Se multiplican en el país las medidas contra vendedores ambulantes, trapitos y personas en situación de calle
Mientras los gobiernos sostienen que buscan ordenar el espacio público y mejorar la seguridad, organizaciones sociales, referentes de la Iglesia y trabajadores de la economía popular denuncian persecución y criminalización de los sectores más vulnerables
Conflicto social
Mientras los gobiernos sostienen que buscan ordenar el espacio público y mejorar la seguridad, organizaciones sociales, referentes de la Iglesia y trabajadores de la economía popular denuncian persecución y criminalización de los sectores más vulnerables
En diferentes puntos de la Argentina se profundiza el debate sobre el uso del espacio público y el alcance de las políticas de control impulsadas por gobiernos provinciales y municipales. En los últimos meses crecieron las medidas destinadas a limitar la actividad de vendedores ambulantes, manteros, cartoneros, trapitos, limpiavidrios y personas en situación de calle, en una tendencia que atraviesa administraciones de distintos signos políticos.
La Ciudad de Buenos Aires aparece como uno de los principales escenarios de estas iniciativas. La gestión de Jorge Macri impulsó operativos para desalojar puestos de venta ambulante, retirar manteros de distintas zonas comerciales y reforzar los controles sobre cartoneros y personas que viven en la vía pública. Además, recientemente la Legislatura porteña aprobó una norma que endurece las sanciones contra trapitos y limpiavidrios.
Estas medidas generaron una fuerte reacción por parte del Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares, que cuestionó el accionar del Gobierno porteño. A través de un pronunciamiento público, los curas villeros denunciaron situaciones de hostigamiento hacia trabajadores de la economía popular y reclamaron que "dejen de humillar a los pobres", advirtiendo que la falta de respuestas sociales puede profundizar los problemas de exclusión.
Desde organizaciones que representan a vendedores ambulantes aseguran que muchos trabajadores continúan desarrollando sus actividades, aunque bajo una fuerte presión por los constantes controles y decomisos de mercadería. Afirman que numerosas familias dependen exclusivamente de estos ingresos diarios para subsistir y sostienen que la persecución estatal agrava una situación económica ya compleja.
Los cartoneros también manifiestan preocupación por el endurecimiento de los controles y por la reducción de programas de apoyo vinculados al reciclado urbano. Según denuncian referentes del sector, la caída del precio de los materiales reciclables, sumada a la disminución de incentivos estatales y a la menor demanda industrial, impacta directamente sobre miles de trabajadores que viven de esa actividad.
El fenómeno no se limita a la Capital Federal. En Córdoba se aprobaron normas que regulan la actividad de los llamados "naranjitas" y prohíben el trabajo de limpiavidrios en la vía pública. Las autoridades sostienen que las medidas buscan combatir situaciones de extorsión y ordenar el tránsito, mientras que sectores sociales reclaman alternativas laborales para quienes dependen de estas tareas.
En Santa Fe también avanzan iniciativas para restringir la actividad de cuidacoches y limpiavidrios. Tanto el gobierno provincial como distintos municipios impulsan controles y proyectos destinados a reducir su presencia en las calles, argumentando razones vinculadas con la seguridad y la convivencia urbana.
La ciudad de Mendoza fue una de las primeras en aplicar este tipo de regulaciones años atrás y continúa con políticas orientadas a desalentar la actividad informal en espacios públicos. En Tucumán, mientras tanto, se discuten mecanismos para regular el trabajo de los cuidacoches y reforzar los controles sobre la venta ambulante.
En distintas ciudades patagónicas, como Bariloche y Comodoro Rivadavia, también se implementaron ordenanzas para limitar la presencia de limpiavidrios, vendedores callejeros y artistas urbanos sin autorización. En otras localidades del país, los municipios optaron por reubicar a algunos trabajadores informales en espacios especialmente habilitados para desarrollar sus actividades.
En Catamarca también se adoptaron medidas relacionadas con el ordenamiento del espacio público. Desde marzo de este año rige una disposición que prohíbe el ingreso de vendedores ambulantes y personas que solicitan dinero al interior de bares y restaurantes, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad tanto a comerciantes como a clientes.
El avance de estas políticas refleja un debate cada vez más intenso entre quienes consideran prioritario reforzar el orden y la seguridad en las ciudades y quienes advierten sobre el impacto social que estas decisiones generan en miles de personas que encuentran en la economía informal su única fuente de ingresos.
Mientras algunos gobiernos defienden las restricciones como herramientas para recuperar el espacio público y mejorar la convivencia urbana, organizaciones sociales, referentes religiosos y trabajadores reclaman políticas de inclusión que ofrezcan alternativas laborales antes que medidas de carácter punitivo.
El desafío para las administraciones locales será encontrar un equilibrio entre el ordenamiento de las ciudades y la protección de los sectores más vulnerables, en un contexto económico donde la informalidad continúa siendo una de las principales fuentes de sustento para miles de familias argentinas.
Fuente: El Esquiú
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