 de agosto de 2026, el Senado de la Nación someterá a votación el proyecto oficial denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el cual busca modificar y derogar puntos centrales de la actual Ley de Tierras. En este escenario de paridad extrema, donde el oficialismo negocia cada adhesión tras haber postergado el debate en julio por falta de apoyos, la posición de los representantes de San Juan resulta determinante para el desenlace de la sesión.

Ante la consulta realizada sobre el sentido de su voto, los tres senadores nacionales por la provincia mostraron posturas divididas. El legislador libertario Bruno Olivera confirmó que votará a favor de la iniciativa gubernamental. Entre sus argumentos, Olivera destacó que la norma busca devolver a las provincias la decisión sobre su propio territorio, de manera similar a lo ocurrido con la ley de glaciares, eliminando la centralidad de la Nación. Asimismo, sostuvo que la ley mantiene una prohibición absoluta para que Estados extranjeros adquieran tierras, pero defendió la inversión de empresas privadas extranjeras basándose en el artículo 20 de la Constitución Nacional, que garantiza los mismos derechos civiles a ciudadanos argentinos y extranjeros.

"Voy a votar a favor los motivos varios. Primero y lo más importante es que vamos a hacer algo similar a la Ley de Glaciares, vamos a sacar la centralidad de nación y le vamos a devolver a las provincias la decisión sobre su propio territorio. Después, en materia de soberanía territorial esta ley establece una prohibición clara, absoluta y sin excepciones, los Estados extranjeros no pueden adquirir tierras rurales en la República Argentina. Y, por último, si una empresa extranjera quiere venir a invertir en el pais y trabajar la tierra no encuentro motivo para negarle esa inversión, esta escrito en el artículo 20 de nuestra Constitucion Nacional que los extranjeros gozan los mismos derechos civiles que los ciudadanos argentinos", argumentó el senador libertario.

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Por el contrario, los senadores peronistas Sergio Uñac y Celeste Giménez no respondieron a la consulta de TIEMPO DE SAN JUAN, aunque su posición se deduce del rechazo unánime planteado por el bloque Justicialista al que pertenecen. El interbloque de la oposición, liderado por José Mayans, suma un núcleo duro de rechazos al que podrían plegarse otros senadores aliados que también han manifestado su descontento con la propuesta oficial.

El centro de la polémica se da en que el proyecto busca eliminar el tope actual del 15% para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, permitiendo además la adquisición en zonas de seguridad de frontera o áreas que contienen recursos estratégicos. Frente a esto, sectores de la oposición han presentado proyectos alternativos que proponen un régimen de protección absoluta sobre infraestructuras críticas, como yacimientos de litio, gas, petróleo y acuíferos, así como mantener límites estrictos en la zona núcleo productiva.

El gobierno nacional enfrenta dificultades para asegurar la aprobación ya que varios bloques aliados exigen modificaciones sustanciales. Algunos senadores que suelen colaborar con la Casa Rosada pretenden fijar un nuevo tope de entre el 20 y el 30 por ciento para la venta de tierras a extranjeros por provincia, rechazando la liberación total que impulsa el Poder Ejecutivo. Con un conteo previo que muestra una resistencia firme de al menos 33 legisladores, el oficialismo se encuentra en una situación de vulnerabilidad parlamentaria que pone en riesgo la sanción de la norma si no se aceptan cambios en el recinto.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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