Se oficializó el acuerdo de Cornejo con Nación por las deudas: cuánto deberá pagar Mendoza

La Provincia compensó acreencias con el Gobierno nacional y quedó un saldo de $212.152 millones. El convenio fija pagos hasta 2027.

La Ley 9728 ratificó el convenio firmado por Cornejo y Caputo. Nación reconoció acreencias provinciales por más de $121.000 millones.

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El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó el acuerdo con la Nación que permite compensar créditos entre ambas administraciones y reduce a $212.152 millones el saldo que la Provincia deberá devolver al Estado nacional.

La Ley 9728, publicada este lunes en el Boletín Oficial, ratificó el convenio firmado por el mandatario provincial y el ministro de Economía, Luis Caputo, que además establece un cronograma de pagos hasta 2027 y contempla el desistimiento de dos demandas judiciales iniciadas por Mendoza.

La norma fue sancionada por la Legislatura el 8 de septiembre y ratifica el Decreto 1691, mediante el cual el Ejecutivo provincial había aprobado el convenio suscripto el 27 de julio en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre Nación y las provincias. Ley acuerdo con Nación

El punto de partida del entendimiento es una obligación de Mendoza con el Gobierno nacional por $333.434.931.506,85, integrada por $325.000 millones correspondientes a un anticipo financiero otorgado por Nación y otros $8.434 millones en intereses.

Frente a esa obligación, el Estado nacional reconoció créditos a favor de Mendoza por $121.282.044.592,85. Una vez realizada la compensación, el saldo que queda a cargo de la Provincia es de $212.152.886.914.

Según consta en el anexo del convenio, los $121.282 millones reconocidos por el Gobierno nacional están integrados por cinco conceptos.

El primero corresponde al Consenso Fiscal de 2024, por $19.486.974.508,13. A ese monto se agregan $11.896.630.522,81 correspondientes al ejercicio fiscal 2025 y otros $7.603.326.982,82 por el primer y segundo trimestre de 2026.

También se incorporaron $2.295.112.579,09 por obras de vivienda que tenían un saldo pendiente de pago por parte de Nación. El componente de mayor peso corresponde a las obras sobre las rutas nacionales 40 y 143, por las cuales el Gobierno nacional reconoció $80.000 millones a favor de Mendoza.

Este último reconocimiento está relacionado con los convenios mediante los cuales la Provincia asumió la ejecución de trabajos sobre corredores que pertenecen a la jurisdicción nacional.

Durante el tratamiento legislativo, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, explicó que Mendoza ya venía financiando parte de esas intervenciones y que el acuerdo permitía incorporar formalmente ese crédito dentro de la compensación con Nación.

El decreto que acompañó el convenio calculó, además, un beneficio financiero de $7.677 millones, a valores del 1 de agosto de 2026, producto de la modificación de los vencimientos que tenía originalmente la Provincia.

El anexo de la ley establece el esquema mediante el cual Mendoza tendrá que cancelar el saldo después de la compensación.

De los $212.152.886.914, la Provincia deberá abonar primero $97.500 millones en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con el primer vencimiento fijado para el último día hábil de agosto de 2026.

A eso se suma un pago de $8.434.931.506,85 en diciembre de 2026, correspondiente a los intereses generados por el anticipo financiero.

El resto, $106.217.955.407,15, se distribuirá en siete cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con el primer vencimiento en el último día hábil de junio de 2027.

Hasta el 31 de diciembre de este año, el convenio establece para los intereses una tasa nominal anual del 15%, que será pagada en una única cuota con vencimiento en diciembre. Desde enero de 2027, los intereses se calcularán sobre el saldo pendiente con una tasa nominal anual del 5%, con pagos mensuales.

Los servicios de capital e intereses serán descontados de los recursos que le corresponden a Mendoza por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, según establece el propio acuerdo.

El convenio no se limita al reconocimiento de los $80.000 millones vinculados con las rutas nacionales. El anexo también fija obligaciones para la Provincia respecto de la ejecución de esos trabajos.

Vialidad Nacional tendrá a su cargo la supervisión de las tareas para acreditar la efectiva ejecución y medición de las obras contempladas en los convenios específicos de las rutas 40 y 143. Mendoza, además, deberá informar cada seis meses el grado de avance de los trabajos.

El documento establece que, ante un eventual incumplimiento de alguno de esos convenios, la Provincia deberá devolver proporcionalmente los recursos correspondientes a las obras que no hayan sido ejecutadas. El reintegro podrá realizarse mediante la retención automática de fondos provenientes de la coparticipación.

Otro de los puntos que generó discusión durante el tratamiento legislativo fue la decisión de Mendoza de desistir de dos acciones judiciales contra el Estado nacional.

Según establece el convenio, una de ellas corresponde a una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Decreto 473/2023, mientras que la restante cuestionaba el Decreto 756/2018, que dispuso la derogación del Fondo Federal Solidario.

El acuerdo dispone que la Provincia deberá presentarse ante la Justicia para desistir de esos procesos y establece que las costas serán distribuidas en el orden causado y las comunes por mitades.

Este punto fue uno de los principales cuestionamientos de la oposición durante el debate legislativo. Desde el oficialismo, en cambio, se defendió el convenio por el reconocimiento de acreencias y las nuevas condiciones financieras obtenidas para cancelar el anticipo otorgado por Nación.

El acuerdo atravesó ambas cámaras con diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores. En Diputados, el proyecto obtuvo media sanción el 26 de agosto con 34 votos afirmativos, 10 negativos y tres ausencias. Los votos en contra correspondieron a legisladores del PJ, Fuerza Patria y Frente Renovador Mendoza.

La discusión continuó en el Senado, donde el oficialismo necesitaba una mayoría especial de dos tercios. El 8 de septiembre, la iniciativa consiguió la sanción definitiva con 25 votos afirmativos y 11 negativos, exactamente la cantidad de respaldos necesaria para alcanzar esa mayoría. A favor votaron los bloques de la UCR, La Libertad Avanza, el Partido Demócrata y el PRO.

Con esa votación quedó sancionada la Ley 9728, que fue publicada este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial. La norma consta de dos artículos: el primero ratifica el Decreto 1691 y el convenio firmado por Cornejo y Caputo, mientras que el segundo dispone su comunicación al Poder Ejecutivo.

El anexo incorpora además una obligación periódica de información fiscal. A partir de la entrada en vigencia del convenio, Mendoza deberá remitir al Ministerio de Economía nacional distintos datos sobre la evolución de sus finanzas públicas.

Entre ellos aparecen el presupuesto aprobado o prorrogado, información sobre Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos, nuevas inversiones, cargos y horas cátedra, gastos por finalidad y función, tarifas de servicios públicos, stock de deuda, gasto en personal, situación del Tesoro, saldo de cuentas bancarias, avales y garantías, ingresos tributarios y no tributarios y financiamiento a municipios. Anexo acuerdo con Nación

La periodicidad varía según cada indicador: algunos datos deberán remitirse mensualmente, otros de manera trimestral, semestral o anual, de acuerdo con lo establecido en el convenio firmado entre Mendoza y Nación.