Sorprendente transformación de un destacamento policial: ahora aloja a personas en situación de calle

El espacio funciona de noche y puede alojar hasta ocho personas. Algunos vecinos plantearon inquietudes, pero el municipio aseguró que no hubo incidentes.

La dependencia había sido inaugurada en 2012, meses después del crimen de Franco Díaz y en medio de reclamos por la inseguridad en la zona.

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Un antiguo destacamento policial de Godoy Cruz, que llevaba años sin cumplir funciones operativas, fue reconvertido por el municipio en un efector social para personas en situación de calle por la municipalidad que encabeza Diego Costarelli.

El inmueble está ubicado en la esquina de Groussac y Olaya Pescara de Tomba, en el barrio Sardi, y desde hace unos 15 días recibe exclusivamente a varones que necesitan un lugar para pasar la noche. El edificio pertenece a la comuna y fue restituido por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.

Si bien durante años funcionó allí una dependencia policial, en el último tiempo solamente se desarrollaban tareas administrativas y permanecían dos jefes de guardia. Esas funciones fueron trasladadas a la Comisaría 7.ª y el personal fue reasignado por la cartera provincial a otras dependencias cercanas.

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A partir de la recuperación del inmueble, el municipio decidió darle un nuevo destino vinculado con la asistencia social. El lugar tiene capacidad para alojar hasta ocho personas, que pueden ingresar entre las 20.30 y las 23.30 y permanecer hasta las 7.30 del día siguiente.

"Por la infraestructura del lugar, creímos que lo más conveniente era convertirlo en un efector social", explicó Florencia Santoni, subsecretaria de Gestión Social de Godoy Cruz.

El efector social ubicado en la esquina de Groussac y Olaya Pescara de Tomba, en el barrio Sardi de Godoy Cruz.

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El establecimiento ofrece un espacio para pernoctar, además de cena y desayuno. Antes del ingreso, el personal de seguridad realiza una revisión y verifica que se cumplan las normas establecidas para permanecer durante la noche.

La asistencia, según explicó Santoni, es voluntaria. Los equipos municipales trabajan con las personas que se encuentran en situación de calle, pero no pueden obligarlas a permanecer en los establecimientos.

"Nosotros trabajamos con la voluntad de las personas, no podemos obligarlos a que se queden", señaló la funcionaria. Como parte de la intervención, previamente se averigua si la persona mantiene algún vínculo familiar y, cuando no existe esa posibilidad de contención, se ofrece una plaza en alguno de los efectores.

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La función del nuevo espacio no se limita al alojamiento durante la noche. El municipio también brinda acompañamiento psicosocial, con intervención de profesionales de la psicología y seguimiento de cada caso.

A esto se suman talleres y herramientas destinadas a favorecer la inserción laboral. Santoni mencionó, como ejemplo, casos de personas que realizaron cursos de panadería y posteriormente consiguieron empleo en una cadena comercial del departamento.

En caso de detectarse algún problema de salud que requiera atención médica, el protocolo contempla la derivación al Hospital Lencinas, con acompañamiento.

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Según los datos que maneja el municipio, entre 35 y 50 personas en situación de calle circulan habitualmente por el Gran Mendoza, mientras que alrededor de 28 pernoctan en Godoy Cruz.

Actualmente, el departamento dispone de dos efectores sociales destinados a varones y uno para mujeres. La reconversión de antiguas dependencias policiales tampoco es nueva en el departamento.

Santoni recordó el antecedente del barrio Fuchs, donde un destacamento que había dejado de cumplir esa función fue transformado en el Centro de Salud Nº 1 "Arturo Oñativia". Posteriormente, el municipio amplió tanto su infraestructura como los servicios disponibles.

El Centro de Salud Nº 1 "Arturo Oñativia", ubicado en el barrio Fuchs de Godoy Cruz.

La puesta en funcionamiento del efector del barrio Sardi generó algunas inquietudes entre vecinos de la zona por el destino que tendría el antiguo destacamento, una situación que fue reconocida por las autoridades municipales.

Desde la comuna buscaron llevar tranquilidad y señalaron que hasta el momento no se registraron incidentes vinculados con las personas que concurren a estos espacios.

"Queremos transmitirles tranquilidad a los vecinos porque no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes con las personas que acuden a los efectores", sostuvo Santoni.

La funcionaria explicó que la aclaración surgió precisamente a partir de las consultas recibidas. "Hemos recibido inquietudes de vecinos sobre la utilidad que les damos a estos lugares y nos parece sensato brindar este tipo de respuesta", agregó.

El edificio de Groussac y Olaya Pescara de Tomba tiene detrás una historia vinculada con la seguridad del barrio y con uno de los casos de violencia policial que tuvo repercusión en Mendoza. En mayo de 2012, Franco Díaz, de 19 años, murió luego de recibir un disparo efectuado por un policía durante un procedimiento realizado en esa misma esquina.

El operativo se inició durante la madrugada después de que vecinos denunciaran al 911 ruidos molestos provenientes de una fiesta que se desarrollaba en una vivienda particular. Cerca de las 2.30 llegó un móvil policial y, de acuerdo con la reconstrucción realizada entonces, se produjo un enfrentamiento en el que jóvenes arrojaron piedras contra los efectivos.

Los policías respondieron con disparos. Mientras algunos integrantes del operativo utilizaron escopetas con postas de goma, uno de los efectivos disparó su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros. Díaz recibió un balazo y murió mientras era trasladado al hospital.

Cuatro meses después, en septiembre de 2012, y en medio de los reclamos por los hechos delictivos que se registraban en la zona y el impacto generado por la muerte del joven, el entonces ministro de Seguridad, Carlos Aranda, inauguró formalmente el destacamento policial del barrio Sardi durante la gestión del gobernador Francisco "Paco" Pérez.

La dependencia comenzó a funcionar con seis efectivos y un móvil policial, con la misión de brindar cobertura a los barrios Sardi, Trapiche, Petroleros y otros sectores cercanos.

El caso por la muerte de Díaz continuó posteriormente en la Justicia. En agosto de 2016, la Primera Cámara del Crimen condenó al policía Walter García a prisión perpetua por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de miembro de la fuerza.

El efectivo también fue considerado responsable de las lesiones sufridas por Johana Flores, quien se encontraba en la fiesta y resultó herida por el disparo. Además de la pena de prisión, el tribunal dispuso su inhabilitación.

Años después, el destacamento fue perdiendo sus funciones operativas hasta quedar destinado únicamente a tareas administrativas. Tras la restitución del inmueble al municipio, el edificio que había sido utilizado como dependencia policial comenzó una nueva etapa como efector social.

Fuente: Los Andes

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