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Se quedó sin detenidos la causa por la estafa de $100.000.000 a dos comercios sanjuaninos

Es el mendocino involucrado en el fraude millonario en perjuicio de Fase Electricidad y Color Shop. Era el único detenido por sus antecedentes y este martes recuperó su libertad.

Por Redacción Tiempo de San Juan3 min de lectura
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Se quedó sin detenidos la causa por la estafa de $100.000.000 a dos comercios sanjuaninos
Se quedó sin detenidos la causa por la estafa de $100.000.000 a dos comercios sanjuaninos · Foto: Tiempo de San Juan

Quedó en libertad el mendocino que cumplía detención domiciliaria en el marco de la causa por la estafa de $100.000.000 contra las firmas Fase Electricidad y Color Shop. Era el único que permanecía con prisión preventiva y este martes, durante una audiencia de revisión de la medida cautelar, el juez del caso resolvió revocarla.

De esta manera, la investigación por la millonaria defraudación quedó sin personas detenidas. El beneficiado con la resolución adoptada este martes es Gustavo Adrián Ortiz, quien estaba privado de su libertad desde los primeros días de agosto último, bajo la modalidad de arresto domiciliario. Era el único de los siete integrantes de la presunta banda que continuaba con prisión preventiva, dado que cuatro fueron condenados mediante un juicio abreviado y los otros dos afrontan el proceso penal en libertad.

La decisión de mantener a Ortiz detenido había sido tomada en función de sus antecedentes penales, pues cumplió dos condenas por estafas, una de ellas en San Juan. Como los plazos de la prisión preventiva vencían esta semana, el fiscal Mariano Juárez Prieto solicitó este martes al juez de Garantías Alberto Caballero que prorrogara la medida cautelar y fundamentó su pedido en esos antecedentes. Por su parte, la defensora María Filomena Noriega sostuvo que su representado ya había cumplido esas condenas, estaba colaborando con la investigación y no existía peligro de fuga. Finalmente, el magistrado resolvió revocar la prisión preventiva y, en su reemplazo, le impuso reglas de conducta y la obligación de presentarse periódicamente en la comisaría de su zona de residencia, en Mendoza.

La maniobra fraudulenta que dio origen a esta causa se produjo entre fines de noviembre y mediados de diciembre de 2025. Los integrantes de la presunta organización se presentaban como empresarios vinculados a Bossaball S.A. y aseguraban que estaban al frente de un proyecto de remodelación de una bodega de Albardón, relacionado con el denominado «Circuito del Vino». Con ese argumento realizaron compras de materiales eléctricos y pinturas por unos $61.800.000 en Fase Electricidad y otros $35.500.000 en Color Shop. El mecanismo consistía en pagar con cheques electrónicos sin fondos o sin respaldo, retirar la mercadería y dejar que los comerciantes descubrieran después que no podían cobrar. Parte de los productos era trasladada inicialmente a la abandonada Bodega Hidalgo, en Albardón, y luego enviada a Mendoza.

Cuando las empresas advirtieron que los pagos no se habían acreditado y descubrieron el fraude, denunciaron las maniobras ante la Justicia. La investigación permitió identificar a siete sospechosos, quienes fueron detenidos el martes 4 de agosto de 2026 en un procedimiento realizado por la Policía y la Brigada de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Los acusados fueron llevados ante la Justicia y comenzaron a ser sometidos al proceso penal. Entre ellos estaban los cuatro que posteriormente admitieron su participación en las defraudaciones y acordaron una condena mediante un juicio abreviado. El dato es que la mercadería nunca fue recuperada.

El acuerdo fue homologado el viernes 7 de agosto por el juez Caballero. Hugo Mario De los Ríos, Jorge Alberto Paz y Mauricio Jesús Altamirano recibieron penas de tres años de prisión condicional, mientras que Ricardo Javier Martínez fue condenado a dos años y seis meses, también de cumplimiento condicional. Los cuatro recuperaron la libertad y deberán cumplir reglas de conducta durante tres años, entre ellas, no acercarse ni mantener contacto con las empresas damnificadas. Los otros tres acusados, José Luis Olivares, Ariel Eduardo Castro y Gustavo Adrián Ortiz, decidieron continuar enfrentando el proceso penal. Olivares y Castro permanecían en libertad, mientras que Ortiz lo hacía bajo arresto domiciliario hasta la resolución judicial de este martes.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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