Sospechas por desvío de fondos en Mendoza: la oposición denuncia que el dinero del turismo se gira a la minería

El diputado mendocino Lucas Ilardo, perteneciente al bloque Fuerza Patria, puso bajo la lupa los números y las decisiones estratégicas del Ente Mendoza Turismo (EMETUR) al advertir sobre un presunto desvío de los recursos que aportan los propios prestadores privados del sector hacia el financiamiento de proyectos vinculados a la actividad minera.

El legislador opositor sostuvo que la provincia atraviesa una pérdida crítica de competitividad y calidad en la marca Mendoza, lo que atribuyó de forma directa a deficiencias en la conducción técnica del ente oficial.

En ese sentido, Ilardo señaló que existen informaciones concretas sobre el uso irregular de los fondos generados por el ecosistema turístico, los cuales deberían destinarse de forma exclusiva a la promoción e infraestructura del rubro y no a apalancar la agenda minera del Ejecutivo mendocino.

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La controversia escaló en el recinto legislativo a raíz del freno impuesto a las herramientas de fiscalización. Según denunció el dirigente de Fuerza Patria, de las tres solicitudes de informes presentadas ante la Cámara de Diputados para transparentar las cuentas, las contrataciones y la ejecución presupuestaria del EMETUR, la bancada oficialista solo dio luz verde a una de ellas, bloqueando los dos requerimientos de mayor peso para el esclarecimiento de los hechos.

El escenario de confrontación tiene como trasfondo una propuesta de reestructuración profunda ingresada por el propio Ilardo, que plantea transformar al organismo autárquico en una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (EMETUR S.A.). El proyecto busca darle asiento y poder de decisión al sector privado y a las economías de los distintos oasis provinciales, reservando para el Estado el 55% de las acciones Clase A, el poder de veto institucional y la intangibilidad de los derechos laborales de los empleados transferidos.

La iniciativa generó un inmediato rechazo en el entorno gubernamental y motivó una dura reacción por parte de la titular del organismo, Gabriela Testa.

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La funcionaria protagonizó ásperos cruces en redes sociales y derivó en un momento de tensión mediática al aire de la emisora LV10, donde recriminó a periodistas que la consultaron sobre los pedidos de informe pendientes, argumentando no haber recibido los temas con anticipación. Mientras el oficialismo procura dar por cerrada la controversia, la oposición ratificó que continuará el rastreo administrativo hasta determinar el destino real del dinero de los operadores turísticos de la provincia.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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