Siguen los papelones en la Municipalidad: fue invalidada la auditoría encabezada por Albaca

El presidente del Tribunal de Faltas negó haber sido notificado de un procedimiento formal, atribuyó el atraso a sistemas de 15 años y a actas mal labradas por inspectores comunales, y habló de "atropellos" y de funcionarios "sin experiencia" que mal asesoran a Chahla.

La auditoría con la que la Municipalidad pretendió correr el eje del conflicto —de los haberes ocultos y de la caja negra hacia la "ineficiencia" de los jueces de Faltas— quedó desarmada en 48 horas.Fabián Lizondo, presidente del Tribunal, dijo que jamás fue notificado de un procedimiento formal de esa magnitud. Tampoco lo fueron los diez juzgados. El informe que Marcelo Albaca elevó como "sumamente crítico" se aprobó por decreto, se publicó en el Boletín Oficial y nunca pasó por el órgano que pretendía juzgar.

No es un detalle de protocolo. Es el mismo método que esta redacción documentó en la caja negra municipal: se certifica adentro, se reserva el papel y se comunica el veredicto. Contaduría General, a cargo de Albaca —el funcionario que sienta en el comité del convenio secreto con Concilio & Sarralde y que figura en la denuncia de Ana González por las cooperativas—, auditó a quienes le habían pedido los recibos de los secretarios. El Tribunal responde ahora que esa auditoría, en los hechos, no existió como acto notificado.

"Nunca fui notificado del inicio de una auditoría, como tampoco fueron notificados los juzgados que lo componen."

— Fabián Lizondo, presidente del Tribunal Municipal de Faltas

El decreto municipal había hablado de "paralización masiva": 91.197 causas ingresadas en 2024, 4.650 resueltas por los juzgados (5,1%), 76.344 sin sentencia (83,8%) y 10.113 cerradas por pago voluntario. Entre 2019 y 2023, según el mismo escrito, 319.264 causas de un universo de 406.355 permanecerían sin resolución. El Federalista ya había advertido que, en una muestra previa, el 84% de los expedientes revisados seguía pendiente, y que esos porcentajes no se trasladan de manera automática a todo el archivo.

Lizondo no negó el atraso. Lo atribuyó a otro lugar. Dos de los tres sistemas que usa el Tribunal —Sinai, CIT y SAE— tienen más de 15 años. El Sinai, dijo, no permite instrumentar el cobro judicial de las multas impagas. Falta personal. Falta equipo. Las actas que llegan de Tránsito, Catastro, Ingresos, el Centro de Monitoreo o Arbolado arrastran errores formales y legales que las vuelven nulas. El propio informe de Albaca había admitido que el Centro de Monitoreo labró más de 13.000 actas en 2024 "cargadas erróneamente" y que los talonarios de Arbolado se administran de modo precario. Esas fallas son de las oficinas que labran, no de quien juzga.

"Toda ejecución de una multa tiene que cumplirse con todos los formalismos para que el ciudadano no se vea perjudicado con la aplicación de una multa en un proceso ilegal de los inspectores. En muchos casos nos toca salvaguardar el derecho de los ciudadanos ante el atropello de algunos funcionarios municipales."

— Fabián Lizondo

El presidente del Tribunal agregó que los errores de registración y de carga provenientes de otras oficinas comunales no son de su injerencia directa, que esas deficiencias fueron puestas en conocimiento del Ejecutivo y que, aun así, el municipio prefirió publicar un decreto contra los jueces.

El contrapunto no nació con la auditoría. El 26 de agosto, Lizondo, Gerardo Poliche y Héctor Toledo pidieron los últimos 24 recibos de los secretarios para hacer valer el Decreto 0262 de marzo de 2024, que los igualaba a ese rango. La Municipalidad negó los datos. El 0285/SG/2026 derogó la paridad. Lizondo habló entonces de represalia y de desviación de poder. Interpuso un recurso de reconsideración. La disposición. Valoró el giro. No disculpó a quienes lo provocaron.

"Estas acciones ilegales e injustificadas no son culpa de la señora intendenta, pero sí de algunos funcionarios sin ningún tipo de experiencia, que la mal asesoran al punto de que la llevan a eliminar un decreto que ella misma había puesto en vigencia."

— Fabián Lizondo

La frase deja a Albaca, a Hacienda y a la Secretaría General en el centro del papelón: el Ejecutivo firma, desfirma y vuelve a firmar según el consejo de la misma cúpula que no publica un recibo y que reserva por contrato el destino de cada peso. En 2025 el Tribunal recaudó 1.993 millones y tramitó más de 97.000 actas; la Intendencia lo celebró como éxito de la descentralización. En 2026, cuando los jueces preguntaron por la plata, ese mismo organismo pasó a ser un archivo paralizado.

Lizondo pidió, además, reformar el Código de Faltas de 1982 —"han transcurrido más de cuatro décadas"— y llamó al diálogo "respetando la autonomía funcional y jerárquica" del Tribunal.

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