Subsidio a la usura

Capresca. Uno de los proyectos pretende que el organismo absorba los pasivos.
Los últimos informes del Banco Central de la República Argentina muestran que la morosidad del sector privado alcanzó, hacia mediados de este año, el nivel más alto desde que existe la serie estadística. La irregularidad en los créditos destinados a familias trepó a un 12,8% en mayo, casi el triple del 4,5% registrado un año antes, mientras que la carga mensual del servicio de deuda llegó a absorber cerca de un cuarto de la masa salarial formal, contra menos del 9% que representaba apenas dos años atrás.
Catamarca no permanece al margen de ese deterioro. Distintos relevamientos privados y oficiales la ubican de manera sostenida entre las dos o tres provincias con peores indicadores del país, con más de un tercio de sus deudores en mora y una proporción creciente de morosos irrecuperables. Los datos locales más recientes hablan de unos 66.650 catamarqueños con atrasos superiores a los tres meses.
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Es en ese contexto que la Cámara de Diputados de la provincia comenzará a debatir dos iniciativas que, desde el oficialismo, buscan dar respuesta a la crisis del sobreendeudamiento de los trabajadores estatales. El primero de esos proyectos plantea declarar por dos años la emergencia en el sistema de retenciones y deducciones salariales para la totalidad de los agentes públicos de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados y municipios. Su lógica es razonable: establece un tope máximo a la afectación del haber neto y dispone la caducidad inmediata y la suspensión temporal de todos los códigos de descuento otorgados a financieras privadas, mutuales y cooperativas que cobran directamente por recibo de sueldo. Pero el proyecto no se limita a frenar el sangrado salarial, sino que también avanza sobre las propias entidades acreedoras, a las que obliga a someterse a una auditoría y a un reempadronamiento ante el Ministerio de Economía para demostrar la transparencia de sus tasas de interés y de su Costo Financiero Total. Se trata, en los hechos, de poner bajo la lupa a un sistema de préstamos que, amparado en la comodidad administrativa del descuento por planilla, ha derivado en numerosos casos en condiciones de usura.
Una política coherente frente al sobreendeudamiento debería condicionar cualquier absorción de pasivos por parte de Capresca a la homologación de tasas razonables de interés. Una política coherente frente al sobreendeudamiento debería condicionar cualquier absorción de pasivos por parte de Capresca a la homologación de tasas razonables de interés.
El segundo proyecto encara el problema desde otro ángulo: propone crear un Programa Provincial de Unificación de Pasivos por el cual la Caja de Prestaciones Sociales de Catamarca (Capresca) interviene absorbiendo los compromisos que los agentes estatales mantienen con bancos, financieras, billeteras virtuales o mutuales registradas, mediante el otorgamiento de un crédito único de cancelación directa, con tasas subsidiadas, plazos extendidos y cuotas fijas.
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Si bien esta iniciativa ofrece una salida a miles de familias catamarqueñas atrapadas en una espiral de deuda, el mecanismo elegido merece una reflexión más detenida. Al disponer que el Estado provincial cancele, con fondos públicos, deudas contraídas en muchos casos a tasas de interés claramente abusivas, el programa termina, de manera indirecta, convalidando la usura financiera. Quien prestó dinero a un tope de interés desproporcionado no solo recuperaría su capital sin dificultad, sino que lo haría de manera anticipada y garantizada por el Tesoro provincial, mientras el costo de esa transferencia recaería, en definitiva, sobre el conjunto de los contribuyentes.
Una política pública coherente frente al sobreendeudamiento debería condicionar cualquier absorción de pasivos por parte de Capresca a la previa homologación de tasas razonables por parte de las entidades acreedoras, de modo que el auxilio financiero al trabajador no se traduzca, como quien no quiere la cosa, en un subsidio a la usura.
Fuente: El Ancasti
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