Tierra y hábitat: cuatro planteos llegaron al Concejo Deliberante

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EL DIARIO digital

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La Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra (UTT), junto con SITRASAP y otras organizaciones, llevó al Concejo Deliberante de Santa Rosa una serie de propuestas vinculadas con el acceso a la tierra, el hábitat y el desarrollo urbano. Las presentaciones fueron impulsadas por Iñaki Esponda Fernández y otros dirigentes sociales y quedaron incorporadas al temario legislativo como cuatro asuntos particulares.

Los planteos ingresaron el pasado jueves para que lo traten en comisiones del Concejo Deliberante. Tienen un eje común: fortalecer la intervención del Estado municipal en la planificación del territorio y ampliar la información pública disponible sobre la propiedad de la tierra. También buscan que el Concejo tome posición frente a iniciativas nacionales que, según las organizaciones, podrían restringir herramientas estatales para intervenir sobre el suelo.

Una de las notas solicita que el cuerpo deliberativo impulse mecanismos para conocer y hacer pública la información sobre inmuebles ubicados dentro del ejido de Santa Rosa que estén en manos de personas humanas o jurídicas extranjeras.

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El pedido se enmarca en la Jornada Federal "Argentina no está en venta", impulsada por la UTT y el Observatorio de Tierras junto con organizaciones sociales, ambientales y académicas.

Según la documentación acompañada, Santa Rosa registra alrededor del 1% de su superficie en manos extranjeras. El anexo incorporado a la presentación precisa una superficie total de 249.761,03 hectáreas y 2.274,34 hectáreas extranjerizadas, equivalente al 0,91%.

Las organizaciones pidieron que, si no existen registros municipales sistematizados con ese grado de detalle, se realicen gestiones ante otros organismos para avanzar en la producción, actualización y publicación periódica de esos datos.

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El objetivo, plantearon, es que la información sea accesible y sirva para investigaciones, diagnósticos urbanos y elaboración de políticas públicas relacionadas con el ordenamiento territorial, la planificación ambiental y el desarrollo urbano.

Rechazo a una ley nacional

Otra de las notas reclama que el Concejo Deliberante se pronuncie en rechazo al proyecto denominado "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada".

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Los firmantes sostuvieron que una eventual aprobación significaría un retroceso en materia de acceso democrático al suelo, ordenamiento territorial y capacidad de intervención del Estado.

Entre los puntos cuestionados mencionaron la eliminación de límites para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros y mecanismos que, según el documento, podrían agilizar desalojos y debilitar garantías de comunidades campesinas, pueblos originarios, pequeños productores, familias que trabajan la tierra e inquilinos e inquilinas.

También advirtieron sobre eventuales efectos en áreas consideradas estratégicas, como zonas de frontera, fuentes de agua y otros bienes comunes.

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El planteo sostiene que la discusión no corresponde únicamente al Congreso Nacional y que los municipios también tienen responsabilidades directas en materia de suelo, planificación urbana, regularización dominial, infraestructura y producción de hábitat.

Por ese motivo, pidieron que el Concejo santarroseño exprese una posición institucional y se sume a las manifestaciones realizadas en el marco de la jornada "Argentina no está en venta".

Banco de Tierras y una empresa municipal

Las organizaciones también presentaron propuestas destinadas a modificar herramientas municipales vinculadas con el acceso al suelo.

Uno de los ejes apunta a cambios en las ordenanzas Nº 6361/2020 y Nº 5665/2017, relacionadas con el Banco Municipal de Tierras.

La propuesta sobre la Ordenanza Nº 6361/2020 plantea incrementar los porcentajes de cesión de suelo correspondientes a nuevos loteos privados. El objetivo sería aumentar la disponibilidad de tierras públicas destinadas a políticas habitacionales, proyectos sociales, equipamiento comunitario y planificación urbana.

En tanto, para la Ordenanza Nº 5665/2017 se propone ampliar el universo de posibles beneficiarios del Banco Municipal de Tierras e incorporar expresamente a cooperativas, sindicatos y organizaciones sociales.

Además, se plantea crear una Empresa Municipal de Desarrollo Urbano como instrumento para que el Estado local pueda promover, planificar, gestionar y ejecutar políticas vinculadas con suelo, vivienda y hábitat.

Entre las funciones mencionadas aparecen la realización de proyectos urbanos, obras de infraestructura y urbanización, desarrollo de loteos sociales, administración de inmuebles destinados a proyectos de interés público y generación de nuevas alternativas de suelo accesible.

La propuesta apunta especialmente a trabajadores y trabajadoras, jóvenes, familias de ingresos medios y bajos y otros sectores que enfrentan dificultades para ingresar al mercado inmobiliario formal.

Reclamo por una mesa de diálogo

La cuarta presentación busca darle continuidad institucional a esos planteos.

Esponda Fernández y Funes solicitaron una reunión con representantes del Concejo Deliberante para analizar las distintas propuestas y avanzar en una agenda de trabajo.

En el escrito recordaron que el 16 de junio la UTT, Futuro en Común y la Intersindical ya habían presentado iniciativas relacionadas con las ordenanzas del Banco Municipal de Tierras y con la creación de una empresa pública de desarrollo urbano.

Ahora solicitaron que el Concejo tome conocimiento formal de los proyectos y genere un ámbito de diálogo con las organizaciones impulsoras.

Las cuatro presentaciones insisten en una misma idea: ampliar las herramientas con las que cuenta el municipio para intervenir sobre el territorio y abrir una discusión sobre el acceso al suelo y la vivienda.

"Las propuestas presentadas buscan aportar herramientas concretas para fortalecer las políticas municipales de suelo y hábitat", expresaron en uno de los documentos, en el que remarcaron la necesidad de políticas públicas sostenidas, planificación territorial y participación de las instituciones locales.

El paquete de pedidos quedó ahora en manos del Concejo Deliberante, que deberá definir el tratamiento de cada una de las iniciativas y si abre una instancia específica de discusión con las organizaciones.

Fuente: El Diario de La Pampa

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