Sobreseen a una oficial de Policía acusada de amenazar con un arma a un niño en 9 de Julio
La Justicia dictó el sobreseimiento definitivo de una funcionaria policial denunciada por coacción agravada. Las severas contradicciones en los relatos de la parte denunciante y las declaraciones de múltiples testigos fueron claves para desestimar la acusación.
La Justicia resolvió cerrar la investigación penal preparatoria y dictar el sobreseimiento total y definitivo de la oficial ayudante Shirli Yoselin Flores, quien había sido denunciada por presuntamente amenazar con un arma de fuego a un niño de 11 años durante un evento escolar.
El caso tomó estado público a partir de una denuncia radicada el 13 de junio de 2025 por la madre del menor. Según la acusación inicial, durante el acto por la Fundación de San Juan en la Escuela Eusebio Zapata, la oficial de policía habría interceptado al niño en el sector de los baños, sacando un arma de fuego de color negra de una mochila y amenazándolo con "pegarle un tiro" si continuaba molestando a sus hijas.
Los motivos del sobreseimiento: graves inconsistencias en las pruebas
Según fuentes judiciales, el dictamen de la fiscal Daniela Pringles de UFI Genérica hace especial hincapié en las insalvables contradicciones detectadas durante la investigación, las cuales tornaron imposible sostener la acusación formal.
En primer lugar, la fiscalía advirtió discrepancias fundamentales respecto a la vestimenta y los elementos que portaba la acusada. Mientras la madre del menor aseguró en su denuncia que la oficial se encontraba "correctamente uniformada" y llevaba una mochila "color verde claro" de donde habría sacado el arma, el propio niño declaró posteriormente en Cámara Gesell que la mujer vestía un buzo amarillo y pantalón negro, y que extrajo el arma de una mochila "un poquito negra".
Estas versiones contrapuestas fueron categóricamente desmentidas por el resto del material probatorio. Madres que asistieron al evento escolar y la propia directora del establecimiento declararon de manera unánime que la oficial Flores vestía ropa de civil, no portaba uniforme policial y tampoco llevaba consigo ningún tipo de bolso o mochila. Además, los testigos aseguraron que la mujer permaneció en todo momento junto al grupo de madres durante el desarrollo del acto, sin retirarse de su lugar.
Otra contradicción determinante radicó en el relato sobre los testigos del hecho. El menor afirmó que la portera de la escuela los había visto durante la supuesta amenaza e incluso interactuado con la oficial. Sin embargo, al ser entrevistada por las autoridades, la empleada del colegio negó rotundamente haber visto a la imputada o haber presenciado alguna situación rara o violenta.
Finalmente, un allanamiento ordenado por la Justicia en el domicilio de la oficial arrojó el secuestro de su arma reglamentaria 9mm -cuya tenencia se encuentra plenamente justificada por su función jerárquica en la fuerza- y de una mochila color lila, características que no coincidían en lo absoluto con ninguna de las descripciones aportadas por los denunciantes.
Frente a esta multiplicidad de contradicciones, la inexistencia de cámaras de seguridad y la falta de indicios que respaldaran la denuncia originaria, la fiscalía determinó que se agotaron las instancias investigativas sin poder acreditar la materialidad del hecho. Bajo el amparo del principio de in dubio pro reo (la duda beneficia al acusado), se dispuso el sobreseimiento total de la funcionaria policial, cerrando así el proceso judicial. La ahora sobreseída ante el juez estuvo defendida por la defensora oficial Sandra Leveque.
Fuente: Tiempo de San Juan
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