Siete meses de lucha y una orden de desalojo, el golpe que enfrentan los trabajadores de Fate
El sindicato del neumático calificó el fallo de aberrante y convocó a un abrazo en la puerta de la fábrica para resistir la medida.
La Justicia bonaerense ordenó desalojar la planta de Fate en Virreyes, partido de San Fernando, que los trabajadores mantienen ocupada desde febrero. La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro aceptó el recurso presentado por los propietarios de la firma y dispuso que el inmueble les sea devuelto.
Para resolver, los jueces consideraron que los plazos de la conciliación obligatoria, tanto en el ámbito nacional como en el provincial, vencieron de manera definitiva sin que se alcanzara una salida al conflicto. Entendieron además que la continuidad de la toma dejó de servir como herramienta para impulsar una eventual reapertura. Aun así, aclararon que el fallo no fija posición sobre el fondo de la disputa laboral y que las compensaciones e indemnizaciones exceden la órbita penal. El tribunal remarcó que los imputados por la ocupación ya son 24 y pidió que el desalojo se haga con protocolos de cuidado, para reducir los riesgos de las personas involucradas.
El conflicto comenzó el 18 de febrero, cuando la empresa anunció el cese de sus operaciones y el despido de 920 trabajadores. A partir de entonces, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) ocupó la fábrica. La compañía, histórica fabricante de neumáticos de la familia Madanes Quintanilla, atribuyó el cierre al deterioro del mercado, la competencia de productos importados, sobre todo chinos, los altos costos locales y la caída de la demanda interna.
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La respuesta del SUTNA
El gremio rechazó la resolución de inmediato. La calificó de "aberrante" y sostuvo que el cierre de la planta constituye un lockout patronal, una caracterización que la empresa no comparte. Para este viernes a las 10 convocó a un abrazo simbólico a la fábrica y a una conferencia de prensa en la puerta, bajo la consigna "FATE no se cierra".
En esa conferencia, el secretario general, Alejandro Crespo, confirmó que apelarán ante la Cámara de Casación, al considerar que la Justicia penal no debería intervenir de ese modo en un conflicto de naturaleza laboral. También reclamó la intervención del gobernador bonaerense Axel Kicillof y volvió a plantear como alternativa un proyecto de ocupación temporaria de la planta que permita sostener la producción. Hasta el mediodía del viernes, la orden judicial no se había traducido en un desalojo efectivo.
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Por su parte, la representación legal de la empresa presentó certificaciones contables notificadas ante ARCA que, según indicó, acreditan 900 bajas voluntarias entre febrero y mayo. De acuerdo con esa documentación, quienes rechazaron el acuerdo y quedaron formalmente despedidos son 196, por lo que la firma no tiene hoy personal en relación de dependencia.
Fuente: El Territorio
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