Sin avances en la discusión, los judiciales y el TSJ vuelven a Trabajo
Cerca de completar las tres semanas de la conciliación obligatoria los trabajadores del Poder Judicial aguardan una oferta. Rifas gremiales para compensar descuentos por paros y malestar creciente.

Los empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba vuelven este viernes a la Secretaría de Trabajo, a la espera de que finalmente aparezca una oferta salarial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Se trata de la tercera audiencia, luego de que el 4 de agosto la autoridad laboral dictara la conciliación obligatoria en el conflicto que lleva casi seis meses e incluyó un nivel de conflictividad atípico: 25 paros en Capital y 28 paros en el interior.
La conciliación retrotrajo el escenario al estado previo al inicio del conflicto, con el restablecimiento completo e inmediato del servicio público de Justicia en todas las circunscripciones de la Provincia. No obstante, hasta ahora la negociación no avanzó un ápice y crece el malestar, tanto en la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) como en los sectores autoconvocados que también participan en la mesa de discusión.
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Desde la conducción de Federico Cortelletti recalcan que no hubo contactos de ningún tipo con los negociadores del TSJ. El gremio espera una propuesta, dado que el miércoles próximo vence los 15 días hábiles de la conciliación. Se descuenta que Trabajo prorrogará la medida.
La Voz consultó al TSJ y al Ministerio de Justicia, pero desde ninguna de las partes se confirmó si habrá una propuesta salarial. En lo que va del conflicto, hubo una sola negociación y también fue en trabajo: la propuesta consistía en anticipar las cuotas de la equiparación con la Justicia federal e incluía un bono por única vez de $ 140 mil para los auxiliares, la categoría que menos gana en el Poder Judicial y que representa a 1 de cada 4 empleados.
Esa propuesta fue rechazada de manera contundente por la asamblea general, pese a la recomendación de aprobarla que realizó la conducción del gremio. Luego el conflicto recrudeció y el TSJ aplicó sustanciales descuentos –de $ 200 mil a $ 450 mil– por algunos de los días no trabajados por paros.
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La exigencia gremial es un 25% de aumento, con un adelanto inmediato del 15% y posteriores tramos sucesivos del 2%, a integrar conjuntamente con cada aumento dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además la devolución de los días de paro descontados y la no aplicación de nuevas quitas. En la segunda audiencia los representantes del TSJ advirtieron que el pedido salarial supera los márgenes del acuerdo de equiparación.
Las quitas salariales fueron muy críticas para buena parte de los empleados y en los Tribunales de toda la provincia se observan situaciones inéditas. No solo por el nivel de indignación –contenida por la conciliación– sino por las medidas solidarias que se pusieron en marcha por los recortes en los ingresos.
El gremio coordina una serie de "acciones mutuales solidarias para continuar la lucha por la recomposición salarial". Básicamente se trata de una rifa a beneficio del fondo de huelga, tickets para comprar en el supermercado con descuentos por planilla, la provisión de canastas de alimentos de primera necesidad a través de la mutual sindical y ayudas económicas.
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En tanto, en el sector de los autoconvocados La Judicial también creó un fondo de huelga –que se alimenta con el producido por la venta de fiambres– para compensar parcialmente los descuentos salariales por los paros.
También es generalizado en la Justicia el reclamo por la eliminación de los aportes personales extraordinarios a la Caja de Jubilaciones y al Apross. La mayoría tiene descuentos extra de 10% (8 puntos para la Caja y 2 para la cobertura médica).
Distintas versiones señalan que el Gobierno de Martín Llaryora aplicará una reducción del aporte máximo a la Caja cuando la Anses abone las dos cuotas de $ 10.000 millones que adeuda en la actualidad. Un fallo del TSJ dispuso una reducción al 6% en el caso de una demanda individual.
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Esa medida beneficiaría también a magistrados y funcionarios del Poder Judicial, otro sector donde crecen las protestas contra el Gobierno. En ese caso, ya existe la equiparación con la Justicia federal y el reclamo se concentra en los descuentos extraordinarios.
Fuente: La Voz
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