Suertudo: el gobierno nacional lo indemnizó en el Enacom con 110 millones, y lo contrató en el INTA al otro día
La documentación administrativa revela que el expediente para nombrar a Daniel Neira se inició el 1° de julio, 23 días antes de que se le notificara el despido por casi $110 millones que le permitió pasar de un ente a otro sin interrupción laboral.
En medio de un contexto de ajuste presupuestario y reducción de la planta estatal, un escandaloso movimiento administrativo en el Poder Ejecutivo Nacional encendió las alarmas e impulsó una revisión interna en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El caso involucra al contador Daniel Alfredo Neira, quien pasó de ser subdirector en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a convertirse en gerente del INTA en un lapso de apenas 24 horas, percibiendo en el medio una indemnización neta de $109.781.999,73.
La secuencia cronológica de la desvinculación y posterior designación expone una trama con severas sospechas de irregularidad. Neira fue notificado de la rescisión de su contrato en la Enacom el 24 de julio de 2026, bajo el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Su salida formal del ente de comunicaciones se concretó el 31 de julio, cobrando un desembolso líquido de casi $110 millones que incluyó $73.067.618,10 por antigüedad, $9.742.349,08 en concepto de preaviso y $24.096.076,72 por vacaciones no gozadas.
Sin embargo, el periodo de desocupación del funcionario fue inexistente: el 1° de agosto de 2026, exactamente al día siguiente, Neira comenzó a prestar funciones como gerente tipo A de la Gerencia de Contabilidad, Gestión Administrativa y Patrimonio del INTA. Más llamativo aún es que la documentación administrativa demuestra que los trámites para su alta en el organismo agropecuario se iniciaron el 1° de julio, es decir, 23 días antes de que se le notificara formalmente la rescisión en la Enacom.
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La controversia cobra mayor gravedad al analizar la naturaleza jurídica del empleo público. Según sostienen especialistas en derecho administrativo y la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, el Estado actúa como un único empleador en sentido amplio (un bloque estatal unificado). Bajo este principio, un funcionario no puede percibir una compensación por la "pérdida del empleo" y, de manera simultánea, continuar recibiendo ingresos estatales bajo otra función de conducción.
Expertos advierten que esta situación merece investigarse bajo la figura de enriquecimiento sin causa, lo que expondría al funcionario a demandas por repetición de pago para exigir la devolución de los fondos al fisco. Diversas voces internas de la Enacom calificaron la maniobra como una simulación de despido o fraude coordinado, argumentando que correspondía tramitar un traslado o presentar la renuncia, lo cual habría impedido el cobro de la indemnización millonaria.
El desembarco de Neira generó indignación dentro del INTA, organismo que se encuentra atravesando un proceso de reestructuración y reducción de personal. Apenas unos meses antes, el 30 de abril de 2026, el propio Consejo Directivo del INTA había aprobado la Resolución 144/2026 para establecer un Sistema de Retiro Voluntario con prohibición de reingreso al Sector Público Nacional por cinco años. Paradójicamente, la elaboración de dicho programa estuvo a cargo de la Dirección General de Administración (DGA), la misma área que promovió la incorporación de Neira.
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La designación transitoria del funcionario por 180 días fue formalizada el 3 de septiembre de 2026 mediante la Resolución 296/2026, con efecto retroactivo al 1° de agosto, por el Consejo Directivo encabezado por el presidente del instituto, Nicolás Bronzovich. No obstante, consejeros del organismo confirmaron que, si bien se les presentó el currículum de Neira con su trayectoria profesional (quien ingresó al Estado en 2011 y pasó por la antigua CNC y AFTIC), se les omitió información clave: no se les notificó que venía desvinculado con una indemnización de casi $110 millones ni las circunstancias reales de su baja.
Tras tomar conocimiento del caso a través de investigaciones periodísticas, integrantes del Consejo Directivo informaron que la aprobación de la incorporación será revisada junto al área de asuntos jurídicos para determinar las medidas a adoptar y definir si la designación será dada de baja.
Fuente: Tiempo de San Juan
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