Secuestro de $120.000.000: los dos mendocinos arrestados con esa plata en Vallecito afirmaron que son cobradores
Una abogada sanjuanina presentó documentación que acreditaría que ambos trabajan para una empresa de seguridad y venían de hacer cobranzas para una distribuidora de la vecina provincia.
Tras el impactante secuestro de más de $120.000.000 a dos mendocinos en Vallecito y la sospecha de presunto lavado de dinero, se conoció el descargo de la empresa para la cual trabajan los arrestados. A través de una abogada sanjuanina, la firma presentó documentación para acreditar que los hombres que transportaban esa cifra millonaria en una camioneta son cobradores y que venían de recaudar dinero para una distribuidora que los contrató.
El operativo, realizado este martes por la noche por personal de Gendarmería Nacional en el control del paraje Vallecito, sobre la ruta provincial 141, en Caucete, causó revuelo por las circunstancias del procedimiento. Ariel Acevedo y Leonardo Cisneros viajaban a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok. Detrás de sus asientos llevaban once bolsines con precintos que contenían un total de $120.934.030 en efectivo, según revelaron fuentes del caso.
Los gendarmes se sorprendieron al hallar semejante suma durante la requisa. Los dos hombres explicaron que eran oriundos de Mendoza, que trabajaban como cobradores para una empresa de esa provincia y que regresaban de realizar cobranzas en La Rioja y Catamarca. Presentaron algunos papeles y facturas, pero no convencieron al personal interviniente y de hecho surgieron las sospechas sobre la procedencia del dinero.
Llamó la atención que los dos hombres transportaran semejante suma de dinero sin elementos de protección y seguridad. Viajaban en una camioneta que no está preparada para el transporte de caudales y hacían un trayecto largo.
Según fuentes del caso, los gendarmes advirtieron que los hombres no llevaban identificación como personal de transporte de caudales, iban vestidos de civil y estaban fuera del horario autorizado para realizar ese tipo de traslado. También señalaron que para transportar caudales debían contar con una autorización del Banco Central de la República Argentina.
Ante esa situación, los demoraron y solicitaron directivas al fiscal federal de turno. La orden fue secuestrar los bolsines con el dinero, la documentación y los celulares de los sospechosos, quienes fueron trasladados a los juzgados federales. El objetivo inicial era investigar la procedencia de los fondos y determinar si existía alguna maniobra delictiva vinculada al posible lavado de dinero.
A primera hora de la mañana de este miércoles, la abogada María Filomena Noriega se presentó en la Justicia Federal para asistir a Acevedo y Cisneros en representación de la empresa de seguridad Guerrier SAS, con sede en Mendoza. La letrada sostuvo que no hubo ninguna maniobra delictiva y que el traslado del dinero formaba parte de una tarea habitual de la firma. Los dos hombres luego recuperaron la libertad.
En su descargo, según fuentes judiciales, Noriega explicó que Guerrier había sido contratada por Al Norte Distribuciones S.R.L., una distribuidora mendocina, para realizar cobranzas a sus clientes en La Rioja y Catamarca. Según la versión de la empresa, la distribuidora decidió tercerizar esa tarea por razones de seguridad y falta de personal, mediante un acuerdo privado que autorizaba a Guerrier a recaudar y trasladar los fondos en su nombre. Remarcaron que el vehículo es seguido mediante GPS satelital y dentro de la cabina llevas cámaras de seguridad para registrar todos los movimientos, a modo de explicación de sus medidas de seguridad, según explicaron las fuentes.
La firma sostuvo que los $120.934.030 secuestrados correspondían a pagos parciales de facturas emitidas por la distribuidora a ocho clientes. El dinero estaba repartido en once bolsines cerrados con precintos, de acuerdo con el procedimiento acordado entre ambas empresas, y debía ser entregado a la distribuidora una vez finalizado el recorrido. Para respaldar su explicación, Guerrier presentó facturas, recibos de cobranza, el contrato de prestación de servicios y documentación sobre su habilitación como empresa de seguridad. Ahora bien, la Justicia Federal deberá determinar si es así, como aseguran en esa empresa, o hay indicios de un posible delito o, al menos, una irregularidad en el transporte de caudales.
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Fuente: Tiempo de San Juan
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