Se va a juzgar a siete efectivos de la Policía de la provincia

Se confirmó que en septiembre va a comenzar el juicio a los siete agentes policiales acusados de "Incumplimiento de los deberes de funcionario público", en las primeras horas de la desaparición de Iara Sabrina Rueda en el 2020, en la ciudad de Palpalá. La joven de 16 años luego fue encontrada sin vida en el límite de los barrios palpaleños de San José y 2 de Abril. Para la instancia de debates, solo resta la fecha de inicio y la conformación del tribunal en función de juicio.

En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, Mónica Cunchila, madre de la víctima desaparecida el 23 de septiembre de 2020, aseguró la llegada de esta instancia a casi seis años del hecho que le cambió la vida para siempre.

"Apenas entramos a casa, Iara no estaba y fuimos a hacer la denuncia de forma inmediata, no es que esperamos dos horas. Una denuncia que nunca fue escuchada por el organismo que debería estar al frente, por aquellos funcionarios que tendrían que haber salido a buscarla", recordó la mujer al comenzar a repasar las primeras horas sin la adolescente de 16 años.

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"Había un protocolo que estaba vigente en ese momento, la Resolución 051, y continúa hasta el día de hoy, donde dice que cuando se pierde una menor de 18 años, todos los recursos de la provincia deben estar en la búsqueda de esa menor. Cosa que con Iara no se activó ese protocolo", repasó Cunchila, con el dolor de saber que se podría haber evitado el femicidio.

Más allá de lo que el tribunal designado falle, el objetivo es claro. "Quiero que se vea que había gente que podía hacer su trabajo para buscar a mi hija, que quizás hoy hubiese estado con vida si se hubiese aplicado ese protocolo con el código rojo de vida o muerte, pero hoy no está, y el Estado es responsable", afirmó a este matutino.

El protocolo

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La entrevistada hizo referencia a la Resolución 051/2017 del Ministerio de Seguridad de la provincia de Jujuy. El documento aprobado el 8 de mayo de 2017, sienta las bases del "Protocolo general para la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas". Es decir, al momento de la desaparición de Iara, el texto llevaba poco más de tres años de existencia. Por lo tanto, era urgente movilizar los canes, drones, el Ceop (Cuerpo Especial de Operaciones Policiales) e Infantería para dar cuanto antes con Iara Rueda y los responsables de su desaparición.

Asimismo, el artículo 1° especifica que el protocolo "deberá ser implementado de manera inmediata en todas las Dependencias Policiales de la provincia de Jujuy, como así también en el Centro de Monitoreo 911 de la Provincia". En consecuencia, no había razón alguna para que los funcionarios policiales abocados a las tareas de búsqueda de la joven en septiembre de 2020 desconocieran la manera de proceder ante la urgencia suscitada.

Otro aspecto a resaltar para aprovechar al máximo el tiempo cronológico para los rastrillajes, es lo establecido con respecto a las denuncias. "No existe un tiempo mínimo para la toma de denuncias, no hay norma que exija el transcurso de determinado tiempo para empezar a trabajar en la búsqueda. El funcionario policial está obligado a recibir por escrito la denuncia de la desaparición", reza en otro fragmento de la citada resolución del Ministerio de Seguridad provincial.

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Sin embargo, lo escrito en el papel contrastó con la realidad que Mónica Cunchila y Juan Rueda, padres de la Iara, debieron padecer antes del trágico desenlace.

La demoras que les dio tiempo a los femicidas de Iara Rueda

El tiempo transcurrido para la activación del mencionado documento es lo que se va a juzgar en septiembre, en la fecha que determine el Poder Judicial provincial. "Nos dejaron solos. Después de seis días se aplicó ese protocolo. Nosotros hemos denunciado el abandono a la familia", afirmó la madre de la joven víctima. Cabe recordar, que por el asesinato de Iara, se condenó a la pena de prisión perpetua a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad, y a 15 años de cárcel a Tomás Fernández, quien al momento del crimen era menor de 18.

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Al ser consultada acerca de la respuestas que la familia recibía desde el personal policial, la entrevistada por El Tribuno de Jujuy se refirió al trato en las sedes policiales. "Es una chiquilinada, capaz que ustedes la retaron, capaz que está embarazada y se fugó de la casa. Es una travesura, ya va a venir. No pasa nada, en 24 horas aparece. A veces demoran tres días y ya vienen, no se aflija, quédese en su casa", fueron las palabras que debió escuchar Mónica Cunchila en las desesperantes horas.

"Desgraciadamente, el caso de mi hija fue manoseado totalmente porque cuando hicimos la denuncia fuimos a la Brigada de Investigaciones (de Palpalá), de ahí nos pasaron a Leyes Especiales. Después de ahí a Delitos Complejos", resumió el paso de responsabilidades por distintos órganos. Además, "de cada organismo que venía a mi casa y nos preguntaban lo mismo, '¿ustedes le pegaron?, ¿ustedes la retaron?', y se mantenían en ese círculo, cuando yo siempre insistí ¿por qué no se juntaban todos esos que llegaban a casa? Han esperado seis días, nosotros nos cansamos de buscar con los vecinos, los familiares, la misma prensa que fue y no nos soltó la mano, estoy re agradecida a ellos.

A todos quienes nos ayudaban a buscar en los 'yuyarales', los descampados, los barrios. Nunca se descansó buscando a Iara, pero el Estado estuvo ausente", fue el repaso que realizó la progenitora. Luego de las fallas en la búsqueda y en darle respuestas a la familia, el desenlace fue el peor. "Después de seis días se encontró el cuerpo de mi hija, semienterrado, atada de pies y manos, en un descampado cerca de mi casa. Nos dejaron solos", subrayó.

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Agentes involucrados

Cabe recordar que en agosto de 2023 comenzó el proceso contra ocho efectivos de la Policía jujeña. En un primer momento, el Juzgado de Control ordenó el sobreseimiento total y definitivo para los agentes que habían llegado acusados de presuntos coautores del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos".

En la medida judicial, el magistrado a cargo del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dio lugar al planteo de la defensa de los efectivos imputados, que habían sido requeridos a juicio por la Unidad Fiscal a cargo del expediente.

Sin embargo, al otro año la causa llegó a la Corte Suprema de la provincia. "Salió el 19 de julio (de 2024) la resolución para que se los eleve a ocho funcionarios a juicio", le había dicho Cunchila a este diario en septiembre pasado cuando se revirtió la situación de los imputados. Además, en octubre de 2024 el Tribunal de Revisión integrado por los jueces María Gracia Cardone (presidente), Vicente Apaza y Lucas Grenni sobreseyó a un agente, por lo que son siete los uniformados que van a llegar al juicio.

Los efectivos están imputados de un delito especificado en el artículo 250 del Código Penal de la Nación, que establece una pena de "prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, al jefe o agente de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente".

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Fuente: El Tribuno de Jujuy

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