Se elevan a 11 los detenidos por grooming y abuso sexual en Villa de María de Río Seco

La investigación por grooming y abuso sexual contra adolescentes en Villa de María de Río Seco, en el norte de la provincia de Córdoba, sumó este viernes dos nuevos detenidos y ya son 11 los hombres que quedaron tras las rejas por orden de la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede.

La funcionaria judicial había ordenado tres allanamientos para la mañana de este viernes. Los procedimientos se realizaron en la pequeña ciudad del norte provincial y tuvieron como objetivo concretar tres nuevas detenciones.

Sin embargo, hasta el momento sólo dos de las capturas pudieron concretarse.

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Un tercer sospechoso permanece prófugo y es buscado por los investigadores.

Los tres hombres alcanzados por las nuevas órdenes de detención son vecinos de la localidad: dos trabajan como remiseros y el restante es peón rural.

De esta manera, la investigación que había comenzado a partir de la búsqueda de paradero de una adolescente de 14 años y que primero derivó en siete detenciones, luego llegó a nueve y ahora acumula 11 acusados detenidos.

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Y el número podría seguir creciendo.

"No se descartan nuevos procedimientos", indicaron fuentes vinculadas con la investigación. La Fiscalía todavía trabaja sobre una importante cantidad de evidencia recolectada, entre ella filmaciones de cámaras de seguridad, teléfonos celulares secuestrados y registros de GPS.

La apertura y análisis de esos dispositivos será ahora una de las claves para reconstruir la dimensión completa de los hechos y establecer si existen otros adultos involucrados.

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En paralelo, la causa abrió en las últimas horas una nueva y delicada línea de investigación que alcanza al ámbito sanitario.

Los investigadores intentan determinar en qué circunstancias las tres adolescentes identificadas como víctimas tenían colocados chips anticonceptivos.

A raíz de este hallazgo, quedó bajo investigación personal del Hospital Municipal del Norte.

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La Fiscalía procura reconstruir cómo, cuándo y bajo qué circunstancias se realizaron esos procedimientos.

Por el momento, no se informaron imputaciones contra integrantes del establecimiento sanitario. La pesquisa se encuentra dirigida a determinar las circunstancias en las que se produjo la colocación de los anticonceptivos y si existió alguna irregularidad vinculada con esos procedimientos.

Esta nueva línea se incorpora a una investigación que creció de manera acelerada desde fines de julio y que todavía permanece abierta.

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La causa ya tiene tres adolescentes identificadas como víctimas. Sin embargo, en el despacho de Cepede no descartan que puedan aparecer otras chicas a medida que avance el análisis de teléfonos, comunicaciones y otros elementos secuestrados.

Todo comenzó con la desaparición momentánea de una adolescente de 14 años. Su familia había denunciado que la chica no regresaba a su casa y se puso en marcha una búsqueda de paradero.

La adolescente finalmente fue localizada.

Pero cuando su padre revisó el teléfono celular aparecieron conversaciones que cambiaron por completo el rumbo de la investigación.

Según la pesquisa, había mensajes, imágenes y contactos de contenido sexual mantenidos con distintos hombres adultos.

A partir de allí, Cepede comenzó a reconstruir una trama que rápidamente excedió aquel episodio inicial.

Las primeras medidas terminaron con siete detenidos.

Posteriormente, la Fiscalía identificó a otras dos adolescentes como presuntas víctimas y ordenó nuevas capturas, con las que el número de acusados llegó a nueve.

Ahora, con los procedimientos realizados durante la mañana de este viernes, la cifra aumentó a 11 detenidos y hay un duodécimo sospechoso que permanece bajo búsqueda.

Las imputaciones no son iguales para todos los acusados.

En aquellos casos en los que se habría acreditado un contacto digital con finalidad sexual, la acusación avanzó bajo la figura de grooming.

En otros episodios en los que la investigación habría logrado establecer encuentros y relaciones sexuales, las imputaciones son por abuso sexual con acceso carnal.

La Justicia tampoco encontró, hasta ahora, elementos que permitan afirmar que detrás de los hechos funcionaba una organización criminal estructurada.

La hipótesis que sostienen los investigadores es que los números telefónicos de las adolescentes circulaban entre los propios hombres, quienes luego se comunicaban individualmente con ellas.

Los sospechosos se conocían, vivían en la misma zona y compartían diferentes espacios cotidianos. Varios de los investigados trabajan o trabajaban como remiseros y otros estaban relacionados con tareas rurales y con la cría y el cuidado de caballos de carrera.

El avance de la investigación depende ahora, en buena medida, del análisis de la prueba digital.

La Fiscalía trabaja sobre celulares secuestrados, registros de GPS y filmaciones obtenidas de cámaras de video. La intención es reconstruir movimientos, comunicaciones y posibles encuentros y determinar si aparecen nuevos nombres relacionados con las adolescentes.

La causa también investiga la existencia de contraprestaciones económicas. De acuerdo con los elementos reunidos hasta ahora, algunos adultos habrían pagado por fotografías de las chicas y, en determinados casos, por encuentros.

El monto máximo detectado hasta el momento había sido de $ 80 mil.

Los investigadores consideran especialmente relevante el contexto de vulnerabilidad social de las adolescentes. Según surgió de las entrevistas incorporadas a la causa, parte del dinero recibido habría sido utilizado por las chicas para comprar alimentos.

Entre los nueve detenidos que ya tenía la causa antes de los procedimientos de este viernes se encuentra José Aníbal Ricardo Villarreal, quien había figurado en la nómina de personal contratado de la Legislatura provincial como asesor del legislador departamental Ernesto Ramón Flores.

Flores sostuvo ante La Voz que Villarreal había sido empleado del bloque Hacemos Unidos por Córdoba y que ya no tenía vínculo contractual cuando trascendió la investigación. Sin embargo, en la nómina de contratados publicada por la Unicameral en mayo pasado aparecía registrado como asesor del legislador.

Fuente: La Voz

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