Sentencia en El Cadillal: condenan a un expolicía federal por usurpar tierras públicas y ordenan la
En lo que representa un precedente judicial de relevancia para la conservación del patrimonio público y la regulación dominial en áreas turísticas, la
En lo que representa un precedente judicial de relevancia para la conservación del patrimonio público y la regulación dominial en áreas turísticas, la Justicia tucumana condenó a dos años de prisión en ejecución condicional a Víctor Hugo Arroyo, un expolicía federal hallado culpable de la ocupación ilegal de una parcela estatal de 450 metros cuadrados en la villa balnearia de El Cadillal. La resolución impone la devolución inmediata del inmueble al Fisco provincial, fijó el pago de las costas procesales y dictó una prohibición absoluta de acercamiento sobre el predio intervenido.
El conflicto de fondo se originó cuando inspectores técnicos del Ente Tucumán Turismo y de la Dirección General de Catastro constataron la radicación irregular del imputado sobre un lote fiscal que ya había sido otorgado bajo concesión formal a un grupo privado para el desarrollo de un complejo turístico. Frente a la anomalía, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, promovió la acción de restitución y formalizó la denuncia penal. En la instancia de investigación impulsada por el fiscal Carlos Saltor y durante el debate oral conducido por el juez Guido Buldurini, la defensa alegó presuntos derechos hereditarios y el pago de tasas comunales; sin embargo, el magistrado interviniente desestimó la validez tributaria municipal sobre inmuebles de dominio provincial.
El fallo se inscribe en un contexto de ofensiva institucional frente al histórico desorden inmobiliario que padece El Cadillal y otros nodos de valor paisajístico. De acuerdo con los relevamientos oficiales, sobre un universo de 1.300 expedientes de regularización iniciados en gestiones anteriores, apenas el 10% cumplió de manera estricta los requisitos legales, mientras que el resto permanece bajo sospecha por presuntas anomalías administrativas vinculadas a exagentes de la Subsecretaría de Regularización Dominial.
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A fin de blindar los recursos del Estado y detener las ventas irregulares a través de plataformas digitales, el Poder Ejecutivo consolidó un cuerpo colegiado de fiscalización integrado por técnicos de Turismo, Catastro, Flora y Fauna, y Recursos Hídricos. Este protocolo de monitoreo permanente permitió la recuperación de terrenos fiscales en Tafí del Valle, El Mollar, San Javier, Yerba Buena y la Reserva Natural La Angostura, donde se aguarda el desenlace judicial por las usurpaciones del denominado «Loteo Gaucho Castro».
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Fuente: El Federalista
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