Tenía 164 mil imágenes de abuso sexual infantil y pasará cuatro años de prisión en su casa
El acusado tiene 72 años y fue descubierto hace un año por una organización de cuidado infantil. Lleva 10 meses en la cárcel y de homologarse el acuerdo, saldrá de allí para pasar la condena en una vivienda particular.
Leve por donde se la mire parece la condena que recibió un hombre de 72 años que tenía en su poder 164.000 imágenes y videos de abuso y explotación sexual infantil, muchos de ellos con víctimas menores de 13 años, y que pasará sus próximos cuatro años en prisión domiciliaria.
Así lo determinó un juicio abreviado al que se llegó entre el acusado y la Fiscalía, aunque la encargada de la acusación, Antonella Córdoba, dejó de manifiesto que no estaba de acuerdo con que la pena se cumpla en una casa particular y no en el Servicio Penitenciario Provincial. De todos modos, la jueza, María del Valle Durán, tiene 10 días para homologar el pacto.
El acusado es Eduardo Luis Bonilla, un hombre que fue detenido hace 10 meses en su casa del barrio 123 Viviendas tras el alerta de una organización internacional que procura defender los derechos de la infancia y que detectó, hace exactamente un año, que se habían bajado a la computadora del sospechoso 2.500 archivos digitales con posible material de abusos sexual infantil. Casi 400, se supo después, tenían contenidos prohibidos.
Los delitos que le imputaron al acusado fueron tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.
El allanamiento que terminó con la detención de Bonila ocurrió el 26 de agosto del año pasado y allí, además de quedar detenido, secuestraron los dispositivos en los que entre enero y abril de 2025 había descargado una gran cantidad de archivos.
El Departamento de Delitos Complejos del Poder Judicial elaboró un informe pericial final, fechado el 15 de diciembre de 2025, en el que dio detalles del material encontrado y fue la clave para la condena. Una notebook, un disco rígido y un pendrive fueron analizados por los peritos que encontraron varias técnicas para mantener el anonimato o impedir el trabajo de los investigadores, lo que determinó que el dueño tenía conocimientos sobre encriptación de archivos.
De hecho, el acusado reconoció los hechos y admitió tanto su responsabilidad como la calificación legal y la pena impuesta por la Fiscalía y dijo que cumplirá la pena en una casa de la avenida Lafinur.
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Fuente: El Diario de la República
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