Se define la fecha de la decisión sobre la continuidad del proyecto Sea Lion en Malvinas

Definirán si el proyecto puede seguir según su cronograma o si será paralizado hasta que se resuelva la disputa de fondo por la soberanía del archipiélago.

Por LM Neuquen12 de noviembre de 20266 min de lectura

Se define la fecha de la decisión sobre la continuidad del proyecto Sea Lion en Malvinas · Foto: LM Neuquén

Definirán si el proyecto puede seguir según su cronograma o si será paralizado hasta que se resuelva la disputa de fondo por la soberanía del archipiélago.

La delegación argentina en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó para el sábado 28 de noviembre la fecha para fallar sobre las medidas provisionales que solicitó la Argentina para suspender el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

Así lo anunció este martes el presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga, al finalizar la segunda y última jornada de audiencias en Hamburgo, Alemania. La confirmación puso un plazo de 17 días para que los jueces del tribunal deliberen sobre la petición del Gobierno argentino, que esta mañana presentó su alegato oral.

La definición llegará con relativa rapidez. El tribunal no tiene un plazo establecido para pronunciarse y, como referencia, en el caso de la Fragata Libertad la resolución demoró aproximadamente tres semanas.

En su exposición final, la delegación argentina pidió a los jueces que dicten cuatro medidas cautelares: impedir el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion, prohibir el uso de la información obtenida de la exploración de recursos naturales, permitir la participación argentina en la protección del medio marino en disputa y exigir al Reino Unido que se abstenga de adoptar nuevas decisiones que agraven el conflicto.

El argumento central fue la urgencia. El jurista neerlandés Nicolaas Jan Schrijver advirtió que "una vez se haya perforado el primer pozo de explotación, ya no habrá ningún statu quo que preservar". Y agregó: "Sólo este tribunal puede actuar a tiempo para evitarlo. Si no es ahora, nunca lo será".

Según explicó Schrijver, el proyecto, cuya inversión definitiva fue aprobada en 2025, será ejecutado por la petrolera israelí Navitas (65%) y la británica Rockhopper (35%). El plan prevé extraer más de 300 millones de barriles de petróleo en 30 años, mediante hasta 26 pozos y un sistema de producción instalado en el lecho marino. Para la delegación argentina, el perjuicio sería irreparable: la plataforma continental quedaría modificada de forma permanente y ninguna resolución posterior podría revertirlo.

Por su parte, el jurista Marcelo Gustavo Kohen aclaró que la Argentina no le pide al tribunal que se pronuncie sobre la soberanía para ordenar las medidas provisionales.

Sí recordó que las islas siguen en la lista de territorios no autónomos de la ONU pendientes de descolonización, y citó la resolución 31/49, que insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales mientras dure la disputa. También criticó que los alegatos británicos no hicieran mención de la existencia de la controversia, a la que describió como "el elefante en la habitación".

El asesor legal de la Cancillería y agente argentino ante el tribunal, Mario Oyarzábal, explicó que el país acreditó los cuatro requisitos exigidos para dictar medidas provisionales: competencia prima facie, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo real e inminente de perjuicio irreparable y urgencia. Rechazó además que el Reino Unido plantee el caso como un litigio sobre soberanía, y reiteró la oferta de negociar "todos los aspectos" de la controversia.

Fuentes de la delegación argentina señalaron que el pedido busca obtener medidas provisionales mientras avanza el procedimiento arbitral internacional ya iniciado, y que el reclamo "no comienza ni termina con esta resolución". Agregaron que el país seguirá usando las herramientas jurídicas y diplomáticas a su alcance.

La delegación argentina en Hamburgo estuvo integrada por Oyarzábal; la embajadora en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy; el asesor jurídico Agustín Giustiniani; y los internacionalistas Kohen y Schrijver. Del lado británico estuvieron los representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, junto con la Attorney General, Ellie Reeves, y los funcionarios del gobierno de las islas Simon Young, fiscal general, y Jack Ford, miembro de su Asamblea Legislativa.

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