Temporada de cisnes negros en el peronismo cordobés
Otra vez el estupor por delitos atroces contra menores termina poniendo el foco sobre el empleo político que genera el peronismo. Si se suman los otros "cisnes negros" de los últimos tres años se observa una bandada.

Hace casi 20 años, el ensayista Nassim Taleb popularizó el concepto de "cisne negro" para describir el alto impacto de lo improbable en la economía, las finanzas o la política.
El fenómeno tiene tres características. Es inesperado, tiene consecuencias extraordinarias porque modifica una situación económica o política y, cuando se analiza después de sucedido, aparecen explicaciones que hacen parecer que era evidente que eso iba a pasar.
Hay temporada de cisnes negros en el peronismo cordobés. Otro caso aberrante de abuso sexual de adolescentes termina detonando en el seno del oficialismo.
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Entonces se hace evidente que el descontrol y la falta de transparencia en el empleo público generan las condiciones propicias para que se cuelen personajes como el presunto femicida de Agustina Vega, Claudio Barrelier. O como José Villarreal, detenido junto con otros 11 hombres por abusar de nenas de 11 a 14 años en Villa de María del Río Seco mientras era asesor del legislador provincial oficialista Ramón Flores.
Dos casos estremecedores en menos de tres meses, con víctimas de la misma edad y presuntos victimarios ubicados en el Estado por favores políticos.
Luego vino la respuesta mínima imprescindible de la política. El exconcejal Ricardo Moreno –quien admitió que había recomendado a Barrelier para que fuera becario– fue desalojado de su banca. El legislador Flores tomó licencia la semana pasada en la Legislatura cuando se conoció que la Justicia tiene indicios de que algunos de esos abusos se produjeron en el campo de su propiedad, donde se desempeñaba el "asesor" Villarreal.
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De inmediato se conoció que el mismo peón rural había sido denunciado en el pasado por un hecho similar contra una niña a su cuidado y que la denuncia fue cajoneada (Barrelier también tenía un antecedente previo, revelador y obviado). Y además se supo que otro asesor de Flores en el norte provincial tenía una condena previa e igualmente cobra sueldo en la Legislatura.
En el Panal descuentan que habrá más detenciones y crece el estupor: la gravedad de ese caso de abuso de menores es extrema y todo indica que la investigación está en sus comienzos. Llaryora ordenó dar todo el apoyo operativo en la investigación a la fiscal de Deán Funes, Analía Cepede. La oposición no cuestiona el trabajo de la instrucción y la Senaf actúa para asistir a esas tres adolescentes.
En sus 27 años de historia, el oficialismo provincial tuvo numerosos cisnes negros. Pero en los últimos tres años fueron bandadas: Llaryora asumió con el escándalo que el Servicio Penitenciario arrastraba de años y le siguió la imputación por lesiones leves del entonces ministro de Cooperativas, Martín Gill, quien recién tomó licencia tras el pedido de elevación a juicio de esa causa por violencia de género.
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Más tarde, el dirigente peronista Guillermo Kraisman fue demorado por robar fiambre en un supermercado, y luego detenido por intentar cobrar el sueldo de una empleada fantasma de la Legislatura.
Ese escándalo dejó en evidencia que el Poder Legislativo daba guarida a un millar de contratados –entre ellos, decenas de exintendentes– que dependen de cada legislador o de cada bloque, sin que nadie explicara jamás el criterio de necesidad o la naturaleza de la tarea que desempeñan. Nada cambió desde entonces.
En el medio, también terminaron presos el subjefe de la Policía, Alejandro Mercado, y el jefe de la Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán. El llaryorismo alega que en ningún caso el Gobierno intentó ocultar ni impedir las investigaciones y retruca con ese argumento las acusaciones opositoras de búsqueda de impunidad. Uno de los exdirigentes fuertes de la provincia, Oscar González, sometido a juicio en Traslasierra, es otro elemento que se ofrece como prueba de que el sistema institucional hoy funciona.
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El argumento encuentra rápidamente sus límites políticos. Es obvio que el Gobierno no debe proteger a quienes delinquen desde el Estado. Pero además debería impedir que ingresen personas con antecedentes, sobre todo si además no tienen función productiva alguna o directamente son ñoquis.
El intendente capitalino, Daniel Passerini, asegura que inició esa depuración entre los miles de monotributistas, becarios y chalecos celestes. Si el Panal y la Unicameral no lo hacen, los cisnes negros pueden volverse cada vez más frecuentes. Y si siempre son inconvenientes, en los nueve meses previos a la elección provincial pueden ser determinantes. A esta altura, es el frente que más preocupa en el Panal.
Un oficialismo que intenta controlarlo todo –incluso cómo se agruparán sus opositores y cuánto respaldo político tendrán– descuida el frente más elemental. También aquel en que más pesan las siete gestiones que va completando.
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El cisne negro que llegó desde un submundo del norte cordobés impactó en una escena política que el oficialismo parecía haber ordenado por varias razones.
La inmejorable sintonía con el Gobierno nacional, el envío de un anticipo de coparticipación contundente, el reacomodamiento del gabinete provincial y la fuerte acelerada que muestran las obras públicas en marcha, tanto en Capital como en el interior, son parte del presente de la gestión, que además encontró en la visita papal un motivo para desplegar sus mejores atributos, apenas seis meses antes de la fecha más probable de la elección provincial.
La oposición fue mucho más cauta que en otras oportunidades ante el escándalo de los asesores de Flores. En parte porque asesores tienen todos, en parte porque también se impone el 2027 para todos, y Gabriel Bornoroni, que cada vez con mayor claridad se despliega como candidato de La Libertad Avanza, hace un culto a la moderación y evita los golpes bajos.
El llaryorismo retribuye con notable ausencia de críticas explícitas a Milei. Alejandra Vigo votará en contra de la eliminación de la zona fría en el Senado, pero fueron mínimas las críticas del Panal al intercambio de favores de la Nación con los gobernadores del norte, que tendrán un descuento mínimo de electridad en primavera y verano a cambio de votar la ley que dejará sin subsidios por zona fría a 3,3 millones de usuarios en las provincias del centro del país.
Es otra característica del momento que suma inquietud al sector de Luis Juez. El senador negó versiones de que se hubiera bajado de la candidatura, y desde su entorno también niegan taxativamente que piense en ser candidato a intendente de la ciudad de Córdoba. La desconfianza que le genera el entendimiento Llaryora-Milei no la niega nadie.
Más complejo aún es el escenario en la UCR. Nadie termina de creer que la inverosímil interna que organiza se lleve a cabo, pero el proceso avanza. Es obvio el interés del Panal en que siga, y también está claro que se define en esta pulseada tanto la relación con Milei como la relación –casi siempre oculta– con Llaryora. Ese es el presente del radicalismo.
Si a este panorama se sumaba la "foto horrible" del presente económico admitida por el propio Presidente, las expectativas del Panal crecían con fuerza, hasta que apareció el último cisne negro. Que puede no ser el último.
Fuente: La Voz
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