Tierras indígenas: cuál es hoy la situación de las comunidades mbya

Con el propósito de reconocer jurídicamente el derecho de los pueblos indígenas a permanecer en las tierras que ocupan desde hace años, en 2006 se sancionó la Ley 26.160, que ordenó realizar un relevamiento territorial para conocer la situación de las comunidades del país y prohibió los desalojos durante los tres años previstos para completar ese proceso.

Después de 18 años de sucesivas prórrogas y de varios gobiernos que no lograron concluir dicho relevamiento, en 2024 el Gobierno de Javier Milei derogó la última extensión vigente, aunque permitió que las tareas continuaran hasta 2025.

Días atrás, el juez de Instrucción de Jardín América, Ricardo Sena, ordenó el primer desalojo de una comunidad guaraní. Por disposición judicial, la Policía de Misiones desalojó de sus viviendas a siete familias de la comunidad Puente Quemado II y procedió al desmantelamiento de las precarias construcciones ante la mirada aterrada de sus ocupantes. ¿Será ese el desenlace de la promesa olvidada del Estado argentino, aquella que sostenía que, una vez concluido el relevamiento nacional, se iniciaría finalmente el proceso de titularización de las tierras que ocupan?

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Misiones comenzó en 2008 el relevamiento territorial de las comunidades guaraníes. De las 127 que debía registrar -hoy son más de 138- logró relevar 110. No obstante, según confirmó a PRIMERA EDICIÓN Lautaro Sosa, quien estuvo a cargo del registro hasta 2025, "si bien logramos avanzar con el relevamiento, creo que quedaron sin relevar menos de 16 comunidades. Desconozco si el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas avanzó con la entrega de las carpetas técnicas".

De todos modos, que una comunidad guaraní haya sido incluida en el relevamiento territorial -tenga o no carpeta técnica- no equivale a que sea titular de las tierras.

Consultado sobre cuántas comunidades cuentan con carpeta técnica, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, confirmó que solamente 50 llegaron a esa instancia. Es decir, el INAI no dio curso a más de 60 relevamientos realizados por el Ministerio del Agro.

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El director de Asuntos Guaraníes confirmó que no llegaron a relevarse las 127 comunidades guaraníes. "Hoy, solo 50 comunidades tienen carpeta técnica avalada por el INAI y, de esas, 15 ya cuentan con título de propiedad", detalló.

Según indicó, cuando el Gobierno de Milei derogó la Ley 26.160, "nosotros informamos a la Nación sobre la situación de las 50 comunidades con carpeta técnica, de las cuales 15 ya tenían título de propiedad, y comenzamos a trabajar en forma conjunta para avanzar con las 35 restantes. Le ofrecimos a la Nación implementar nuestro procedimiento provincial y que el Gobierno nacional financie a los agrimensores, porque representan un costo muy alto. Con eso podríamos desarrollar un proceso concreto para las comunidades, tanto para aquellas que quedaron sin carpeta como para las que ya cuentan con ella".

"No buscamos eludir ninguna responsabilidad, sino asumir que se trata de una responsabilidad compartida", remarcó. Además, anticipó que el convenio destinado a avanzar con la titularización de las tierras está próximo a firmarse.

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El funcionario admitió que "si hoy el Estado provincial y el Estado nacional firman un convenio para volver a relevar, no estaremos cumpliendo con lo que realmente están pidiendo las comunidades, que es el título".

No obstante, consideró que "existe una confusión por parte de los guaraníes, pues si bien la Ley 26.160 representó un reconocimiento muy importante, algunas comunidades sienten o interpretan que el relevamiento equivale a un título y, lamentablemente, no es así".

Lo cierto es que, en la actualidad, coexisten tres situaciones: 50 comunidades cuentan con relevamiento y carpeta técnica; otras 60 fueron relevadas, pero sus carpetas no fueron aprobadas por el INAI; y 17 ni siquiera llegaron a ser relevadas.

