Tragedia de la Alcaidía: los hechos que condujeron a la prescripción

La acusación detalla las actuaciones bajo la lupa y los períodos de inactividad atribuidos a jueces y fiscales.

La investigación administrativa abierta por la Corte de Justicia contra cinco funcionarios judiciales por la causa de la Tragedia de la Alcaidía puso el foco en los períodos de inactividad que atravesó el expediente durante casi diez años. La acusación detalla en 13 hechos, con fechas y actuaciones, las demoras que se les atribuyen a los jueces Marcelo Miguel Forner y Edgardo Jorge Acuña, y a los fiscales Alejandro Dalla Lasta Baroni, Daniela Barrionuevo y Cynthia Romero.

El primer hecho señalado aparece poco después de que la causa llegara al Juzgado Correccional de Primera Nominación. El expediente ingresó el 31 de agosto de 2015 (casi cuatro años después de las muertes) y tres meses después, el 3 de diciembre, se dictó la citación a juicio. Sin embargo, las notificaciones comenzaron recién el 11 de agosto de 2016, ocho meses más tarde.

Ese fue apenas uno de los períodos que ahora están bajo investigación. No fueron diez años de una única demora, sino meses y años de inactividad que se fueron acumulando hasta que el juicio nunca ocurrió.

Después de las primeras notificaciones, la causa se abrió a prueba el 3 de octubre de 2016 y el 24 de noviembre se aceptaron parcialmente las medidas ofrecidas por la Fiscalía y las defensas. Entre ellas había pedidos de informes a distintas dependencias. Los oficios, sin embargo, fueron confeccionados recién el 30 de marzo de 2017 y algunas respuestas terminaron de llegar el 1 de febrero de 2018.

Para esa fecha, según quedó establecido en el expediente, la causa ya estaba en condiciones de fijar audiencia de debate. Pero durante el resto de 2018 y prácticamente todo 2019 no se fijó el juicio. La primera audiencia recién fue dispuesta el 4 de noviembre de 2019 para el 10 de marzo de 2020. Entre el momento en que la causa quedó lista para debate y la fijación de esa primera fecha habían transcurrido un año y nueve meses.

Este tramo está entre los hechos atribuidos al juez Correccional Marcelo Miguel Forner. La Corte investiga una posible omisión en la fijación de la audiencia desde febrero de 2018 y la inactividad registrada hasta noviembre de 2019. También se le atribuyen los ocho meses transcurridos hasta el inicio de las notificaciones y posibles omisiones en el control de la prueba.

La audiencia prevista para marzo de 2020 tampoco se hizo. Fue la primera de siete fechas de debate fijadas entre 2020 y 2023 que terminaron suspendidas. Hubo audiencias previstas para el 10 de marzo de 2020, 6 de agosto de 2021, 16 de marzo, 7 de junio, 25 de julio y 3 de agosto de 2022, y 21 de marzo de 2023. Los pedidos de suspensión provinieron de la Fiscalía, las defensas, la querella y también hubo una suspensión dispuesta de oficio.

Al fiscal Alejandro Dalla Lasta Baroni se le endilga una posible omisión de impulso eficaz del juicio entre febrero de 2018 y septiembre de 2021. En el caso de Daniela Barrionuevo, se investiga su actuación entre noviembre de 2021 y junio de 2022 y la falta de una reprogramación cierta luego de la suspensión del 7 de junio de ese año. A Cynthia Romero se le atribuye la falta de un impulso fiscal sostenido después de las suspensiones de julio de 2022 y marzo de 2023.

En medio de esa secuencia aparece otra demora que quedó individualizada en la investigación. El policía Carlos Daniel Leiva, uno de los cinco imputados, murió el 15 de marzo de 2019. Su fallecimiento fue informado al juzgado en febrero de 2020 y la documentación del Registro Civil ingresó el 4 de marzo de ese año. El sobreseimiento por fallecimiento recién fue dictado el 28 de julio de 2022, más de dos años después.

La última audiencia debía realizarse el 21 de marzo de 2023, pero fue suspendida el 1 de marzo. Desde entonces la causa permaneció sin debate durante todo 2023 y 2024. El 21 de agosto de 2024 la querella pidió que se fijara fecha para evitar la prescripción.

Edgardo Acuña asumió como juez en comisión al día siguiente. Durante ese período, según la reconstrucción incorporada al sumario, se libró un oficio el 30 de septiembre, pero el juicio tampoco fue fijado.

El 19 de marzo de 2025 llegó el planteo de insubsistencia de la acción penal. Ocho meses después, el 28 de noviembre, la Sala Penal hizo lugar al planteo y sobreseyó a los cuatro policías que seguían imputados por vulneración del plazo razonable.

El mismo fallo ordenó investigar la actuación de los funcionarios que habían intervenido en el proceso. Esas demoras, distribuidas a lo largo de casi diez años y ahora reconstruidas en la acusación, son las que dieron origen al sumario administrativo que está en curso.

Entre las demoras que quedaron bajo investigación aparece el caso de Carlos Daniel Leiva, uno de los cinco policías que habían sido enviados a juicio por la muerte de los cuatro adolescentes en la Alcaidía de Menores.

Leiva falleció el 15 de marzo de 2019. Sin embargo, su muerte recién fue comunicada al Juzgado Correccional de Primera Nominación por su familia en febrero de 2020. La documentación del Registro Civil que acreditaba el fallecimiento ingresó al juzgado el 4 de marzo de ese año.

A partir de allí transcurrieron otros dos años y cuatro meses hasta que se resolvió su situación dentro del expediente. El sobreseimiento por fallecimiento fue dictado recién el 28 de julio de 2022 mediante la Sentencia Interlocutoria Nº 23/22.

La demora fue incorporada entre los hechos que ahora investiga la Corte de Justicia. Al juez Marcelo Miguel Forner se le atribuye una posible omisión vinculada con el tiempo transcurrido entre la acreditación del fallecimiento y el dictado del sobreseimiento.

Para entonces, la causa llevaba además más de cuatro años en condiciones de llegar a juicio. Leiva murió sin haber sido juzgado y los otros cuatro policías imputados tampoco llegaron al debate oral.

En noviembre de 2025, la Sala Penal declaró la insubsistencia de la acción penal por vulneración del plazo razonable y sobreseyó a Adrián Mansilla, Luis Alberto Leiva, Juan Carlos Reyes y Adriana Galván. El caso de Carlos Daniel Leiva quedó ahora incorporado a la investigación disciplinaria como otro de los períodos de demora que atravesó el expediente.