Tini Stoessel contra su padre: qué delitos le atribuyen y cuáles son las penas que podría tener

De confirmarse las irregularidades expuestas por la auditoría, Alejandro Stoessel podría enfrentar acusaciones por administración fraudulenta, defraudación y delitos tributarios, con penas de ejecución efectiva. Los detalles.

Por Redacción26 de agosto de 20262 min de lectura

Tini Stoessel contra su padre: qué delitos le atribuyen y cuáles son las penas que podría tener · Foto: Río Negro

Por Redacción

Tini Stoessel rompió el vínculo con su padre y exige una auditoría por sus ganancias.

Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, negocian la reorganización del patrimonio generado durante más de 15 años de carrera artística. La medida trascendió luego de que una auditoría privada revelara que la cantante de 29 años carece de participación accionaria y de control sobre las sociedades que canalizan los ingresos de su música, su imagen y sus contratos comerciales, según confirmaron sus abogados a Infobae.

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En Infobae en Vivo, el abogado penalista Leonardo Sigal analizó las implicancias jurídicas en caso de que la auditoría derivara en una denuncia formal. El letrado recordó que el Código Civil establece que la potestad de los padres para firmar contratos en representación de sus hijos menores se extingue a los 18 años. En el caso de la cantante, su padre ocupó ese rol desde el inicio por su trayectoria como productor televisivo.

Sigal aclaró que la conformación de sociedades a nombre del padre para resguardar bienes no constituye una irregularidad por sí misma. Sin embargo, advirtió sobre las conclusiones de la pericia contable: "Si del resultado de esa pericia resulta que hay un detrimento patrimonial por parte del padre hacia ella, ahí entraría a jugar el artículo 172, 173".

Esos artículos del Código Penal tipifican los delitos de administración fraudulenta y defraudación. A su vez, el letrado mencionó una tercera arista vinculada al encuadre impositivo de las sociedades y la posible existencia de un perjuicio hacia el Estado.

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Respecto del avance judicial, Sigal indicó que la Fiscalía debería ordenar una pericia propia con organismos oficiales. Los delitos de administración fraudulenta y defraudación prevén penas de uno a seis años de prisión. El abogado remarcó que, si se comprueba la existencia de varias maniobras independientes, las penas se aplicarán bajo la figura del concurso real, lo que elevaría el piso del castigo mínimo y podría derivar en una pena de prisión efectiva.