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Por el momento, según confirmó el titular de Asuntos Guaraníes, trabajan para obtener el título de propiedad de las 35 comunidades que tienen carpeta técnica y todavía no regularizaron la situación de sus tierras. Aún no existe un plan de acción para las 60 comunidades que fueron relevadas, pero cuyas carpetas quedaron sin aprobar en el INAI, ni para las 17 que nunca recibieron la visita de los relevadores. Paradójicamente, Puente Quemado II, la comunidad desalojada, es una de las que cuentan con carpeta técnica.

Respecto del caso de Puente Quemado II, el titular de Asuntos Guaraníes precisó que ese organismo y el Ministerio de Derechos Humanos ya habían intervenido en el conflicto a principios de julio y acordado una mesa de mediación entre las partes para el 31 de ese mes, por lo que la orden de desalojo no contribuyó al proceso.

Confirmó, además, que "tomamos conocimiento del desalojo a través del cacique, puesto que no fuimos notificados por el juez de Instrucción de Jardín América, Ricardo Sena, ni antes ni después del procedimiento". Agregó que "hace un mes pedimos tener vista de las actuaciones del expediente y no nos la otorgaron".

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No obstante, para el funcionario son muy bajas las probabilidades de que otro juez ordene un desalojo de estas características, "porque hay otros magistrados con los que mantenemos mucho diálogo. Nos consultan, nos remiten oficios y se reúnen con nosotros".

Recordó que, incluso durante los años posteriores a la sanción de la Ley 26.160, ante situaciones de conflicto se buscaron soluciones mediante mesas de diálogo. "Siempre buscamos soluciones a través del consenso y del diálogo, para reducir los niveles de conflictividad y alcanzar acuerdos. Hemos llevado adelante mesas durante seis y hasta siete meses. Convocamos a las instituciones y a las comunidades, escuchamos las distintas voces, detectamos los problemas y buscamos una solución. Es lo que estamos por hacer ahora también. Pero cuando una medida judicial se anticipa y se concreta un desalojo, la situación se complica", concluyó.

Este viernes, en el marco del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), el Ministerio de Derechos Humanos, junto con la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, llevó adelante una nueva mesa de diálogo con el cacique Santiago Ramos y miembros de la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II.

La reunión se desarrolló en continuidad con un proceso de trabajo de larga data que ambos organismos vienen impulsando en articulación con las distintas instituciones.

Esta instancia de diálogo tuvo como objetivo continuar construyendo acuerdos y avanzar en respuestas concretas a las necesidades planteadas por la comunidad. Participaron integrantes de la comunidad Puente Quemado II, miembros de otras comunidades, representantes del Consejo de Caciques, del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de Arauco Argentina SA, de la Municipalidad de Garuhapé y del Centro Judicial de Mediación (CeJuMe). La reunión fue encabezada por la ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre, y el director provincial de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez.

Como resultado del encuentro, las partes suscribieron un acta en la que se establecieron acciones concretas para garantizar el acceso al agua de las 14 familias que integran la comunidad. En ese marco, Arauco Argentina SA, en articulación con la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, llevará adelante la perforación de un pozo de agua.

En tanto, Asuntos Guaraníes y la Municipalidad de Garuhapé avanzarán en la instalación de paneles solares que permitirán el funcionamiento de las bombas de extracción, garantizando un sistema de abastecimiento de agua seguro y sostenible y, además, proveerán energía eléctrica a toda la comunidad, mejorando las condiciones de vida de las familias que la integran.

Las acciones acordadas cuentan con un cronograma de ejecución y serán objeto de seguimiento conjunto por las instituciones participantes para asegurar su implementación.

Asimismo, se acordó convocar a una nueva reunión para el 7 de agosto para abordar la situación derivada del desalojo de familias de la comunidad Puente Quemado II. A dicha mesa de trabajo serán convocados representantes de la Policía de Misiones, del Ministerio de Gobierno, del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de la Municipalidad de Garuhapé, de la parte propietaria del inmueble, del Consejo de Caciques, caciques de otras comunidades y un intérprete para facilitar la comunicación.

Fuente: Primera Edición

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