Tensiones en el Congreso: el Gobierno busca destrabar el Presupuesto y Soberanía Nacional en medio de reclamos por discapacidad

Debate parlamentario

El oficialismo intenta acelerar dictámenes para Soberanía Nacional y morosidad familiar antes del debate de la "ley de leyes"

El Congreso de la Nación ingresó en una fase de alta fricción parlamentaria luego de que el Poder Ejecutivo remitiera los proyectos de Presupuesto 2027 y Defensa de la Soberanía Nacional, dos iniciativas clave que enfrentan fuertes cuestionamientos por parte de los bloques de la oposición firme y de los sectores "dialoguistas". La Casa Rosada busca ordenar su tropa para evitar nuevos traspiés legislativos en una agenda marcada por las discusiones sobre la emergencia en discapacidad y las medidas de alivio al endeudamiento familiar.

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Respecto del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apura la asignación de giros a comisiones con el objetivo de firmar dictamen antes del miércoles 7 de octubre, fecha en la que la Comisión de Presupuesto y Hacienda —presidida por Bertie Benegas Lynch— iniciará formalmente el tratamiento del Presupuesto 2027. Sin embargo, diversos bloques opositores advirtieron que, bajo el argumento de establecer sanciones económicas a empresas que exploten de forma ilegal recursos en las Islas Malvinas, el texto oficial pretende reestructurar el sistema de seguridad e inteligencia nacional e incorporar normativas que podrían derivar en restricciones a la libertad de opinión.

El frente más crítico para La Libertad Avanza se concentra en el sistema de protección a la discapacidad. Luego del emplazamiento de comisiones impulsado por la oposición el pasado 9 de septiembre, el oficialismo prometió trabajar en un "proyecto superador" junto a sus aliados. No obstante, las negociaciones sufrieron un severo estancamiento al constatarse que el propio texto del Presupuesto enviado por la Casa Rosada desarticulaba los mecanismos de actualización arancelaria para prestadores y modificaba los parámetros de las pensiones no contributivas. Ante este escenario, la conducción parlamentaria oficialista intenta hilvanar una propuesta que contemple incrementos bimestrales en las prestaciones y un endurecimiento de los requisitos de acceso a los beneficios.

Pese a los esfuerzos de la Casa Rosada por amortiguar el impacto político, representantes de espacios opositores como Provincias Unidas y Argentina Federal descartaron la existencia de un preacuerdo e informaron que avanzan en la redacción de dictámenes propios. En paralelo, para el debate sobre morosidad familiar, el oficialismo busca desestimar las regulaciones de tasas que impulsa la oposición, promoviendo en su lugar un esquema centrado en campañas de educación financiera, herramientas de doble autenticación para contrataciones y advertencias operativas a los usuarios del sistema financiero.

Fuente: El Esquiú

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