Se busca blindar las tierras rurales de Tierra del Fuego | Diario del Fin del Mundo

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ientras el Senado de la Nación se prepara para debatir el proyecto oficial de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que propone una profunda flexibilización de la Ley de Tierras, en la Legislatura de Tierra del Fuego ingresó una iniciativa que avanza en sentido exactamente contrario: reforzar los controles sobre la adquisición de tierras rurales y preservar el dominio territorial como un activo estratégico de la provincia.

El proyecto, impulsado por el legislador Juan Matías Lapadula, crea un régimen especial de protección del patrimonio territorial, la soberanía y el patrimonio rural fueguino, con el objetivo de impedir procesos de extranjerización que puedan comprometer intereses vinculados a la defensa, el ambiente, los recursos naturales y la integridad territorial.

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La iniciativa se apoya en un fuerte argumento geopolítico. En sus fundamentos sostiene que la tierra "no constituye una mercancía cualquiera", sino el soporte sobre el que se ejerce la soberanía y se administran los recursos estratégicos. También destaca la condición única de Tierra del Fuego como provincia bicontinental, puerta de acceso a la Antártida y parte del territorio sobre el que Argentina mantiene el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.

El texto propone declarar al territorio provincial como un activo estratégico de interés público y establece un régimen de control para toda operación que implique la adquisición, transmisión o cambio de control de tierras rurales consideradas estratégicas.

Entre las principales medidas se encuentran la obligación de identificar al beneficiario final de las operaciones, aun cuando intervengan sociedades o fideicomisos; la creación de un Registro Provincial de Titularidad de Activos Territoriales Estratégicos; la conformación de un Comité Asesor integrado por organismos técnicos, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y el CADIC-CONICET; y la nulidad de los actos que se realicen en violación de la futura ley.

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Uno de los puntos centrales del proyecto es que toda operación sobre tierras rurales estratégicas que pueda afectar intereses públicos deberá ser autorizada por la Legislatura mediante el voto favorable de los dos tercios de la totalidad de sus integrantes, luego de una evaluación técnica que contemple impactos territoriales, ambientales, hídricos, científicos y de defensa nacional.

La iniciativa también incorpora un listado de áreas consideradas estratégicas, entre ellas las áreas naturales protegidas, bosques nativos, turberas, humedales, reservas hídricas, cabeceras de cuencas, sectores costeros, sitios de interés científico y espacios vinculados con la defensa nacional, donde las operaciones quedarían sujetas a un régimen especial de protección.

Contraste con el proyecto nacional

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El proyecto Lapadula se presenta en un escenario de fuerte debate por la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, que el Senado prevé tratar el próximo 6 de agosto.

La iniciativa nacional propone eliminar el límite del 15% para la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros, flexibilizar las restricciones para adquirir inmuebles ubicados en zonas de frontera, cuerpos de agua y áreas estratégicas, y limitar la definición legal de extranjero prácticamente a los Estados, permitiendo que corporaciones internacionales, fondos de inversión y capitales privados puedan operar sin las restricciones vigentes.

Además, incorpora el criterio de silencio administrativo positivo, mediante el cual determinados permisos se considerarían aprobados automáticamente si la autoridad competente no se pronuncia dentro de los plazos establecidos.

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El proyecto presentado en Tierra del Fuego adopta la lógica inversa. En lugar de flexibilizar los controles, amplía las herramientas de fiscalización, exige transparencia sobre la composición societaria y los beneficiarios finales de cada operación, incorpora evaluaciones ambientales y geopolíticas obligatorias y reserva a la Legislatura la decisión final sobre las operaciones que involucren activos territoriales estratégicos.

En los fundamentos, la iniciativa sostiene que la Provincia debe ejercer plenamente las competencias que le reconoce la Constitución para proteger su territorio y afirma que "no existe desarrollo económico posible sin soberanía territorial". Incluso concluye con una definición política explícita al rechazar cualquier política pública nacional que considere a la tierra rural únicamente como un activo económico, desprovisto de su dimensión estratégica, ambiental y geopolítica.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo

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